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Víctor Valladares, el letrado que ha llevado ante la Justicia al Gobierno y al Presidente por la gestión de la crisis del coronavirus y por no prohibir concentraciones como las del 8M, ha sido condenado y sancionado por quedarse con el dinero de algunos de sus clientes sin llevar a cabo el trabajo para el que le habían contratado o no dar cuenta de él. Según documentación y testimonios a los que ha tenido acceso la Ser, el Colegio de Abogados de Madrid le sancionó en dos ocasiones y un juzgado le condenó a devolver el dinero a una clienta en 2018, estando a la espera de otro juicio en Madrid este mes de junio.
"Su denuncia presentada en Madrid ha propiciado la apertura de una causa por un juzgado que investiga si José Manuel Franco, Delegado del Gobierno en Madrid, prevaricó o cometió otro delito al permitir grandes concentraciones como las del 8M a pesar de lo que ya entonces decían algunos informes sobre el riesgo de propagación del coronavirus. El letrado, además, ha presentado también una denuncia contra Pedro Sánchez en el Tribunal Supremo y anuncia la creación de una asociación con más de 7.000 personas contactando ya con él para sumarse".
En conversación con la Cadena SER en el día de ayer "Valladares negó ir a pedir ningún dinero a la gente que se sume a sus acciones contra el Gobierno y reconoció la existencia de estos procedimientos judiciales aunque negando los hechos, alegando que había ganado todos los juicios a los que se había enfrentado y denunciando una campaña contra él en las redes sociales. Uno de estos casos fue sentenciado en junio de 2018 por el juzgado 87 de Madrid: fue condenado a indemnizar a una mujer con 1.300 euros por no haber interpuesto acciones legales en una demanda de derecho al honor por el que le había pagado. Él "de forma consciente, mediante ocultación de la falta de presentación de la demanda, retención voluntariamente consciente de la documentación que había recibido de la cliente y que además estaba obligado a devolver, fingiendo la existencia de un procedimiento abierto y un acuerdo inexistente, creó una apariencia jurídica eficaz de que venía siguiendo las instrucciones de su cliente y comitente, cuando en realidad no lo había realizado".
MÁS DE UNA DECENA DE PERSONAS EXPLICAN SU EXPERIENCIA CON ESTE LETRADO
Según afirma la Ser, más de una decena de personas han contactado con la Cadena en los últimos días para explicar su experiencia con este letrado que, según las bases de datos del Consejo General del Poder Judicial, ha ejercido durante años y su nombre aparece en diversas sentencias como letrado pero que en este momento no figurani en las bases del Consejo General de la Abogacía Española ni en el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Asociaciones del ámbito de la protección animal, como Justicia Animal o Animal Rescue aseguran haber pasado por lo mismo pero especificando que no llegaron a denunciarle.
Otro de los testimonios recabados por la SER es el de Ana Rosa Castro, que encomendó a Valladares el intento de encontrar y retornar a su hija desde Argelia donde permanece con su padre. El ICAM terminó imponiéndole una sanción de quince días en enero de 2018 por infringir las normas deontológicas ya que "no consta que el letrado haya informado sobre el estado en que se encuentra el asunto encomendado".
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