DCLM.ES · Castilla-La Mancha · La Ventana de CLM
La Red de Investigación Bólidos y Meteoritos (SPMN) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha descartado que el "bólido artificial" detectado anoche sobre el este de la Península Ibérica se trate de un misil balístico como se barajó en un primer momento, apuntando a que fue producido por la reentrada de un objeto artificial en órbita terrestre.
Según un comunicado, el SPMN ha tomado esta decisión después de que un equipo de investigadores del ICE-CSIC haya analizado con detalle las imágenes y mediciones tomadas del bólido.
"Los datos preliminares obtenidos hasta el momento nos hacen decantarnos porque el bólido fuese producido por la reentrada de un objeto artificial en órbita terrestre", como podrían ser satélites o restos de cohetes espaciales, ha indicado el astrofísico del ICE y coordinador de la SPMN, Josep María Trigo. "Las reentradas son cada vez más frecuentes", ha apuntado el investigador.
"Medidas precisas de la velocidad del objeto durante la ablación en la atmósfera nos permitirán dilucidar su naturaleza concreta y, particularmente, si pudiese tratarse de un bólido rozador más inusual", ha añadido Trigo.
El bólido sobrevoló anoche el este peninsular hasta perderse en el mar Mediterráneo, según indicó esta mañana la SPMN. El bólido, denominado por el ICE-CSIC como "SPMN290324ART", sobrevoló el espacio español a las 23:59 horas y fue grabado y fotografiado por numerosos aficionados a la astronomía.
Según indica el CSIC en su página web, este bólido artificial se ha registrado en las estaciones de vídeo detección del Pic Bartolo y Benicàssim (Vicent Ibàñez), Blesa-Teruel (Miguel Aznar), Breda (David Molner), Corbera de Llobregat (Carlos Alcaraz), Esparreguera (Jordi Gil), Folgueroles (Pep Pujols/AAO y Josep M. Trigo/CSIC-IEEC), Sant Celoni (David Molner), Sant Fost de Campsentelles (Lina Aguasca) y Sant Mateu (Cèsar Guasch).
Por lo que el rango de observación ha sido Aragón, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunitat Valenciana, Euskadi, La Rioja y Navarra.
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Defensa, ha aclarado este sábado que no contempla que Mahón (Menorca) se convierta en base naval de la Alianza Atlántica (OTAN).
En un comunicado, el Ministerio de Defensa ha informado que "no existe previsión alguna de que el territorio balear asuma ser base naval de la organización, más allá de su papel actual como puerto puntual de escala para las flotas permanentes de la Alianza".
Defensa ha salido de este modo al paso de las informaciones que apuntaban a que Mahón sería la tercera base naval de la OTAN en España, junto a Rota y Cartagena.
El comunicado se ha producido asimismo tras las críticas de partidos de izquierdas --Més per Menorca, Podemos y Esquerra de Menorca-- a tenor de que la estación naval de Mahón sea una de las bases españolas que participan en la 'Operación Sea Guardian' de la OTAN, enfocada en el conocimiento del entorno marítimo para disuadir y luchar contra el terrorismo, así como mitigar el resto de amenazas.
La de Menorca es una de las múltiples capacidades que España oferta habitualmente a la OTAN. En este sentido, hay que recordar que, en este puerto es común que recalen buques de la Alianza.
Durante los siete días que ha durado la campaña de uso del cinturón y de los SRI de la Dirección General de Tráfico, entre el 11 y 17 de marzo, han detectado a 5.841 personas que viajaban sin ningún dispositivo de seguridad de los cuales 5.524 han sido sancionados por no utilizar el cinturón de seguridad.
En concreto, según ha informado la Dirección General de Tráfico, 5.524 adultos han sido sancionados por no utilizar el cinturón de seguridad, una cifra que se ha visto ligeramente incrementada con respecto a la anterior edición de esta campaña y que supone que 3.043 conductores, 1.270 pasajeros de los asientos delanteros y 1.211 de los traseros no viajaban debidamente protegidos en sus vehículos en caso de haber sufrido un siniestro de tráfico.
En cuanto a los sistemas de retención infantil, obligatorios para menores con una altura igual o inferior a los 135 cm, los agentes detectaron a 317 que viajaban sin hacer uso de este dispositivo de seguridad o que lo hacía de manera incorrecta, 245 en los asientos traseros y 72 en los delanteros.
Tal y como remarca el Ministerio en un comunicado, el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil se encuentran entre las medidas más eficaces para proteger a las personas ocupantes de vehículos motorizados.
Indica, además, que en lo que llevamos de año, de los 130 fallecidos de los que ya se conoce si hacían o no uso de algún dispositivo de seguridad, 40 de ellos no lo llevaba puesto en el momento del accidente (33%).
Los resultados de este seguimiento constatan, destaca el Ministerio, "una realidad, y es que todavía hay un sector de la población que sigue sin utilizar dicho dispositivo, pese a las ventajas que aporta y que en caso de siniestro puede determinar la vida o la muerte de una persona".
EL 76% CIRCULABAN POR CARRETERAS CONVENCIONALES
En estos siete días se han controlado un total de 416.926 vehículos entre turismos, taxis, vehículos de mercancías y autobuses, un 4% más que los vehículos controlados en la anterior campaña y a los que se han formulado 5.841 denuncias a conductores y pasajeros por no hacer uso del reglamentario sistema de retención.
El 76% de todas las denuncias fueron puestas en carreteras convencionales, "un hecho preocupante", califica el Ministerio, si se tiene en cuenta que estas vías siguen siendo las más peligrosas al ser donde mayor número de víctimas mortales se registran y donde conviene, aún más, extremar las precauciones.
El secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, ha advertido de que el Gobierno federal examinará si alguna de las empresas involucradas en el barco portacontenedores que se estrelló el lunes contra el puente de Baltimore es de alguna manera responsable de este siniestro, que provocó el derrumbe de la estructura y la muerte de seis personas.
"Será claro: si alguna parte privada es responsable de esto, rendirá cuentas", ha subrayado Buttigieg en declaraciones a la cadena CNN, en las que también ha aclarado que las autoridades no "esperarán" en cualquier caso a dirimir posibles culpas para "ponerse a trabajar".
Las autoridades locales han confirmado que el barco alertó poco antes de estrellarse contra el pilar de que había perdido potencia y las imágenes muestran un repentino desvío de la ruta inicial. Por su parte, las de Singapur han afirmado este miércoles que el carguero superó en 2023 dos inspecciones de seguridad.
La junta de seguridad para el transporte tiene previsto comenzar a interrogar a la tripulación del barco, así como a los testigos que presenciaron el derrumbe y al personal de los servicios de emergencia que intervino en los instantes posteriores al accidente.
El gobernador de Maryland, Wes Moore, también ha prometido ante los medios una "investigación completa" sobre la tragedia, ya que por el momento no se sabe siquiera el origen de los problemas técnicos esgrimidos por el barco. "Necesitamos rendición de cuentas para asegurar que estas cosas no vuelvan a ocurrir", ha declarado.
Fruto del impacto, el principal puente de Baltimore está ahora destruido y el tráfico fluvial ha quedado completamente cerrado. El secretario de transporte ha reconocido que, a día de hoy, no se sabe siquiera el plazo para recuperar una mínima normalidad, ya que "no es algo simple". "No sólo necesitamos que los barcos entren, también que los que estaban (en el puerto) puedan salir", ha explicado.
El gobernador de Baltimore tampoco ha querido marcar horizontes temporales, si bien ha recalcado que la reapertura de la zona es una prioridad, ya que de ella dependen 15.000 empleos directos y 140.000 indirectos. El puerto mueve "unos 51 millones de toneladas de mercancía extranjera", lo que le convierte en el más importante de Estados Unidos en este ámbito.
La Audiencia de Valencia ha revocado el sobreseimiento provisional de la causa seguida contra el actor porno Nacho Vidal y otros dos investigados en relación a la muerte de un fotógrafo, el 28 de julio de 2019 en la localidad de Enguera, durante la celebración de un ritual con metilfubotenina, una sustancia presente en el veneno del sapo de la especie bufo alvarius.
La Sección Tercera de la Audiencia de Valencia, que estima así el recurso de apelación presentado por las dos acusaciones particulares, entiende que existen suficientes indicios suficientes para que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Xàtiva, responsable de la instrucción, dicte el correspondiente auto de procedimiento abreviado por un posible delito de homicidio por imprudencia grave, señala el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Así, respecto de Nacho Vidal --nombre artíctico de Ignacio J.G.--, el tribunal enumera en su auto como indicios que asumiera la función de "director del rito" y se atribuyera un "conocimiento especial sobre esta clase de ceremonias", que fuera quien dispusiera la dosis que debía inhalar el fallecido en una pipeta de cristal o que conociera la toxicidad de la sustancia y pese a ello no adoptara "ninguna precaución ni antes ni durante su administración".
También recuerda la resolución que el investigado conocía la incompatibilidad de la metilbufotenina con la ingesta de cocaína y es posible que hubiera tenido conocimiento de que el fallecido había tomado previamente esa droga.
"EVIDENTE CARENCIA DE CONOCIMIENTOS MÉDICOS"
Del mismo modo, la Audiencia destaca la "evidente carencia de conocimientos médicos" del actor, que quedó de manifiesto cuando la víctima se desmayó y pese a ello "todos continuaron con la ceremonia durante varios minutos".
Por otro lado, considera que también concurren indicios de delito para proseguir la causa respecto a los otros dos investigados, una prima y un amigo del actor, la primera por su posible contribución al presunto delito y el segundo por un posible encubrimiento tras el fallecimiento de la víctima.
Los hechos ocurrieron el 28 de julio de 2019 en una vivienda de Enguera (Valencia) propiedad de Vidal. La Guardia Civil inició la operación tras el fallecimiento del fotógrafo José Luis Abad durante la celebración de un ritual místico basado en la inhalación de los vapores del veneno de sapo bufo alvarius, según informó en su día el instituto armado.
Los agentes, tras una investigación desarrollada durante 11 meses, consideraron que se podía haber producido un delito de homicidio por imprudencia y otro contra la salud pública, supuestamente cometido por quienes organizaron y dirigieron el ritual.
Por estos hechos se arrestó a Nacho Vidal y a dos personas de su entorno, un familiar suyo y un empleado, de edades comprendidas entre los 37 y 50 años y de nacionalidad española.
En junio de 2020, Nacho Vidal quedó en libertad provisional tras comparecer en el juzgado y en marzo de 2021, el instructor dio por concluida la investigación sobre los hechos y dictó auto de incoación de procedimiento abreviado --procesamiento-- contra el actor de cine para adultos por un presunto delito de homicidio imprudente.
En septiembre de 2021, la Sección Tercera de la Audiencia de Valencia revocó la decisión e instó a practicar una pericial para averiguar más datos respecto a la sustancia DMT --la conocida como 'la molécula de dios'-- y su incidencia en el fallecimiento en el que se centra la causa.
Y en mayo de 2023, tras las conclusiones del informe forense, el juzgado decidió archivar la causa para los tres investigados, lo que ahora deja sin efecto la Audiencia.
Un incendio registrado este martes en una granja avícola de la localidad burgalesa de Briviesca ha dejado cerca de 50.000 gallinas muertas debido a las llamas, que también ha provocado la pérdida de toda la producción en marcha, si bien ninguno de los 15 trabajadores de esta empresa se ha visto afectados por el suceso.
El Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León ha manifestado su pesar, solidaridad, apoyo y "total respaldo" a la empresa Granjas Sagredo por el virulento incendio acaecido esta tarde en sus instalaciones de Briviesca.
La empresa familiar, propiedad del empresario José Sagredo, a su vez, presidente de la Cámara de Comercio de Briviesca y plenario del Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León, ha resultado arrasada por las llamas que han causado la pérdida de cerca de 50.000 gallinas y toda la producción en marcha, si bien, afortunadamente, ninguno de los 15 trabajadores de esta empresa se ha visto afectados por el terrible suceso.
El consejo ha destacado la coordinada intervención de los parques de bomberos de la zona y del resto de efectivos de emergencias especializados que continúan en las labores de extinción. La red cameral también ha transmitido al empresario y compañero su "total apoyo y disposición" en estos difíciles momentos.
La jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha citado para el próximo 20 de mayo en calidad de investigado a Alberto G. A., pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para declarar por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y un delito de falsedad en documento mercantil.
La citación se produce después de que la magistrada haya incoado diligencias contra Alberto G. A. y otras cuatro personas en relación a la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal, recaída en este órgano judicial por turno de reparto.
En concreto, cita a declarar como investigados a Alberto G. A. y a Maximiliano N. para el próximo 20 de mayo y un día después a otras tres personas investigadas en el mismo procedimiento, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas y ha adelantado 'ElDiario.es'.
La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
En el auto de apertura de diligencias, la jueza razona que supuestamente y "como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros, delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal".
La Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".
"Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021", recoge la denuncia del fiscal.
El pasado 22 de enero, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce "determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito".
El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer".
APERTURA DE DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN
A raíz de este informe, la Fiscalía acordó el pasado 23 de enero abrir diligencias de investigación, lo que ha derivado en al presentación de la citada denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid.
Según el fiscal, la dirección de la sociedad en el periodo comprobado corría a cargo de un administrador único Alberto G. A., pareja de la presidenta regional. Por parte de la Agencia Tributaria se iniciaron actuaciones de comprobación el día 12 de mayo de 2022.
En el curso de dichas actuaciones de comprobación para el Impuesto Sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la citada sociedad, según la denuncia, "se ha detectado que dicha sociedad, con la finalidad de eludir su tributación, ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado en esos ejercicios, llevó a cabo determinadas conductas, con la única finalidad de reducir dicha tributación".
El futbolista Dani Alves ha salido de la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), este lunes a las 16.25 horas después de 14 meses encarcelado y tras pagar una fianza de un millón de euros para esperar en libertad a que se resuelvan los recursos a su condena de cuatro años y medio por agresión sexual.
Alves ha salido de la prisión acompañado de su abogada, Inés Guardiola, que ha caminado con él hasta un coche donde lo esperaban su amigo Bruno y su también abogada Miraida Puente.
A la vez que el futbolista ha salido de prisión, en la puerta estaban concentrados funcionarios de prisiones que estos días protestan por el asesinato de una cocinera de la cárcel de Mas d'Enric (Tarragona) y que han aprovechado la expectación mediática de las cámaras para esperar la salida de Alves y corear 'Todos somos Núria'.
La Audiencia de Barcelona aceptó la semana pasada dejar al jugador en libertad bajo fianza y retirándole sus dos pasaportes mientras se resuelven los recursos, que han presentado tanto la defensa para anular la condena como las acusaciones con intención de que se le aplique una pena más alta.
El viernes la Fiscalía presentó otro recurso contra la decisión de dejarlo en libertad bajo fianza, un recurso que no paraliza la salida de prisión ya acordada, y el tribunal deberá responder a este recurso en los próximos días.
Además de depositar la fianza de un millón de euros, para salir de prisión provisional Alves ha tenido que entregar sus dos pasaportes, ya que tiene prohibido salir de España, tiene una orden de alejamiento de la víctima y mientras siga libre deberá presentarse cada semana en el juzgado.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado finalmente dejar sin efecto la orden de bloquear la aplicación de mensajería instantánea Telegram que él mismo autorizó el pasado viernes argumentando que la medida sería "excesiva y no proporcional" y asegurando que "supondría un claro perjuicio a aquellos millones de usuarios que la utilizan".
En un auto, recogido por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 incide en que el bloqueo "tendría un cierto impacto económico para las empresas o sociedades que desarrollan gran parte de su actividad comunicativa a través de esta plataforma de comunicación puesto que la consideran un canal fiable y seguro contra intervenciones no deseadas".
"Lo mismo podría decirse de algunos grupos, organizaciones o entidades de distinto tipo, que podrían estimar que ello afectará a sus mecanismos y procesos organizativos al privarles de una vía o canal de comunicación rápido y de gran alcance a su mercado diana. No se trata de libertad de expresión o información, sino si la medida es o no proporcional. Y lo que se constata, por lo dicho y después de dictar el auto, es que la medida sería excesiva y no proporcional", sostiene.
El magistrado reconoce que constató que la medida tendría una "posible afectación" para "múltiples usuarios" después de que su decisión fuese publicada "en medios de todo tipo". Para aclararlo, el magistrado solicitó este mismo lunes a la Comisaria General de Información que le explicase "la incidencia" que pudiera "tener sobre los usuarios dicha suspensión temporal".
"Pues bien, lo cierto es que, sin perjuicio de que es sabido que dicha plataforma es utilizada también para actividades delictivas, son más que múltiples usuarios de todo tipo (particulares, empresas, funcionarios, trabajadores en general...) que han optado por utilizar Telegram, al brindarles unos 'beneficios' que otras plataformas no dan. Y todo ello bajo una 'amparada privacidad'", explica en su auto.
El magistrado añade: "También a que suponga que acepten que no se lleven a cabo las garantías necesarias para la protección de derechos de terceros con el intercambio de datos personales entre los usuarios de la aplicación. En definitiva, cesión de derechos fundamentales a cambio de una supuesta privacidad".
USO DE UNA VPN PARA ESQUIVAR EL BLOQUEO
En este sentido, el instructor afirma que "si se acordara la suspensión lo cierto es que supondría un claro perjuicio a aquellos millones de usuarios que la utilizan (la gran mayoría sin vinculación alguna con actividades ilícitas), pues, además de haber residenciado multitud de datos a los que ya no podrían tener acceso, en muchos casos se les impediría realizar labores de índole profesional".
El magistrado incide en que, además del impacto económico, la medida pudiera no "ser idónea por cuanto los usuarios podrían utilizar una red VPN o un proxy para poder acceder a Telegram y seguir consumiendo o publicando tales contenidos, como señala la Comisaría General de Información".
Pedraz apunta que "se podrá plantear que Telegram resultaría 'impune'" o "que esté echando un 'pulso' a un Estado de Derecho". Con todo, desde su punto de vista ahora "no se trata de "'juzgar' a Telegram, sino de instruir una causa por un determinado delito que requiere una investigación y que precisa de una información que solo puede suministrar dicha plataforma".
"Al efecto, ya no solo para evitar aquel 'pulso' sino por lo que aquí interesa para poder obtener esa información será cuestión a resolver por el legislador y que sin duda lo hará -por exigencia europea- a tenor de la denominada Ley de Servicios Digitales y Ley de Mercados Digitales", añade.
ADVERTENCIA A TELEGRAM
En este contexto, el magistrado indica que la ley exige "establecer un punto de contacto para autoridades y usuarios, denunciar delitos penales tener términos y condiciones fáciles de usar, ser transparente en lo que respecta a la publicidad, los sistemas de recomendación o las decisiones de moderación de contenidos".
"También deben seguir las reglas que se centran únicamente en los VLOP y VLOSE (plataformas y servicios sujetos a obligaciones más exigentes y que deben cumplirlas de forma anticipada) debido a su tamaño y el impacto potencial que pueden tener en la sociedad. Esto significa que deben identificar, analizar y evaluar los riesgos sistémicos vinculados a sus servicios", asevera.
Asimismo, el juez dice que "deberían prestar atención, en particular, a los riesgos relacionados con contenido ilegal, derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación, la discriminación, la protección del consumidor y los derechos del niño seguridad pública y procesos electorales, violencia de género, salud pública, protección de menores y bienestar físico y mental".
Por tanto, concluye, "Telegram, como el resto de las grandes plataformas, tendrán obligatoriamente que responder por el punto de contacto en Europa para, como en el presente caso, requerirle la información precisa".
REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN
En un principio, el juez consideró la medida del bloqueo como necesaria, idónea y proporcional para la que no existía alternativa que pudiera detener la reiteración de los hechos denunciados, toda vez que las autoridades de las Islas Vírgenes no habían colaborado con la comisión rogatoria enviada con el fin de que Telegram informase de determinados datos técnicos que permitirían identificar a los titulares de las cuentas utilizadas para la infracción de los derechos de propiedad intelectual.
La resolución que ha quedado sin efecto, recogida por esta agencia de noticias, explicaba que para el buen fin de la instrucción resultaba necesaria la práctica las diligencias contenidas en la comisión rogatoria remitida a Islas Vírgenes sin que hasta el momento se tuvieran noticia del cumplimiento del citado instrumento de cooperación, por lo que quedarían pendientes numerosas diligencias de investigación dependiendo de la información que facilitará la ejecución de la citada Comisión Rogatoria Internacional.
El incumplimiento reiterado de la petición dirigida a Islas Vírgenes de 28 el julio del 2023, señalaba, impedía la continuación de la instrucción de la causa. En dicha comisión se solicitó que Telegram informase sobre determinados datos técnicos que permitirían identificar los titulares de las cuentas utilizadas para la infracción de los derechos de propiedad intelectual de las entidades personadas como acusación particular: Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus.
Esa falta de colaboración de las autoridades de islas Vírgenes, apuntaba el juez, a las que solo se les pedía una actividad de comunicación a los responsables de la red social provocó que debieran adoptarse las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones particulares.
El Gobierno mantiene en España el nivel de alerta antiterrorista en 4 reforzada tras el grave atentado terrorista cometido por Estado Islámico en Moscú con más de un centenar de personas asesinadas, según indicaron a Europa Press en fuentes del Ministerio del Interior. Este departamento había acordado ya la pasada semana un refuerzo especial de la prevención y la respuesta con motivo de la Semana Santa, si bien la situación se evalúa de forma continua.
"No hay novedades", han señalado las fuentes tras ser consultadas sobre si el Gobierno iba a dar el paso de elevar al máximo el nivel de alerta antiterrorista, como hizo este domingo Francia en respuesta por el atentado del viernes en Moscú perpetrado por Estado Islámico y que dejó más de 130 muertos.
Desde Interior se han remitido a las medidas acordadas el miércoles pasado por la Mesa de Evaluación de la Amenaza Terrorista, órgano encargado de valorar semanalmente todos los elementos de seguridad que inciden sobre el riesgo terrorista en España.
Así, según informó el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, se acordó un refuerzo especial de la prevención y respuesta antiterrorista durante la Semana Santa que incluye, dentro del Nivel 4 sobre 5 de alerta en vigor, que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aumenten los controles aleatorios de vehículos y personas en todos aquellos lugares en los que pueda tener lugar una alta presencia o tránsito de personas.
Estos dispositivos policiales de prevención y respuesta estarán en vigor entre las 00.00 horas del 22 de marzo y las 15.00 horas del 2 de abril de 2024. Cabe recordar que las medidas antiterroristas ya fueron reforzadas por la escala de tensión entre Israel y Hamás ante la posibilidad de atentados en Europa.
Precisamente, la semana pasada se aprobó la nueva Estrategia Nacional contra el Terrorismo, elaborada por el Ministerio del Interior a través del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO).
AMENAZA TERRORISTA PARA ESPAÑA
En ella, se indica que "la principal amenaza terrorista" en España "continúa proviniendo de las organizaciones terroristas de carácter yihadista, fundamentalmente DAESH (Estado Islámico) y Al Qaeda".
El texto, consultado por Europa Press, señala que además de la posible "activación de terroristas autónomos" a la que han llamado ambas organizaciones, considera que sigue vigente la intención de Estado Islámico y Al Qaeda "de perpetrar acciones de cierta envergadura en Europa, para lo cual podrían apoyarse tanto en Combatientes Terroristas Extranjeros (CTE) retornados de zonas de conflicto, como en miembros procedentes de sus distintas filiales regionales y células locales".
Esta última advertencia encajaría con lo ocurrido el viernes en el atentado de Moscú, obra de cuatro terroristas presuntamente de nacionalidad tayika y que fueron detenidos por las autoridades rusas tras conseguir escapar del lugar de los hechos.
Estado Islámico ha publicado tanto fotos como vídeos de los autores, en los que se les puede ver disparando contra los presentes en el auditorio Crocus City Hall, situado en los alrededores de la capital, para demostrar su autoría, aunque ha evitado aclarar cuál de sus filiales lo llevó a cabo.
Los expertos coinciden en señalar a Estado Islámico Provincia de Jorasán (ISKP, por sus siglas en inglés), operativa esencialmente en Afganistán y Pakistán y que estaría detrás del atentado ocurrido en Kerman (Irán) a principios de enero en el que murieron más de 80 personas, si bien entonces tampoco fue reivindicado en su nombre.
Respecto a Afganistán, la Estrategia Nacional admite la "compleja situación" en el país tras la vuelta de los talibán al poder en agosto de 2021 y la salida de las tropas estadounidenses, subrayando que "la situación de seguridad es cada vez más frágil".
Así las cosas, indica que ISKP "continúa intensificando su actividad, habiéndose consolidado como la principal amenaza" contra los talibán y advierte que esta filial "considera a Afganistán como un potencial escenario para desarrollar su operatividad y expandir su ideología hacia los países del entorno o incluso a países occidentales".
"En este marco, el ISKP está aumentando su capacidad para ejecutar acciones de alto impacto en la región e impulsando su propaganda política y religiosa, sistema que reafirma su presencia en la zona".
El Defensor del Pueblo ha apuntado en su informe anual de 2023 que cuatro de cada diez mujeres en prisión son de etnia gitana, por lo que ha reclamado que el Ministerio del Interior a través de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias impulse una atención integral dirigido a este colectivo.
Las mujeres gitanas representan un 13,87% de los 4.000 reclusos de esta etnia en las cárceles españolas, según recoge el informe del Defensor del Pueblo con datos oficiales de enero de 2023, facilitados por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.
En el informe de la oficina que preside Ángel Gabilondo, consultado por Europa Press, la institución insiste en su recomendación de "incorporar la variable de mujer gitana en la recogida de datos y elaboración de estadísticas".
Lo hace tras concretar que en las cárceles hay 557 mujeres gitanas y 3.457 hombres gitanos. "Este dato implica que las mujeres gitanas representan un 13,87% de la población reclusa total de esta etnia", subraya. La población reclusa en los centros de Instituciones Penitenciarias ronda los 47.000 reclusos.
El defensor se remite a otras fuentes como el Libro Blanco sobre la atención sanitaria a personas con trastornos mentales graves en centros penitenciarios en España --publicado en 2023 por la Sociedad Española de Psiquiatría Legal--, que precisa que "de cada diez mujeres españolas internas, cuatro de ellas son gitanas".
La Recomendación de incorporar la variable de mujer gitana en la recogida de datos y elaboración de estadísticas fue realizada desde hace años por el Mecanismo Nacional de Prevención (MNP) de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, tanto a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias como a todas las autoridades de las comunidades autónomas.
"La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, cuatro años después, continúa sin hacer factible la explotación estadística de la información", prosigue.
El MNP recomendó a dicha secretaría general que se potencie la participación de entidades sociales de promoción integral de la comunidad gitana en uno de los centros penitenciarios visitados, concretamente en El Puerto de Santa María (Cádiz), lo que fue aceptado y materializado en 2023.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que ha ordenado suspender de forma cautelar la aplicación de mensajería instantánea Telegram, ha dado un plazo de tres horas a las operadoras españolas para que, desde la recepción de su comunicación, procedan a la suspensión de los recursos asociados a la aplicación.
En un auto, el magistrado acuerda esta medida cautelar en el marco de un procedimiento por un delito de vulneración continuada de derechos de propiedad intelectual contra los titulares de diversos canales creados en la red social Telegram.
En concreto, Pedraz ha tomado esta decisión a raíz de una denuncia presentada por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus por un presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor.
El titular del Juzgado Central Cinco de la Audiencia Nacional considera esta medida como "necesaria, idónea y proporcional" para la que no existe alternativa que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados, toda vez que "las autoridades de las Islas Vírgenes no han colaborado con la comisión rogatoria" enviada con el fin de que Telegram informase de determinados datos técnicos que permitirían identificar a los titulares de las cuentas utilizadas para la infracción de los derechos de propiedad intelectual.
"NO EXISTE OTRA MEDIDA PARA DETENER LOS HECHOS DELICTIVOS"
El magistrado, partiendo de la premisa de que el "incumplimiento reiterado" de la petición dirigida a Islas Vírgenes el pasado 28 el julio de 2023 impide la continuación de la instrucción de la causa, ha sostenido que "no existe otro tipo de medida que pueda detener la reiteración de los hechos denunciados".
Esa falta de colaboración de las autoridades de Islas Vírgenes a las que "solo se les pide una actividad de comunicación a los responsables de la red social Telegram" provoca que, según el magistrado, deban adoptarse las medidas cautelares solicitadas por las acusaciones particulares.
"Esta reiterada comisión del delito contra los derechos de la propiedad intelectual justifica la adopción de las medidas cautelares interesadas al concurrir los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad", ha argumentado Pedraz.
En esa línea, ha añadido que la medida acordada es "idónea" porque su ejecución "podría fin a la infracción de los derechos de la propiedad intelectual denunciada" al impedir el acceso al medio por el que se distribuyen los contenidos cuyos derechos de propiedad se ven afectados.
Asimismo, ha fundamentado su auto en el apoyo legal contemplado en el artículo 13.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), por el que "el juzgado podrá acordar, como primeras diligencias, de oficio o a instancia de parte, las medidas cautelares consistentes en la retirada provisional de contenidos ilícitos, en la interrupción provisional de los servicios que ofrezcan dichos contenidos o en el bloqueo provisional de unos y otros cuando radiquen en el extranjero".
Por la suma de todos estos elementos, el juez Pedraz ha concluido que la medida cautelar interesada "está justificada" porque es necesaria para poner fin a la infracción denunciada, es "proporcional e idónea" para el fin perseguido por la medida, ya que no cabe acudir a otro tipo de actuación con la misma finalidad, y "está contemplada expresamente por la ley".
De momento, Telegram permanece operativa, aunque está previsto que en unas horas se produzca el bloqueo ordenado por la Audiencia Nacional.
En su auto, Pedraz ha acordado también la prórroga de la investigación por seis meses, hasta el 29 de septiembre.
Fuentes del servicio de emergencias hablan de más de 40 muertos después de que varias personas vestidas de camuflaje abrieran fuego.
Un ataque en la sala de conciertos Crocus City Hall, situado al noroeste de Moscú, ha causado numerosos muertos y heridos. Las fuentes del servicio de emergencias hablan de más de 40 muertos y un centenar de heridos. Por el momento, se desconoce quiénes son los autores del ataque.
Este lugar de ocio se encuentra en la ciudad de Krasnogorsk, en las inmediaciones de la capital. Un grupo de personas vestidas de camuflaje han entrado al lugar con armas de asalto y han abierto fuego justo antes de comenzar el concierto del grupo Picnic, a las 20.00 (dos horas menos en España peninsular).
En el complejo de ocio se ha desatado un incendio. Al lugar se han trasladado tanto unidades de las fuerzas de seguridad rusas como del servicio de emergencias. La prensa rusa informa de que hay atrapadas numerosas personas, incluidos niños, en la parte del edificio que continúa en llamas.
“Ha ocurrido una terrible tragedia. Mi más sentido pésame a los seres queridos de todas las víctimas”, ha declarado el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin.
El mánager del grupo Picnic, Yuri Chernyshevski, ha asegurado al diario Meduza que sus integrantes se encuentran bien. “Todo sucedió antes de que comenzara el concierto. Oímos disparos y nos dimos cuenta de que el edificio estaba en llamas”, ha manifestado el responsable de la banda.
La jueza de Instrucción número 19 de Madrid ha incoado diligencias previas por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y un presunto delito de falsedad en documento mercantil contra Alberto G. A., pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y otras cuatro personas.
Las diligencias se incoan en un auto, tras la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal, recaída en este órgano judicial por turno de reparto y que ahora admite esta magistrada. La jueza acuerda que se les cite a declarar en calidad de investigados.
La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
En el auto la jueza razona que supuestamente y "como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros, delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal".
La Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".
"Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021", según recoge la denuncia del fiscal.
El pasado 22 de enero, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce "determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito".
El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer".
APERTURA DE DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN
A raíz de este informe, la Fiscalía acordó el pasado 23 de enero abrir diligencias de investigación, lo que ha derivado en al presentación de la citada denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid.
Según el fiscal, la dirección de la sociedad en el periodo comprobado corría a cargo de un administrador único Alberto G. A., pareja de la presidenta regional. Por parte de la Agencia Tributaria se iniciaron actuaciones de comprobación el día 12 de mayo de 2022.
En el curso de dichas actuaciones de comprobación para el Impuesto Sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la citada sociedad, según la denuncia, "se ha detectado que dicha sociedad, con la finalidad de eludir su tributación, ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado en esos ejercicios, llevó a cabo determinadas conductas, con la única finalidad de reducir dicha tributación".
El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha anunciado este jueves desde Elna (Francia) que se presentará a las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. Según ha dicho, su objetivo es lograr su «restitución» en la presidencia de Cataluña tras haber sido destituido con el artículo 155 de la Constitución en 2017.
Puigdemont también ha dicho que quiere «culminar con éxito el proceso de independencia iniciado en octubre de 2017». Además, ha afirmado que no irá en las listas de su partido para las elecciones del Parlamento Europeo, que se celebrarán el próximo 9 junio. También ha ofrecido a ERC compartir una lista unitaria.
Para ser candidato a unas elecciones autonómicas es necesario, entre otros requisitos, estar empadronado en la comunidad a la que se postula. En este caso se debe “tener la condición política de catalán”, y no estar incurso en ninguna de las causas de inelegibilidad recogidas en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG).
Puigdemont ya concurrió a las elecciones de Cataluña de 2021 como número uno de Junts de forma simbólica al contar ya con orden de detención en España, por lo que la candidata efectiva en su lugar fue la actual presidenta de la formación, Laura Borràs.
La asociación La Plaza ha convocado este miércoles por la tarde una concentración contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en el número 13 de la calle Génova, sede del PP nacional y del PP de Madrid. La convocatoria bajo el lema "Ayuso dimisión" tiene como objetivo protestar por "todos sus escándalos de corrupción".
En un comunicado explican que "tras el caso Avalmadrid por el que se perdonaron 311.000€ al padre de la presidenta, tras el caso Mascarillas por el que el hermano de Ayuso cobró 230.000€ en comisiones con la venta de mascarillas a la Comunidad de Madrid, tras el fraude a Hacienda de 350.000€ y los dos millones de euros cobrados por parte del actual novio de la presidenta en comisiones por la venta de material sanitario durante la pandemia o tras intentar hacer negocio con vacunas contra la COVID-19, La Plaza considera que esta es la gota que colma el vaso en los escándalos de Ayuso tras cuatro años de gobierno".
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha lanzado este miércoles una operación por delitos de corrupción y blanqueo de capitales que incluye registros en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) en Madrid y también en la casa en Granada del que fuera su presidente, Luis Rubiales, por supuestas irregularidades en contratos.
Según informan a Europa Press fuentes de la investigación, las diligencias se enmarcan en una investigación por presuntos hechos delictivos asociados a la corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales.
En concreto, afecta a supuestas irregularidades en contratos de la RFEF desde 2018, una etapa con Luis Rubiales al frente que incluye la celebración de la Supercopa de España de fútbol en Arabia Saudí.
Una de estas diligencias de registro se está practicando en el domicilio en Granada de Luis Rubiales, que este mediodía no figuraba entre los detenidos, según precisan las citadas fuentes.
Rubiales estuvo al frente de la RFEF entre 2018 y 2023, cargo del que dimitió tras la denuncia de la jugadora Jennifer Hermoso por el beso que le dio en la boca en la celebración del Mundial de fútbol femenino que ganó España.
En concreto, está previsto realizar la entrada y registro en once domicilios, así como la ejecución de requerimientos judiciales. Hay varias detenciones ya practicadas dentro de unas diligencias en las que se prevé realizar siete arrestos y que alcanza también a otras cinco personas en calidad de investigados.
Las diligencias policiales se están practicando bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), en coordinación con la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada. Además, cuenta con apoyo de EUROPOL y se desarrolla en distintas provincias de la geografía española.
Transmoro, empresa con sede en Lucena del Puerto (Huelva), propietaria del camión cuyo conductor ha arrollado en la madrugada de este martes a varias personas en un control de la Guardia Civil en la AP-4, en Los Palacios y Villafranca (Sevilla), donde han fallecido dos agentes del Grupo de Acción Rápida (GAR) y cuatro personas, han expresado su "dolor" por este suceso, toda vez que han subrayado que se ponen "a disposición de las fuerzas de seguridad para colaborar en la investigación y al servicio de las familias".
En un breve comunicado publicado en sus perfiles de redes sociales, consultado por Europa Press, la empresa ha indicado que todos los que forman parte de ella se sienten "absolutamente sobrecogidos y consternados por el trágico accidente" en el que se han visto involucrados.
"Rotos de dolor queremos transmitir nuestro más sincero pésame a las familias de las seis personas fallecidas junto con el deseo y la esperanza de una pronta recuperación para los heridos", continúa el comunicado.
Asimismo, Transmoro ha agradecido la intervención de todos los efectivos por "la rapidez, profesionalidad y sensibilidad demostrada" y ha asegurado que se ha puesto "a disposición de las fuerzas de seguridad para colaborar en la investigación y al servicio de las familias para ayudar en cualquier cosa que pueda aliviarles en esta dramática situación".
El grave accidente de tráfico ha tenido lugar en la madrugada de este martes en el kilómetro 24 de la autovía AP-4, en el término municipal de Los Palacios y Villafranca (Sevilla); donde un camión ha arrollado un control policial con el resultado de seis fallecidos.
Por tanto, según han informado fuentes de la investigación, el conductor del camión afronta seis presuntos delitos de homicidio por imprudencia y tres delitos de lesiones graves por imprudencia. Además, ha arrojado un resultado negativo en las pruebas de alcohol y drogas y está detenido por la gravedad de los hechos, cuenta 59 años de edad, es de nacionalidad española y carece de antecedentes.
En ese sentido, la Guardia Civil ha explicado que se indaga la posibilidad de "una somnolencia o una falta de atención" del camionero como posibles causas del siniestro, toda vez que el camión había partido de La Línea de la Concepción (Cádiz) cargado de verduras.
Así, han insistido en que el asunto está aún sometido a investigación, con "las primeras diligencias" todavía en marcha; y ya ha sido descargado el tacógrafo del camión para intentar averiguar su velocidad en el momento del siniestro.
Seis personas han resultado fallecidas, entre ellas dos agentes de la Guardia Civil, tras saltarse un camión un control en la autopista AP-4 a la altura de la localidad sevillana de Los Palacios. El conductor del camión, que ha sido detenido, ha resultado ileso. Se le han realizado pruebas de alcohol y drogas con resultado negativo.
Según ha informado el Instituto Armado, el siniestro ha tenido lugar sobre las 04.40 horas de este martes cuando un camión habría arrollado un control situado en el kilómetro 20 de la AP-4 que estaba llevando a cabo la Guardia Civil (dispositivo GAR). La circulación en la autovía se encuentra actualmente cortada en el kilómetro 24.
Las causas del siniestro parecen en principio "accidentales", según la primera información facilitada por la Benemérita. El conductor del vehículo articulado al recibir señales, ha maniobrado "bruscamente", desviándose hacia el arcén arrollando a los tres primeros vehículos oficiales del GAR y, al menos, otros dos vehículos civiles que estaban dentro del dispositivo.
La Inspección Ocular e instrucción de diligencias están siendo realizadas por el Subsector de Tráfico con Equipo Reconstrucción accidentes. Los heridos graves han sido trasladados al Hospital Macarena, al Valme y a Traumatología del Virgen del Rocío.
La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre está citada este martes para declarar como testigo en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra el exconsejero madrileño Alfredo Prada y otros cinco acusados por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos en el proyecto fallido del Campus de la Justicia.
Aguirre testifica a petición de las defensas de varios acusados y, además, en la lista de testigos llamados para esta sesión figura el también expresidente madrileño Ángel Garrido, según han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.
Las declaraciones de ambos exdirigentes del PP se producen en la tercera semana del juicio, después de que otros testigos hayan contestado a las preguntas de acusaciones y defensas. De momento no han declarado los seis acusados, que lo harán al final.
Se trata de una causa que se abrió en agosto de 2018, cuando el juez instructor admitió una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción fundamentada en un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid que avisó, en marzo de ese año, de irregularidades en el proyecto.
ABANDONADO TRAS 355 MILLONES
El proyecto del Campus de la Justicia fue impulsado por el Gobierno regional de Aguirre en su primer mandato. En 2005 se creó una empresa pública para construir un complejo de 14 edificios interconectados con túneles en el que se concentrarían las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid. Las obras no se terminaron y quedó abandonado cuatro años después, habiéndose gastado hasta entonces 355 millones de euros.
La Fiscalía reclama 8 años de cárcel para Prada, entonces vicepresidente segundo y consejero de Justicia e Interior, por delitos continuados de prevaricación y malversación. Además, solicita 6 años para el resto de acusados, que formaron parte del equipo directivo del Campus: Isabelino Baños Fernández (director general técnico), Mariano José Sanz Piñar (subdirector general técnico), Alicio de las Heras Rodríguez (director financiero), Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad) y Félix José García de Castro (letrado asesor).
Según el primer juez instructor, Prada y los demás acusados se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicarles de manera irregular distintos contratos del Campus de la Justicia: "Corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación".
"En este caso no estamos ante autoridades o funcionarios que hayan sustraído para su lucro personal el dinero de la administración en perjuicio del patrimonio público: la conducta aquí perpetrada afecta al sistema de funcionamiento de una entidad pública, que ha resultado deteriorada, dañada y menoscabada, tanto en su imparcialidad, probidad y prestigio, como en su eficacia y en su integridad patrimonial"
Los alérgicos al polen se enfrentan a una primavera moderada-intensa, con una mayor concentración de gramíneas, sobre todo en Madrid y Toledo, que alcanzarán los 6.000/7.
000 granos de polen por metro cúbico, según las previsiones de la Sociedad Española de Alergología o Inmunología Clínica (SEAIC).
Así, este año se prevé que, debido a las altas temperaturas que se han registrado desde el inicio de año con un invierno más cálido y a la gran cantidad de precipitaciones en el mes de febrero, el polen se mantenga más tiempo en el ambiente, lo que puede provocar que los síntomas de alergia sean más persistentes.
En comparación con la previsión del año anterior, donde la primavera se presentaba como "moderada-leve" en cuanto al polen de las gramíneas en el centro peninsular, en esta temporada se prevé un ascenso de las cifras de polen pasando a moderada-intensa.
"Ha llovido mucho más que el año pasado. Las condiciones mas propicias para que haya una polinización más fuerte van a ser en el centro peninsular, siendo muy intensa en Madrid, Toledo y Ciudad Real", ha declarado el presidente del Comité de Aeoribiología Clínica de la SEAIC, el doctor Juan José Zapata, durante la rueda de prensa de este lunes.
También se prevé que los índices de polen sean elevados en Castilla-León y Castilla La Mancha, así como en Badajoz, Cáceres, Sevilla y Jaén. Por el contrario, se esperan índices de polen leves o muy leves en Almería, Cádiz, Málaga, Baleares, Islas Canarias (300 granos/m3), Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia y todo el norte Peninsular, donde no superarán los 2.000 granos por metro cúbico.
No obstante, el doctor Zapata ha advertido de que, aunque haya zonas con menores índices de polen, los pacientes alérgicos que habiten en estas zonas "no deben descuidarse".
"Un paciente que esté en zona de polinización leve de gramíneas y tiene alergia va a tener que tratarse, que sea leve no quiere decir que el paciente se pueda descuidar. No quitemos importancia a cómo va a ser en cada zona, lo importante es que los pacientes conozcan, que se fijen en la concentración de polen, el día y la medicación porque seguramente ese va a ser el porcentaje de polen que lo reactiva", ha explicado.
Por otro lado, los expertos han advertido de que, debido al cambio climático, durante el primer trimestre del año se ha observado un comportamiento atípico de la polinización de las plantas cupresáceas, características de esta época, por lo que la temporada de alergia ha podido adelantarse, siendo cada vez más extensa y con unos síntomas más persistentes. "Las inusuales altas temperaturas vividas desde finales de enero han provocado un adelanto de los picos de polinización", han señalado.
Así, han explicado que el cambio climático afecta en el momento, la dispersión, la cantidad y la calidad de los alérgenos, así como a la distribución y gravedad de las enfermedades alérgicas. El aumento de las temperaturas y la falta de precipitaciones se han posicionado como factores determinantes en el momento y la forma de polinización de las plantas, influyendo así en la sintomatología de los pacientes alérgicos
"El cambio climático afecta a nuestros pacientes y esto a los alergólogos nos preocupa. El cambio climático hace que las plantas se defiendan de estas condiciones adversas y cambien. Tenemos más meses cálidos y eso hace que la polinización empiece antes y acabe más tarde, tendrán más síntomas y aumenta la incidencia de las enfermedades respiratorias como el asma, la rinitis alérgica y la conjuntivitis", ha asegurado la secretaria de la SEAIC, Carmen Andreu.
Además, la experta también ha apuntado que "las partículas de contaminación en el ambiente pueden producir síntomas incluso en pacientes que no son alérgicos". "Los pacientes van a tener más periodo con polinización, un polen más agresivo, más síntomas y aumentará la presión asistencial en los centros sanitarios", ha concluido la experta.
En este contexto, los alergólogos han incidido en la importancia de mirar los niveles de polen de cada día para saber qué medidas se deben tomar y, si es necesario, no salir de casa, así como detectar qué tipo de alergia se tiene y a que polen en concreto para que el tratamiento sea más personalizado y haga el mayor efecto posible.
Con respecto al tratamiento con inmunoterapia, es decir, la vacunación, que hace posible la curación de la alergia, el doctor Juan José Zapata ha advertido de que, debido a las condiciones meterológicas mencionadas, "se está produciendo un ambiente de polialergia, donde los pacientes tienen diferentes alergias y sensibilidad a otras nuevas alergias".
"Tenemos un ambiente para un polialérgico servido hasta aproximadamente finales de agosto. Tratar a un paciente con esta sintomatología se nos ha hecho mucho más difícil por lo que es muy importante hacer un diagnóstico personalizado, de precisión, que vaya a la causa de la sensibilidad para que se aplique el tratamiento de una manera más correcta", ha detallado el doctor Zapata.
En lo que respecta a la posibilidad de curación de las alergias al polen, el experto ha explicado que esta es posible aunque, para ello, es "necesario saber qué alérgeno es el que está produciendo la patología y los síntomas" ya que, aunque en las pruebas de la alergia salgan diferentes alergias, no todas ellas producen síntomas ni se convierten en una alergia principal.
"Se pondrá la vacuna al polen donde el paciente realmente tiene responsable su sintomatología y hacemos que el paciente no tenga síntomas y se puede curar. Es un tema muy complejo que no siempre todo es blanco o negro y no olvidemos que es una enfermedad genética por lo que podemos curar la sensibilidad a un alérgeno, pero no la predisposición genética a tener una alergia", ha añadido.
Por su parte, el presidente de la SEAIC, Ignacio Dávila, ha incidido en que "es muy importante determinar los niveles de polen para que los pacientes eviten salir de casa", pero también para las empresas distribuidoras de fármacos porque "ha habido épocas donde han tenido una carestía de bronco tratadores".
También ha resaltado la importancia de que se de una mayor formación en alergología en las universidades porque "las enfermedades alérgicas son muy propias del siglo XXI)" y "debe ser el alergólogo" el que evalúe a los pacientes con alergia al polen porque "en ocasiones también tienen otras alergias".
"Los alergólogos somos fundamentales en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades alérgicas. Ante el aumento imparable de su prevalencia y dado que el paciente alérgico tiene cada vez una patología más compleja que requiere una mayor dedicación de tiempo y de recursos, incrementar la dotación de alergólogos en el sistema sanitario es la única respuesta posible. Por ello, también resulta de gran importancia promover la formación de esta especialidad y aumentar así la presencia de alergólogos en los Cuerpos Docentes de los grados de Medicina"
El municipio de Abla (Almería), donde vive la madre de las dos niñas de dos y cuatro años de edad muertas presuntamente a manos de su padre, ha decretado tres días de luto oficial por este "repentino acto de violencia vicaria" como "muestra de repulsa y condena por el asesinato" de las pequeñas, que serán enterradas en la localidad.
Los propios Servicios Sociales del Consistorio abulense han atendido a la mujer, de 23 años y natural de Rumanía, para darle apoyo psicológico tras el shock traumático sufrido ante los hechos, ya que fue ella misma la que descubrió los cuerpos de las niñas y de su expareja tras dirigirse a la vivienda del mismo al no tener noticias de su paradero.
El hombre, de 35 años y también de origen rumano, tenía una orden de alejamiento de la mujer, quien se encontraba registrada en el sistema de protección de las víctimas de violencia de género (Viogén). Dicha circunstancia había hecho se trasladara a Abla, donde vivía con sus hijas y había encontrado un empleo en una cafetería.
En este sentido, y por expreso deseo de la madre, los cuerpos de las pequeñas serán enterrados en la localidad de Abla una vez finalicen las correspondientes autopsias que confirmen la causa de la muerte, que inicialmente y conforme a las pruebas practicadas hasta el momento, se habría producido por envenenamiento.
Otra gran protesta de tractores procedentes de muchos puntos de España, convocada por la Unión de Uniones, llega este domingo al centro de Madrid, por lo que la Delegación del Gobierno en Madrid ha informado de los itinerarios previstos.
Una columna proveniente de Guadalajara llega hasta Meco. Luego seguirá por el Camino del Olivo por la M-121 hasta Alcalá de Henares. Llegada a Alcalá de Henares por la plaza Seis, avenida de Meco, calle Gaceta de Alcalá, calle Eras de San Isidro, Vía Complutense, avenida de Madrid hacia M-300 para llegar a Torrejón de Ardoz.
Continuará por las avenidas de la Constitución, del Sol, M-206 hasta San Fernando de Henares, calle de la Huerta, plaza Fernando VI, calle Pizarro, Carretera de Mejorada, avenidas Enrique Tierno Galván y Isabel Torres, Rotonda Paisajes en el Tiempo, avenida de Vicálvaro, calle Honduras hasta llegar a Coslada, avenida de la Constitución, calle Begoña hasta la M-201, para llegar a Madrid cruzando la M-40 por la Glorieta de Arcentales, avenidas Arcentales, de Canillejas a Vicálvaro, calles Alcalá, Francisco Silvela, Joaquín Costa, Paseo de la Castellana y Plaza de San Juan de la Cruz.
La segunda columna llega desde Tarancón (Toledo) y Huete (Cuenca). Los tractores llegan a la Comunidad de Madrid a la localidad de Villamanrique de Tajo donde tomarán la M-321 hasta Villarejo de Salvanés, continuar por M-231 hasta Carabaña y allí coger la M-204 para enlazar con la N-III hasta Arganda del Rey.
Desde allí circularán por las avenidas de Valencia, Valdearganda, M-300, saliendo por la M-208 pasando por Velilla de San Antonio y Mejorada del Campo, hasta enlazar con la M-203, y posteriormente llegar hasta las calles Pirotecnia, Aurora Boreal, avenida de la Democracia, Plaza Alonso, calle Casalarreina, avenida de Daroca, M-23, calle O'Donnell, Doctor Esquerdo, Francisco Silvela, Joaquín Costa, Paseo de la Castellana y Plaza de San Juan de la Cruz.
La tercera ruta llega desde Villasequilla, Sonseca, Pulgar, Torrejos y Valmojado (Toledo). Los tractores entran en la Comunidad de Madrid a Griñón por la M-415, continúan por la M-404 hasta la rotonda del punto kilómetro 19,800 para entrar en Griñón por la avenida de los Andaluces hasta enlazar con la M-405 hasta Fuenlabrada.
Siguen por la calle Luis Sauquillo, Leganés, M-409 para entrar en Leganés, M-402, avenidas del Doctor Fleming, de Gibraltar, de Castilla-La Mancha, enlazando por la M-425 hasta llegar a Madrid, Vía Lusitana, calle Marcelo Usera, Vado de Santa Catalina, Paseo de las Delicias, calle Bustamante, Ramírez de Prado, Méndez Álvaro, Comercio, avenida Menéndez Pelayo, calle Príncipe de Vergara, Francisco Silvela, Joaquín Costa, Paseo de la Castellana y Plaza de San Juan de la Cruz.
La cuarta columna llega desde Arévalo (Ávila) y Cuellar (Segovia). Los tractores llegan desde El Espinar (Segovia) por la N-VI, M-510 hasta Galapagar y continuarán por la M-505 sentido Madrid hasta Autovía A-6 vía de servicio.
Después, tomarán la A-6 vía de servicio hacia M-500 Carretera de Castilla, pasando por la avenida de la Victoria de la localidad de Pozuelo de Alarcón. Seguirán por las calles de Rafael Bortí, avenida de Navacerrada, calles Fernando Lázaro, Berrial, Pico Cejón, Acamar, Golondrina, Carretera de Humera, calle del Arroyo de Pozuelo hasta llegar a la carretera M-500 en Paseo de Ruperto Chapí.
Luego continuarán por el Paseo de Camoens, calles Marqués de Urquijo, Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta, Santa Engracia, José Abascal. Esta columna esperará en José Abascal con Paseo de la Castellana el paso de la manifestación para unirse a la misma.
La quinta columna llega desde Aranda del Duero (Burgos). Los tractores llegarán a la Comunidad de Madrid a través de la localidad de Lozoya tomando la carretera M-604 dirección hacia la autovía A-1. Luego tomarán la salida 68, siguiendo dirección Loyozuela por la avenida de Madrid, atravesarán la localidad hasta la M-131, las localidades de Sieteiglesias y El Berrueco dirección Torrelaguna.
Luego llegarán a la rotonda con la N-320, continuando por ella en sentido Guadalajara hasta el cruce con la M-103. Seguirán por la M-103 hasta la rotonda con la M-111 tomando la primera salida hacia M-100 sentido San Sebastián de los Reyes.
Posteriormente continuarán por la N-I hasta San Sebastián de los Reyes, pasando por el Paseo de Europa, Boulevard Salvador Allende, Paseo de la Chopera hasta la rotonda con la M-603. Los tractores seguirán por la M-603 hasta la entrada en la ciudad de Madrid por la calle Nuestra Señora de Valverde, avenida Llano Castellano, calles Mauricio Legendre, Enrique Larreta, Mateo Inurria, Plaza de Castilla, Paseo de la Castellana y Plaza de San Juan de la Cruz.
MANIFESTACIÓN EN MADRID CAPITAL
La concentración inicial de personas y tractores se realizará en la Plaza de San Juan de la Cruz y Paseo de la Castellana, el cual permanecerá cortado en el tramo norte-sur entre el Puente de la Calle Raimundo Fernández Villaverde y la citada Plaza de San Juan de la Cruz a partir de las 10:30 horas.
Los tractores se concentrarán en la Plaza de San Juan de la Cruz orientados para poder partir hacia el sur por el Paseo de la Castellana y en el tramo del Paseo de la Castellana, sentido norte-sur existente entre la Plaza de San Juan de la Cruz y la Calle Raimundo Fernández Villaverde.
La columna número 4 procedente de Ávila-Arévalo, Cuéllar, esperará en la confluencia de la Calle José Abascal y la Plaza del Doctor Marañón, a que llegue la manifestación principal para incorporarse. En la manifestación irán en primer lugar las personas a pie, detrás irá el tractor escenario y a continuación los tractores participantes.
A partir de las 11:30 horas comenzará en la Plaza de San Juan de la Cruz, colocando la cabecera en el Paseo de la Castellana, calzada del sentido Norte-Sur, y discurrirá por el recorrido comunicado por los organizadores: carriles centrales del Paseo de la Castellana, Paseo de Recoletos (ambos sentidos) y Paseo del Prado (solamente sentido contrario a la marcha, es decir sur-norte).
La manifestación a pie finalizará junto al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, situado en el Paseo de la Infanta Isabel número 1. No podrán obstruir el paso subterráneo de la Plaza del Emperador Carlos V, avisan desde Delegación del Gobierno.
La manifestación de tractores finalizará en el Paseo del Prado, debiendo quedar la cabecera en la confluencia de éste con la Plaza del Emperador Carlos V. Podrán acceder al lugar donde se llevará a cabo la concentración final de los manifestantes a pie y, en representación, un número total de 80 tractores. Todo esto se hará siguiendo las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, indican.
En función de la afluencia de manifestantes, y con el fin de que el acto se desarrolle en condiciones de seguridad, por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se habilitarán nuevos espacios o se limitarán los mismos.
Una vez finalizada la concentración, los tractores abandonarán el lugar, siguiendo las indicaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, para dirigirse a sus lugares de origen, por las mismas rutas especificadas o por aquellas que les indiquen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con excepción de la Ruta de Guadalajara, por coincidir con la celebración del partido de fútbol entre el Atlético de Madrid y el F.C. Barcelona en el estadio Civitas Metropolitano.
La protesta finalizará en torno a las 14.00 horas, aunque las afecciones está previsto que se alarguen hasta aproximadamente las 16.00 horas, indican desde la Delegación del Gobierno en Madrid.
El ADN de la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contendría la triple enzima trumpista (autocracia, instauración del paraíso neoliberal y retorno al "pensamiento único heteropatriarcal") y cuyo objetivo sería la instauración de un sistema autocrático, forma de gobierno ejercida por una sola persona tras fagocitar a los votantes de Vox y lograr la anhelada mayoría absoluta.
Ayuso sería pues la heredera natural del legado trumpista y tras la mayoría absoluta lograda por ella en las elecciones anticipadas del 2021, seguirá apostando por el «panem et circenses» en detrimento de los servicios públicos a la espera de realizar su sueño confeso: ser presidenta del Gobierno central.
Díaz Ayuso con la ayuda inestimable de su asesor, Miguel Ángel Rodríguez, habría conseguido suplir las deficiencias en su gestión pública así como el desconocimiento de su programa electoral por parte de los electores con el impacto mediático de sus intervenciones públicas.
Igualmente, Ayuso sería una "rara avis" que consigue desarbolar cualquier estrategia opositora que sea mínimamente racional y desde su atalaya de la Puerta del Sol se habría convertido en el azote de Sánchez. Otro rasgo de la personalidad de Ayuso sería el histrionismo que le impele a llamar la atención pública y ser temeraria en sus afirmaciones sin importarle la opinión de los demás, debido a su evidente falta de moralidad así como la tentación de perjudicar la vida de los demás (léase los menús infantiles de Telepizza).
El llamado "milagro económico del paraíso neoliberal madrileño", se basaría en las tradicionales recetas neoliberales de supresión o drástica reducción de impuestos para atraer a incontables empresas nacionales y extranjeras así como al 40% del talento joven del resto de España, (un 65% de los cuales tendría titulación universitaria). El objetivo confeso sería convertir a la Comunidad madrileña en una "aspiradora de talentos y fortunas" que terminen convirtiendo a Madrid en "el paraíso económico neoliberal de Europa" y al resto del Estado español en el "patio trasero madrileño".
Sin embargo, las recetas neoliberales en el plano económico tendrían como efectos colaterales el incremento desmesurado del trabajo precario, la progresiva pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores, el incremento galopante de la economía sumergida y el verse obligados en muchos casos a vivir hacinados en inmundas viviendas. Así, la escasez de oferta de vivienda y la escalada brutal del precio de los alquileres condenarían al 50 % de las familias demandantes de nueva vivienda a vivir fuera del área metropolitana, en otros pueblos de la Comunidad o en provincias limítrofes.
El término cisne negro designa a un "acontecimiento inesperado e impredecible que produce consecuencias a gran escala y que es explicable solamente a posteriori". En el caso de Ayuso, ese cisne negro habría adoptado la forma de denuncia de la fiscalía a su pareja por fraude fiscal y falsedad documental y dado que sufre la enfermedad del Poder, ello podría socavar su estabilidad emocional y provocar su dimisión.
Así, Ayuso estaría aquejada del virus político conocido como "sindrome de hybris”, o enfermedad del poder, citado por el médico y político inglés David Owen en su obra The Hybris Syndrome: Busch, Blair ant the Intoxication of Power. Dicho término procede de la palabra griega “hybris” y significa "desmesura"y los que sufren dicho síndrome tienden a la transgresión de las normas generales admitidas.
Sin embargo, el tener un ego enfermo de hybris conlleva un castigo o némesis que puede desembocar en una crisis personal en la que el enfermo corrige su conducta y adquiere el conocimiento de la otredad, por lo que la crisis personal de Ayuso le liberará de la enfermedad del poder y le permitirá al fin conocer la otredad.
Así, los idus de Marzo podrían socavar la prepotencia de Ayuso y conseguir lo que no logró su nefasta gestión de la pandemia del COVID que se tradujo en un reguero interminable de fallecidos en residencias tras ser vetado su acceso a los hospitales, ni la actual saturación de las listas de espera en la sanidad pública ni la conversión de los centros educativos públicos en guetos de inmigrantes, ni la escalada brutal del precio de los alquileres.
Germán Gorraiz Lópe
Analista.
Ha sucedido en el torneo de Indian Wells en un partido entre Acaraz y Zveref. De pronto irrumpe en la pista un impresionante enjambre de abejas como muestran las imágenes que TVE ha subido a TicToc
@movistarplus Un enjambre de abejas detiene el Alcaraz-Zverev. #LaPistaDelTenis #alcaraz #beeinvasion #bee #indianwells #deportesentiktok #tennistiktok #viralvideo sonido original - Movistar Plus+
Varios de los artículos contemplados en el Real Decreto 176/2023, de 14 de marzo por el que se desarrollaron entornos más seguros de juego, entran en vigor este viernes 15 de marzo, entre ellos la prohibición de uso de tarjetas de crédito para jugadores en riesgo y jugadores intensivos.
También entra el vigor el establecimiento de sesiones de juego para la licencia de otros juegos y loterías instantáneas (artículo 13 y 15). De este modo, el usuario, antes de comenzar a jugar, tendrá que establecer un límite de tiempo y dinero. Cuando uno de los dos condicionantes se agote, se cerrará la sesión (una vez concluya la partida, mano o tirada en curso).
Por otro lado, desde este viernes es obligatorio el uso de medios de pago nominativos para jugadores en riesgo (Artículo 30.1) "El objetivo es evitar que un jugador en riesgo que ya ha agotado sus recursos utilice medios de pago de terceras personas (familias, amigos, tarjetas de empresa) para continuar jugando, generando una deuda a una tercera persona que puede desconocer la situación", ha destacado el Ministerio.
Los participantes jóvenes (de 18 a 25 años) no podrán recibir ningún tipo de actividad promocional cuyo objeto sea ajeno a la actividad de juego desarrollada en la plataforma del operador para evitar que "obtengan regalos por parte de los operadores de juego que poco o nada tengan que ver con el juego (entradas a partidos, viajes, etc.) pero que le impulsen a gastar altas cantidades de dinero en el juego para poder obtener esas ventajas".
Asimismo, se prohíben ciertos mensajes engañosos durante el desarrollo de los juegos (Artículo 17), mensajes como "casi acertaste", "estuviste cerca" o similares.
Desde este viernes será obligado emitir mensaje y ofrecer la posibilidad de ingresar premios superiores a 5.000 euros. El artículo 16 especifica que, durante la sesión de juego, la persona deberá recibir, al menos cada 60 minutos, mensajes informativos periódicos de lectura obligatoria para poder continuar jugando. Estos mensajes tienen que contener información objetiva relativa a la conducta de juego durante la sesión, como por ejemplo el tiempo jugado, las cantidades apostadas o las pérdidas netas producidas, y en ningún caso pueden ofrecer juicios de valor del operador sobre dicha conducta.
Finalmente, en la disposición final sexta del artículo se regula el abono de premios por los operadores. Mediante esta modificación, cuando el participante obtenga un premio y la diferencia entre la participación y el premio obtenido sea superior a los 5.000 euros el operador deberá remitir un mensaje al jugador en el que ofrezca a éste la posibilidad de solicitar la transferencia del importe del premio a través de alguno de los medios de pago que el operador hubiera establecido.
La dirección nacional de Ciudadanos ha trasladado este jueves su intención de concurrir a las elecciones de Cataluña del próximo 12 de mayo como parte de un "bloque o frente constitucionalista", con el PP como socio preferente. Según la Ejecutiva, ya trabajan en la conformación de esta alianza, pero rehusan dar más detalles.
Tras la convocatoria electoral, el líder de Ciudadanos en Cataluña, Carlos Carrizosa, afirmó que estaba dispuesto a ser el candidato de la formación para estos comicios y prometió que los 'naranjas' "irán a por todas". Sin embargo, después del anuncio de la fecha de las elecciones, los 'naranjas' y los 'populares' han mantenido contactos para explorar vías de colaboración.
Así, tras una reunión este jueves de la Ejecutiva permanente de Ciudadanos, a la que han asistido el secretario general y el portavoz 'naranja', Adrián Vázquez y Jordi Cañas, respectivamente, y el propio Carrizosa, la dirección ha querido aclarar que su intención es "trabajar en la formación de un frente constitucionalista amplio, transversal e ilusionante".
CON PARTIDOS O ASOCIACIONES
La idea, adoptada por unanimidad, pasa por "impulsar alianzas con otras formaciones políticas y con la sociedad civil", aunque Ciudadanos no ha proporcionado detalles sobre con qué partidos o plataformas quiere coaligarse. Fuentes de la Ejecutiva explican a Europa Press que su objetivo es captar a miembros relevantes y de renombre con perfil constitucionalista de la sociedad civil para armar un frente amplio y transversal capaz de ofrecer una alternativa a los catalanes.
En un comunicado, la Ejecutiva 'naranja' ha reivindicado a Ciudadanos como "el proyecto que nació para plantar cara al nacionalismo, que fue fundamental para frustrar su golpe a la democracia de 2017 y que ha sido el único capaz de vencerle en las urnas". Así, ha garantizado que "cumplirá con su obligación de dar voz a todos los catalanes que creen en la libertad, la igualdad y la unión entre españoles".
Ciudadanos lleva años encadenando debacles electorales. La última, cosechada en las elecciones municipales y autonómicas del 28M, que significaron la pérdida del 80% de los concejales 'naranjas' y la desaparición de los parlamentos autonómicos en liza, llevó a la dirección a decidir que no concurriría a las generales del 23J. Esta postura generó una gran contestación interna.
El Gobierno de Castilla-La Mancha sacará de nuevo en el mes de abril una nueva convocatoria de ayudas que, dotada con 8 millones con cargo al Programa de Desarrollo Rural, pretende ayudar al sector avícola de la región a "bajar las gallinas al suelo". De momento, solo un 30% de los productores regionales las han sacado de la jaula, para que se puedan mover con total libertad.
Así lo ha adelantado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en la clausura de la Asamblea General de la Asociación de Avicultores de Castilla-La Mancha (Avicam), productores que han agradecido la ayuda del Ejecutivo regional.
El consejero ha destacado la importancia de este sector, representado por 113 empresas de producción de huevos y 47 empresas reponedoras para esas granjas, que ponen a Castilla-La Mancha "a la vanguardia".
El consejero ha destacado que el sector avícola de la región no ha parado de evolucionar desde el 2010, anticipándose a muchos cambios de los que se han venido produciendo y que "siempre han contado con apoyo del Gobierno regional".
"En este caso en la novedosa situación que se produce de tener que empezar a trabajar en bajar las gallinas de la jaula al suelo, en el concepto de camperas o ecológicas, y en el que es necesario apoyar esa conversión para minimizar el impacto que supone económicamente a estas empresas".
Tras recordar que el Ejecutivo ya resolvió 11,3 millones de euros en la primera convocatoria de ayudas a este fin, ha explicado que con la convocatoria de abril se podrá dotar de hasta 800.000 euros el expediente y hasta 350.000 euros, por unidad de producción.
"Son volúmenes importantes, puesto que la inversión para este tipo de actividad también es muy importante", ha reconocido Martínez Lizán, que ha puesto en valor a la Asociación de Avicultores de Castilla-La Mancha.
"Es muy seria, muy responsable, trabaja por el bien común de todos sus productores y está dando ejemplo de cómo tienen que desarrollarse las peticiones hacia la Administración, en el sentido de colaboración, respeto y trabajo serio y concienzudo por el bien de un sector".
LAS EMPRESAS PEQUEÑAS TIENEN MÁS DIFICULTAD
Por su parte, el presidente de Avicam, Vicente Arriscado, ha verbalizado la "gratitud" del sector por el "compromiso" que la consejería ha tenido con estos productores desde que se empezó a aplicar directiva de bienestar animal.
"Ahora los cambios que se están produciendo no es porque haya una normativa impuesta a través de la Unión Europea, sino por intereses comerciales de la conversión de la gallina de la jaula al suelo".
"Somos unos privilegiados, porque no existe ninguna comunidad autónoma en la que existan este tipo de ayudas con respecto al sector", ha dicho Arriscado, que no solo ha valorado el apoyo económico de la Administración regional a esa reconversión, sino también la posibilidad de la PAC contemple también ayudas para sacar a las gallinas del habitáculo en el que están, "llamese jaula".
Preguntado por cómo va esa reconversión del sector de puesta, el presidente ha indicado que va "poco a poco", y que, en la actualidad, solo abría acometido ese cambio más del 30% de los productores, sobre todo de empresas grandes.
"Las empresas pequeñas tienen un problema a la hora de acometer este tipo de inversiones, porque conlleva que se tiene que prolongar la actividad, pero hay un problema sucesorio", ha precisado.
ACTUALIZAR LA REFORMA DEL BIENESTAR ANIMAL
Preguntado por la propuesta de la Unión Europea para actualizar la reforma del bienestar animal, el consejero ha reconocido que es preciso "darle una revisión importante", pero escuchando al sector.
"Hay que entender que hay cada vez una mayor sensibilidad ciudadana en el concepto del bienestar animal y que, por lo tanto, hay que entender que tenemos legislar para todos los ciudadanos que conforman nuestros territorios. En ese sentido es en el que habrá que trabajar".
"Entendiendo que es una norma que nos toca aplicar, como las sentencias judiciales. Te pueden gustar o no gustar, pero las tienes que aplicar. Aquí tenemos la facilidad de poder intentar hacer algunos cambios, que es en lo que trabajamos en el futuro y en lo que trasladaremos en cualquier reunión del ámbito nacional o internacional en la sede de la Unión Europea, para poder mejorar las condiciones de productividad de nuestros agricultores y ganaderos".
Alberto G. A., pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habría cobrado dos millones de euros en comisiones por mediar en la compraventa de material sanitario durante la pandemia de Covid-19, según adelanta 'ElDiario.es'.
El citado medio explica que el modus operandi que presuntamente utilizó la pareja de Ayuso para no pagar los impuestos de esas operaciones derivó en una denuncia por parte de la Fiscalía de Madrid, que se ha conocido este martes, a raíz de un informe de la Agencia Tributaria.
El fiscal acusa a la pareja de Ayuso, y a otras cuatro personas más, de dos delitos de defraudación tributaria relativos al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la entidad Maxwell Cremona Ingenieria y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S.L. y un presunto delito de falsedad en documento mercantil.
La Agencia Tributaria sostiene que por los periodos impositivos comprendidos en el año 2020 y 2021, no veraces, "se dejó de ingresar con su comportamiento fraudulento la cuantía, de 155.000 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2020 y de 195.951,41 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2021 en el Erario Público".
Según el citado medio, todo está escrito en la contabilidad que la firma Maxwell Cremona SL, propiedad íntegra de Alberto G., remitió a la Agencia Tributaria, que concluyó en la denuncia: de los 2,33 millones de euros que facturó en 2020 la principal empresa de la pareja de Ayuso casi el 85%, 1.973.000 euros, procedieron, según explicó el empresario a Hacienda, de una única operación: un contrato por "intermediar" para la empresa española FCS en la compraventa de productos sanitarios, como guantes y mascarillas para la protección frente al coronavirus.
Cabe señalar que el PP denunció ante la Fiscalía Anticorrupción los contratos de emergencia adjudicados por el Ejecutivo central durante la pandemia, presentando "pruebas" de las presuntas irregularidades y, entre las empresas objeto de investigación, se encontraba 'FCS Select Products SL'. Según el PP, esta adjudicación era causa de la relación de amistad de los administradores de la sociedad con el que fuera ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Además, el PP añadía a esto que su actividad social --servicios de fabricación de productos de artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas-- tampoco tenía relación directa con el objeto del contrato, que también se dio una falta de comprobación de su solvencia y que en 2018 su cifra de negocio fue inferior al millón de euros, mientras que en 2020 alcanzó los 236,1 millones de euros por las adjudicaciones públicas directas.
"MERO INTERMEDIARIO"
La Inspección de Hacienda describe a la firma de la pareja de Díaz Ayuso como "un mero intermediario que se limitará a poner en contacto las dos partes que vayan a formalizar la compraventa de los productos" y destaca que "en ningún caso aparecerá ni como comprador ni como vendedor ni como parte del acuerdo", recoge el citado medio.
Así, FCS Select Products pagó supuestamente a la empresa de la pareja de la presidenta madrileña 1.973.000 euros en dos comisiones por venderle a la firma gallega Mape Asesores material sanitario por 42 millones de euros.
Mape, la compradora del material, es otra empresa que también surtió de guantes y mascarillas a diferentes administraciones públicas. Entre sus clientes estaría la propia Comunidad de Madrid, que le ha adjudicado decenas de pequeños contratos en los últimos años, explica 'ElDiario.es'.
Esquerra Republicana quiere citar en el Congreso, en la comisión de investigación de la llamada 'Operación Cataluña', al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a sus cuatro antecesores (Pablo Casado, Mariano Rajoy y José María Aznar), así como a otros miembros de Gobiernos del PP como la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, al juez Manuel García Castellón y a los tres últimos responsables del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Por un lado, ERC quiere llamar a esa comisión de investigación a buena parte de la cúpula del PP de las últimas décadas. Además de Feijóo y los expresidentes Casado, Rajoy y Aznar, la formación independentista incluye a la secretaria general María Dolores Cospedal y a su marido, el empresario Ignacio López del Hierro, así como a numerosos ministros y altos cargos.
En la lista figuran la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y los exministros Jorge Fernández Díaz, Rafael Catalá, Alberto Ruiz Gallardón, Luis de Guindos y Cristóbal Montoro.
Así figura en el listado de más de sesenta comparecencias que ERC ha registrado este martes para esta nueva investigación parlamentaria sobre las llamadas 'cloacas' del Ministerio del Interior en el primer Gobierno Rajoy, una de las tres comisiones que los independentistas pactaron con los socialistas a cambio de apoyar a Francina Armengol en la Presidencia del Congreso y así dar a PSOE y Sumar la mayoría en la Mesa de la Cámara.
La Fiscalía de Madrid ha presentado en los juzgados de instrucción una denuncia contra Alberto G. A., pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por la presunta comisión de dos delitos de defraudación tributaria y uno de falsedad en documento mercantil.
Así consta en una denuncia, adelantada por 'ElDiario.es' y a la que tuvo acceso Europa Press, en la que el fiscal imputa estos tres delitos a Alberto G. A., Maximiliano Eduardo N. G., David H. L., Agustín C. S. y José Miguel C. S.
En la denuncia, el fiscal solicita que se tome declaración a estas personas en calidad de investigados y que testifiquen como peritos los inspectores de Hacienda que han elaborado el informe de la Agencia Tributaria relativo a este asunto.
El fiscal les acusa de dos delitos de defraudación tributaria relativos al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la entidad Maxwell Cremona Ingenieria y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S.L. y un presunto delito de falsedad en documento mercantil.
La Fiscalía investiga a raíz de un informe de la Agencia Tributaria un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación que duró dos años "unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades".
"Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021", recoge la denuncia del fiscal.
El pasado 22 de enero, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce "determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito".
El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar "un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer".
APERTURA DE DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN
A raíz de este informe, la Fiscalía acordó el pasado 23 de enero abrir diligencias de investigación, lo que ha derivado en al presentación de la citada denuncia en los juzgados de instrucción de Madrid.
Según el fiscal, la dirección de la sociedad en el periodo comprobado corría a cargo de un administrador único Alberto G. A., pareja de la presidenta regional. Por parte de la Agencia Tributaria se iniciaron actuaciones de comprobación el día 12 de mayo de 2022.
En el curso de dichas actuaciones de comprobación para el Impuesto Sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la citada sociedad, según la denuncia, "se ha detectado que dicha sociedad, con la finalidad de eludir su tributación, ante el incremento del volumen de negocios que había experimentado en esos ejercicios, llevó a cabo determinadas conductas, con la única finalidad de reducir dicha tributación".
FALTURAS FALSAS
Según el fiscal, se dedujo "indebidamente gastos en virtud de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados, facturas que fueron giradas por las mercantiles MKE Manufacturing SA de CV, Gayani LTD, Purpura Star SL, Baluarte Desarrollo de Centro Especial de Empleo SL, Desarrollo de CEE El Manantial SL, Bianconera Spa SL y Ginmosur SL".
Por ejemplo, se expone que "en el ejercicio 2020, se dedujo la factura por importe de 620.000 euros emitida por la sociedad mexicana Mke Manufacturing SA de CV en la que actuaba como representante Maximiliano Eduardo N. G., empresa que no realizó ningún servicio o trabajo a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería Y Procesos Sociedad Para El Fomento Del Medioambiente SL".
Según consta en la denuncia, en el ejercicio 2021, Maxwell Cremona facturó algunos de sus servicios a su principal cliente Quiron Salud, haciéndolo a través de la empresa Masterman & Whitaker SL, de la que es socio único y administrador Alberto G. A.
"Dicha empresa carece de medios materiales para prestar esos servicios, los cuales se prestaban con medios de Maxwell Cremona, buscando Alberto G. con esa conducta un ahorro fiscal al trasladar parte la actividad a una sociedad vinculada con él, con la finalidad de generar bases imponibles negativas en Masterman&Whitaker SL a compensar en el futuro con los beneficios que aquella pudiera obtener", recoge el documento.
PRESUNTO FRAUDE DE 350.951 EUROS
La Agencia Tributaria sostiene que por los periodos impositivos comprendidos en el año 2020 y 2021, no veraces, "se dejó de ingresar con su comportamiento fraudulento la cuantía, de 155.000 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2020 y de 195.951,41 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2021 en el Erario Público".
La denuncia señala que "en el presente caso, como elemento objetivo del tipo, concurre indiciariamente la conducta defraudadora, que consiste en reflejar en la declaración del Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la entidad Maxwell Cremona Ingeniería Y Procesos Sociedad Para El Fomento Del Medioambiente SL unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades reflejadas a lo largo de nuestro escrito".
"Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021"
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha exigido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que aclare si vive en un piso que "pagó con dinero procedente del fraude fiscal" tras conocerse la denuncia contra su pareja.
"Mientras la gente se moría, su pareja hacía fraude fiscal para agrandar sus beneficios en 350.000 euros y su hermano se embolsaba 234.000 euros por contratar con la Comunidad", ha lanzado Bergerot en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.
Esta mañana ha salido a la luz, adelantado por eldiario.es y confirmado por Europa Press, que la Fiscalía Provincial de Madrid ha presentado una denuncia contra la pareja de la mandataria autonómica tras recibir un informe de la Agencia Tributaria en la que se refleja una investigación arrancada en 2022.
En el texto se plantea que el empresario, vinculado al sector sanitario, podría haber defraudado casi 351.000 euros a través de un entramado de sociedades pantalla y facturas falsas.
Bergerot ha reclamado que estas aclaraciones sean "urgentes" y ha criticado que Ayuso "viva a cuerpo de rey en su nuevo piso" mientras la "mayoría de los madrileños pelean por llegar a fin de mes y pagar un alquiler o una hipoteca".
La princesa Catalina de Gales se ha disculpado públicamente este lunes por "cualquier confusión" derivada de la fotografía familiar que difundió el domingo la Casa Real, retirada por grandes agencias de su archivo tras constatar que estaba editada.
"Como muchos fotógrafos aficionados, a veces pruebo con la edición", ha asegurado la esposa del príncipe Guillermo en una breve apunte compartido por el Palacio de Kensington. "Espero que todo el mundo haya tenido un feliz día de la madre".
Esta festividad fue el motivo elegido por la Casa Real para distribuir la primera imagen de la princesa desde la cirugía abdominal a la que se sometió a mediados de enero, de la que no han trascendido detalles pero que le ha mantenido lejos del foco público.
Catalina aparece junto a sus tres hijos, en una escena captada por su marido y de la que la Casa Real no especificó en un inicio fecha, si bien los medios británicos sí han asegurado que es reciente. En ella, se perciben retoques de edición que han derivado en la anulación de la distribución por parte de cinco agencias.
A la princesa, de 42 años, se la ha podido ver este lunes saliendo de Windsor junto al heredero al trono, a bordo de un vehículo y rumbo al lugar donde se celebraba una ceremonia religiosa con motivo del Día de la Commonwealth. Catalina no ha asistido al acto, pero la Casa Real ha aclarado que tenía una reunión privada.
Además del príncipe Guillermo, a la misa también ha asistido la reina Camila, aunque no el rey Carlos III, que sigue sin agenda oficial pública desde que fue diagnosticado de cáncer.
El presidente del tribunal de la Audiencia Nacional que juzgó los atentados del 11 de marzo de 2004 y ahora juez en excedencia, Javier Gómez Bermúdez, cree que "la sentencia es mejorable" y no fue "redonda" porque no se condenó en primera instancia a Antonio Toro, a pesar de que el Tribunal Supremo le impuso finalmente una pena de cuatro años por tráfico de explosivos.
"Yo tendría que haberme esforzado más, porque si llego a razonar un poco más pues probablemente el Supremo hubiera validado la condena. Entendimos que había pruebas suficientes para condenarlo y nos quedamos cortos", reconoce en una entrevista concedida a Europa Press con motivo del 20 aniversario de los ataques terroristas, unos hechos que prescriben este lunes.
Gómez Bermúdez, que desde hace siete años ejerce como abogado en el despacho Ramón y Cajal, fue el presidente del tribunal y el ponente de la sentencia que condenó a 18 personas por los atentados que segaron la vida de 193 personas y provocaron más de 2.000 heridos.
El magistrado en excedencia incide en que aunque la propia sentencia "no era redonda", cree que se hizo "un trabajo correcto". Eso sí, asegura que todavía no se explica cómo pasaron por alto la cuestión relativa a Toro. "Yo creo que estábamos tan metidos... Bueno (se me pasó), a mí en particular, que era el ponente y por lo tanto estaba obligado a proponer a los compañeros las tesis jurídicas", añade.
Pese a ese matiz, posteriormente subsanado por el alto tribunal, Gómez Bermudez cree que los hechos quedaron probados de forma clara. Es por eso que lamenta la existencia de las "teorías de la conspiración", que a su juicio "han hecho mucho daño a las víctimas".
"El dolor que sienten por lo que han sufrido, por lo que les ha pasado, se ve encima aumentado por la duda, creada artificialmente. Seguir discutiendo cosas tan absurdas como si ETA intervino, o si había titadine o no... Yo creo que ha hecho mucho daño", afirma.
POLÍTICOS QUE SOSTIENEN "TESIS INSOSTENIBLES"
Echando la vista atrás, Gómez Bermúdez recuerda que los meses posteriores a los ataques "la sociedad estaba dividida" y se crearon distintos bandos, también entre los medios de comunicación. "Hay quien trataba la información más dignamente y quien no. Pero es que las teorías de la conspiración no tienen la más mínima base", insiste.
En esta línea, el letrado lamenta que "todavía existan políticos, la mayoría retirados, que sigan sosteniendo tesis insostenibles". "Es su derecho, son ciudadanos, tienen libertad de expresión; ellos verán. Pero eso simplemente es ya una opinión", añade.
A pesar de todo, veinte años después de los atentados Gómez Bermúdez sostiene que "jamás, ni antes, ni durante ni después de la sentencia" nadie le ha abroncado o reprochado su actuación. "Nadie me ha abordado por la calle , digamos con malas formas, todo lo contrario. Los pocos que se acercan es para preguntarme o darme las gracias. La gente es muy amable", reconoce.
AGUANTÓ "EL CHAPARRÓN" DE ALGUNOS ABOGADOS DURANTE EL JUICIO
Preguntado si considera que hubo abogados que no actuaron bien a la hora de defender a sus clientes, Gómez Bermúdez señala que le sorprendió que "algunos, muy pocos, eran acusaciones particulares y actuaban como defensas".
"Esto me tenía perplejo", reconoce, antes de indicar que el presidente de un tribunal, en circunstancias así, puede tomar la decisión radical de expulsar del proceso a esos letrados. "Pero si haces eso --se explica-- das una causa de nulidad. Por lo tanto, aguantas el chaparrón y punto, aguantas que las acusaciones pregunten cosas que no están en sus escritos, plantean tesis distintas y no pueden hacerlo".
Con todo, el magistrado en excedencia aplaude el "trabajo magnífico" de la mayoría de los letrados defensores que participaron y "sobre todo", destaca, "los abogados del turno de oficio", para quienes "supuso un sacrificio enorme porque sus despachos los tuvieron que cerrar durante un año y pico", ya que el juicio duró cuatro meses y medio --del 15 de febrero al 2 de julio de 2007--, más el tiempo hasta que el Supremo sentenció en firme, en 2008. "Hicieron un esfuerzo descomunal, mi recuerdo es muy bueno", resalta.
Gómez Bermúdez rechaza que lo vivido en el juicio del 11-M influyera en su decisión de dejar años después la judicatura, señalando que la sentencia la dictó en 2007 y su excedencia voluntaria como se produjo en 2015, cuando fue designado juez de enlace en Francia, dos años antes de pasar a ejercer como abogado.
Sí que admite que tras la sentencia de los atentados y después de la del accidente aéreo del Yak-42, que fue "particularmente dañina" para su futuro en la carrera judicial, quedó "amortizado".
"Yo ya sabía que no iba a llegar al Tribunal Supremo. Y llega un momento en el que decido probar otras experiencias, nada más", asegura, para añadir que no descarta poder volver a la judicatura, un retorno que no se ha dejado de plantear porque se considera "juez de vocación", pero desliza que lo ve "francamente difícil".
"HAY QUE DAR ALGUNA ASIGNATURA"
Para que lo que pasó el 11-M no quede en el olvido, el ahora abogado considera "imprescindible" que se dé clase en las escuelas. "Alguna asignatura de contenido ético hay que dar a los chicos, y que entiendan lo que es la intolerancia, lo que es el radicalismo, adónde ha conducido históricamente, etcétera", sostiene.
No basta, en su opinión, con recordar los atentados de Madrid o el terrorismo en general en asignaturas tradicionales como Historia, donde cree que se imparten los contenidos de forma genérica. "No me vale con eso", señala, demandando una asignatura que, "a través de la ética, enseñe los comportamientos democráticos, la base democrática", que es "imprescindible".
Sobre si ve a España bien coordinada policial y judicialmente para prevenir nuevos atentados, Gómez Bermúdez hace hincapié en el papel del azar: "Juega como con humor negro, parece una broma ver cómo se conjugan factores para que se produzca, y la mitad son de azar. Son desgracias que ocurren. En todos los atentados, no hay que olvidarlo, hay un componente de mala suerte".
El juez en excedencia señala que en un atentado siempre hay un fallo de seguridad. En este sentido, menciona que en los de Barcelona, en agosto de 2017, no había ningún obstáculo en la calle que impidiera que la furgoneta de los terroristas se colara en las Ramblas y arrollara a muchas personas, así como que "a nadie se le ocurre pensar que nadie tiene 30 bombonas de butano", en alusión a la explosión en la casa de Alcanar (Tarragona) que usaba la célula yihadista.
"Siempre hay un fallo de seguridad, pero a posteriori es muy fácil prevenir las cosas", advierte, tras recordar que muchas ciudades españolas decidieron, tras el atentado de Niza (Francia) en 2016, poner obstáculos físicos para evitar que en determinadas zonas muy peatonales pudieran entrar vehículos con intención de atentar.
LA SITUACIÓN DE LOS 18 CONDENADOS
De los 18 condenados por los atentados, tan solo tres permanecen en prisión: Jamal Zougan, Othman el Gnaoui y José Emilio Suárez Trashorras. Fuentes jurídicas explican a Europa Press que los tres cumplirán sus respectivas condenas en 2044; los dos primeros se encuentran en primer grado y Trashorras en segundo grado.
Los 15 restantes se encuentran en libertad porque ya cumplieron sus respectivas penas. Del total, 8 fueron expulsados a sus países de origen una vez se practicó el licenciamiento de sus castigos. Otro de los condenados, Hassan el Haski, fue extraditado a Marruecos en junio de 2019 cuando cumplió la pena por el 11-M para ingresar en prisión por otro asunto judicial.
La Policía Nacional ha detenido a cinco hombres en relación con una presunta agresión sexual grupal a una joven de 26 años en el municipio malagueño de Marbella, tras la denuncia interpuesta por esta.
En concreto, los hechos tuvieron lugar el pasado 5 de marzo y los arrestados tienen entre 19 y 33 años, han señalado fuentes policiales. Al parecer, llevaron a la joven a un hotel donde, presuntamente, fue agredida.
Asimismo, según han apuntado, no está confirmado que haya una posible sumisión química, pero la Policía Nacional está pendiente de los correspondientes análisis en este sentido.
Por último, las citadas fuentes han señalado que la investigación está abierta, tendente a determinar el grado de participación de cada uno de los sospechosos en los hechos. Los cinco arrestados han sido puestos este viernes a disposición del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella.
El Gobierno ha salido en tromba contra el Partido Popular por un vídeo que han publicado en redes sociales con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde acusan al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de beneficiar a violadores y agresores sexuales tras la entrada en vigor de la ley del 'solo sí es sí'.
En el vídeo, el PP sobreimpresiona en el rostro de Pedro Sánchez la cifra de más de 1.200 reducciones de condena y 120 excarcelaciones a agresores sexuales, mientras el presidente del Gobierno ponía en valor la norma para reforzar la seguridad de las mujeres. "Este 8M el Gobierno de Sánchez no tiene nada de lo que estar orgulloso", rezan los 'populares' en esta publicación lanzada en la red social X.
Además, el PP también rotula un discurso de Sánchez en el Congreso donde exclamaba "viva el 8 de marzo". "Y lo dice mientras beneficia a los agresores sexuales", concluyen los de Alberto Núñez Feijóo. "Recordatorio: este 8M no te olvides de las víctimas de la ley del 'solo sí es sí'", escribe el PP en el 'tuit' que da paso al vídeo.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha acusado al vídeo del PP "de odio e ignorancia". "Cuando creemos que no se puede caer más bajo, llega el PP con esa mezcla de odio e ignorancia. Pero la ciudadanía sabe que este es el Gobierno de la igualdad y que los grandes avances en derechos llevan la firma del PSOE", ha escrito en redes sociales.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apuntado que el PP "blanquea al negacionismo de la violencia de género, gobierna con quienes anuncian boicot a las reivindicaciones feministas del 8M y comparte gobiernos autonómicos y municipales con un partido de extrema derecha que pretende recortar" los derechos de las mujeres.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha recordado a la formación de Núñez Feijóo sus pactos con Vox en 140 ayuntamientos y comunidades autónomas "con un partido negacionista de la violencia machista y que blanquea a los agresores". "Otro 8M viendo de todo", ha lamentado en X.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha insistido en señalar este 8M "que el PP es el partido que pacta con los negacionistas de la violencia machista, que niega declaraciones institucionales en parlamentos autonómicos y ayuntamientos". "Pero, sobre todo, no te olvides de que nunca estuvieron con nosotras".
"Mañana es 8M y el PP se esconde tras un vídeo miserable. El partido que siempre ha intentado frenar todos los avances de derechos de las mujeres", ha criticado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. "Pero quienes frenamos un gobierno de Feijóo y Abascal el 23J fuimos nosotras y mañana nos volverán a escuchar en calles y plazas", ha añadido.
Desde la cuenta del PSOE en X han asegurado que la campaña del PP para el 8M "muestra el estado actual de ese partido". "Desnortado, sin liderazgo, lleno de odio y falto de cualquier idea que no sea la crispación", han subrayado, al tiempo que han recordado el resultado de las elecciones del 23 de julio. "España decidió. Asumidlo de una vez y trabajad por el país con lealtad a su gente y no a vuestra frustración. Ya va siendo hora"
El Congreso aprobará el próximo 14 de marzo, en una sesión plenaria monográfica, la proposición de Ley de Amnistía que el PSOE ha pactado con los independentistas de ERC y de Junts y que este jueves saldrá adelante en la Comisión de Justicia.
La Ley de Amnistía tuvo que volver a la comisión el pasado 6 de febrero, después de que una semana antes Junts votara en contra en la votación de conjunto a la que tuvo que someterse en el Pleno por tener carácter orgánico.
Este jueves, último día de plazo para emitir un nuevo dictamen, la Comisión de Justicia aprobará la Ley de Amnistía tras haberse acordado una enmienda entre el PSOE y los independentistas. Y la siguiente y última parada será la aprobación por el Pleno del Congreso para su remisión al Senado.
Como el orden del día del Pleno de la próxima semana ya está cerrado y su modificación exigiría una unanimidad que ni el PP ni Vox iban a conceder, los promotores de la ley han optado por convocar un segundo pleno la próxima semana, el jueves 14, en el que se debata y vote la proposición de ley.
SE RETIRARÁN TODAS LAS ENMIENDAS PARA EL PLENO
En este Pleno extra sólo se votará el dictamen de la Comisión de Justicia, ya que el PSOE y sus socios han acordado retirar todas las enmiendas que estaban vivas y descartar cualquier modificación más, aseguran fuentes parlamentarias.
Eso sí, como es una norma de rango orgánico necesitará el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara (176 diputados) para salir adelante, por lo que no cabe cometer errores ni debe haber debe ausencias.
Si la ley prospera en el Pleno, la iniciativa se enviará al Senado para que continúe su recorrido. El PP tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta y piensa retrasar al máximo los trámites. En cualquier caso, no podrá hacerlo más de dos meses puesto que ése es el límite que establece la Constitución, con lo que la entrada en vigor se calcula para finales de mayo.
Pero si en el próximo Pleno del Congreso la ley no llegara a ese umbral mínimo de 176, como ocurrió el 30 de enero, ya no habría una nueva oportunidad y todo el procedimiento parlamentario tendría que empezar desde el principio con la presentación de una nueva proposición de ley.
PSOE, Junts y ERC han anunciado un acuerdo sobre la ley de amnistía "después de días de trabajo conjunto" aunque sin desvelar hasta mañana el contenido de la misma.
Así lo han anunciado las tres formaciones a través de un comunicado conjunto en el que han informado que "el contenido íntegro de dicha transacción se dará a conocer mañana, antes de la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados convocada a tal efecto".
Según expone el texto, el contenido de la ley de amnistía tiene en cuenta "las directrices del derecho constitucional, europeo e internacional, así como el informe preliminar de la Comisión de Venecia".
El PSOE y los grupos independentistas han detallado que han logrado llegar a un acuerdo mediante una "transacción única a partir de diferentes enmiendas que se mantenían vivas para reforzar la ley de amnistía".
En concreto, han señalado que la futura ley de amnistía "cubre a todas las personas vinculadas al proceso independentista", eludiendo aclarar no obstante si se va a modificar el modo en que quedan recogidos los delitos de terrorismo en la norma, que va a beneficiar a los implicados en el proceso independentista.
El comunicado de los tres partidos también hace hincapié en que la ley de amnistía es "plenamente conforme con la Constitución, el derecho y la jurisprudencia europea y los mejores estándares europeos e internacionales".
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya avanzó en una rueda de prensa durante su viaje oficial a Brasil que habría que esperar al acuerdo para ver si las modificaciones a la norma afectarían a los delitos de terrorismo, tal como había pedido el partido del expresidente catalán Carles Puigdemont. "Ya lo verán en la enmienda", respondió textualmente.
El pasado 30 de enero los diputados de Junts optaron por el 'no' en la votación de conjunto sobre la ley impidiendo así que se alcanzaran los 176 votos necesarios para ser aprobada por el Pleno, por lo que se devolvió a la Comisión de Justicia, que se celebrará mañana a las 11.00 horas.
REACCIÓN DEL PSOE: "RECONCILIACIÓN Y GENEROSIDAD"
El secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, ha celebrado esta acuerdo señalando que tras el acuerdo da comienzo "una nueva etapa", en el que ha destacado "la política y el diálogo" como "vía" para "resolver los conflictos".
El diputado socialista y principal negociador con Junts ha valorado que la ley de amnistía es "valiente, constitucional y garantista" y deja atrás "la peor crisis de nuestra democracia". "Reconciliación y generosidad para seguir construyendo, juntos, un país mejor", ha reaccionado en un mensaje publicado en la red social X.
La Fiscalía de Madrid solicita cuatro años y nueve meses de prisión para el entrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti por haber defraudado supuestamente al erario público 1.062.079 euros en los ejercicios fiscales de 2014 (386.361 euros) y 2015 (675.718 euros), han informado fuentes fiscales.
El representante del Ministerio Público le imputa dos delitos contra la Hacienda Pública, ya que a pesar de que él mismo afirmó su condición de residente en España a efectos fiscales y de que reflejó que su domicilio estaba en Madrid, solo consignó en sus declaraciones de la renta las retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid y omitió el rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos de imagen que había cedido a otras entidades.
El escrito de acusación sostiene que Ancelotti firmó el 4 de julio de 2013 un contrato de trabajo como entrenador del Real Madrid para el periodo comprendido entre el 5 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2016 "especificándose en su remuneración para ese periodo, además de unos rendimiento de trabajo, unos rendimientos derivados de la cesión de los derechos de imagen al club".
Es más, precisa que desde el mes de julio de 2013 el acusado pasó a trabajar y residir en España, fijando como su domicilio y residencia habitual un inmueble sito en una céntrica plaza de Madrid. Sin embargo, cuando el técnico cesó de forma "anticipada" su relación con el Real Madrid el 25 de mayo de 2015, tuvo la vivienda arrendada hasta octubre de ese año por lo que durante 2015 "España fue su centro principal de relaciones personales e intereses económicos".
ELUDIR LA TRIBUTACIÓN
La Fiscalía subraya que "con el fin de eludir la tributación por los rendimientos de dichos derechos de imagen" tanto los recibidos por el Real Madrid como de otras marcas por eventos varios, el técnico acudió a un "complejo" y "confuso" entramado de fideicomisos y sociedades interpuestas para canalizar el cobro de los derechos de imagen.
Así, "simuló" la cesión de sus derechos de imagen a entidades "carentes de actividad real" y de capacidad de explotación que estaban domiciliadas fuera de España "persiguiendo así la opacidad de cara a la Hacienda Pública española y a la ocultación del beneficiario real de los rendimientos procedentes de sus derechos de imagen, de manera que ni él mismo ni ninguna de dichas sociedades tuviesen que tributar por las cuantiosas cantidades percibidas en España o fuera de nuestro país".
Ancelotti, según la Fiscalía, firmó el 1 de julio de 2013 un contrato privado en el que cedía sus derechos de imagen a la entidad Vapia Limited por un periodo de diez años y un precio de 25.000.000 euros. Un día más tarde la entidad nombra como su apoderado al técnico del Real Madrid "otorgándole los máximos poderes de actuación para gestionar sus derechos de imagen".
Más tarde, en una fecha sin especificar, se formalizó un anexo al acuerdo que modificaba el plazo de duración del acuerdo reduciéndolo a tres años y el precio de compraventa de los derechos de imagen rebajándolo a un millón de euros.
El 4 de julio de 2013, de forma "paralela" a su firma como entrenador del Real Madrid, se otorgó al acusado un contrato privado con el club en el que cedía el 50 por ciento de sus derechos de imagen a la entidad deportiva entre el 5 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2016.
El otro 50% lo tenía una sociedad "innominada" y "no determinada" que actuó en nombre y representación del entrenador italiano. Dicha sociedad resultó ser Vapia LLP, domiciliada en Londres, y no Vapia Limited, una sociedad constituida en Islas Vírgenes, una circunstancia que no se comunicó al Real Madrid hasta un año después.
SIN DERECHOS DE IMAGEN
"De esta forma el acusado se valió de la sociedad Vapia LLP para que ésta se presentara formalmente ante el Real Madrid como titular de los derechos de imagen a pesar de que ni siquiera formalmente los tenía atribuidos, ya que el contrato de cesión referido de 1 de julio de 2013 era con Vapia Limited", añade el escrito.
Ancelotti, según la Fiscalía, presentó en plazo sus declaraciones autoliquidatorias correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en las que afirmaba su condición de residente en España y donde reflejaba como domicilio un inmueble sito en una céntrica plaza de Madrid, pero solo consignó las retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid.
Sin embargo, "omitió todo rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos de imagen llegando de esta forma a declaraciones con cuotas negativas" con un saldo negativo de 39.575 euros en el ejercicio de 2014 y de 529.076 de 2015, cantidades que le fueron devueltas por la Agencia Tributaria en ambos casos.
La Fiscalía precisa que los rendimientos derivados de la cesión de los derechos de imagen supusieron unos ingresos por importe de 1.249.590 euros en 2014 y 2.959.768 en 2015 sin que Ancelotti o las otras dos entidades hayan tributado por estas cantidades.
Pero es que, además, el técnico también omitió en sus declaraciones la titularidad en propiedad de dos bienes inmuebles sitos en el extranjero. Tras realizar los ajustes correspondientes la Hacienda española calculó el perjuicio sufrido atendiendo a rentas e ingresos omitidos y devoluciones obtenidas en 1.062.079 euros (386.361 en el ejercicio 2014 y 675.718 en el ejercicio 2015).
Laura García Lorca, sobrina-nieta del poeta, ha presentado su dimisión como miembro del Patronato Federico García Lorca tras conocer las declaraciones del nuevo director de este organismo, Antonio Membrilla (PP), sobre memoria histórica, a la que se refirió en 2020 a través de redes sociales como "memez histórica".
En una breve carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, Laura García Lorca ha trasladado al presidente de la Diputación de Granada su decisión de dejar el patronato, institución que gestiona la Casa Museo del poeta en su pueblo natal, Fuente Vaqueros (Granada), y el Centro de Estudios Lorquianos, lugar de referencia para investigadores y estudiosos de la vida y obra del poeta.
"Querido presidente, como miembro del Patronato Federico García Lorca de la Diputación de Granada, habiendo leído las declaraciones del nuevo director difundidas en la prensa, me considero obligada a presentar mi dimisión", expone en esta breve misiva la sobrina-nieta del poeta, que ha rehusado hacer más declaraciones al respecto.
La Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación ha sido uno de los colectivos memorialistas que en los últimos días se han sumado a las peticiones de cese inmediato de Antonio Membrilla, como nuevo director del patronato "por haberse burlado de las víctimas del franquismo".
Su nombramiento supone a juicio de este colectivo "una provocación más del Partido Popular al movimiento memorialista de Granada, que sigue buscando los restos de nuestro poeta universal, más leído y admirado".
"La Casa Museo de Fuente Vaqueros, que conoció tiempos de gloria con nuestro querido Juan de Loxa, no se merece un director, sin sensibilidad lorquiana, que menosprecia al poeta y considera la búsqueda de sus restos como una memez histérica", lamentan.
El nuevo director del Patronato Federico García Lorca, Antonio Membrilla (PP), pidió hace unos días disculpas "si alguien se ha visto ofendido o ha malinterpretado" el mensaje que publicó en 2020 en redes sociales en torno a la Ley de Memoria y contextualizó su comentario como respuesta a otro, haciendo un "juego de palabras" para señalar a quienes ejercen una "crítica selectiva" visibilizando "a unas víctimas sólo, frente a otras que quedan en el olvido".
Antonio Membrilla no tomará posesión como director del Patronato Lorca tras "la situación generada"
Antonio Membrilla acaba de comunicar que no va a tomar posesión como director del Patronato Federico García Lorca dada "la situación actual generada" en relación a su nombramiento.
Así lo ha señalado después de que esta misma mañana Laura García Lorca, sobrina-nieta del poeta, haya presentado su dimisión como miembro del Patronato Federico García Lorca tras conocer unas declaraciones de Antonio Membrilla (PP), sobre memoria histórica, a la que se refirió en 2020 a través de redes sociales como "memez histórica".
Junto a ello, siete asociaciones vinculadas a la Memoria Histórica de la provincia de Granada; cinco municipios lorquianos; dos sindicatos y tres partidos políticos de Granada han convocado para este miércoles, a partir de las 17,00 horas, una concentración de protesta en el Centro de Estudios Lorquianos de Fuente Vaqueros para pedir al presidente de la Diputación el cese de Antonio Membrilla.
La presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha afirmado este martes que, cuando presidía el Gobierno balear, no recibió "órdenes" ni "presiones" de la trama Koldo para comprar mascarillas ni para no reclamar la devolución de parte del material, aunque no ha aclarado quién del Ministerio de Fomento les aconsejó contratar esa empresa.
En todo caso, ha defendido su gestión y su buen nombre deplorando toda corrupción, y ha avisado al PP de que "no todo vale en política" y que debe explicar qué ha pasado con esa reclamación que su Govern formalizó en julio de 2023.
En una comparecencia en la Cámara Baja, Armengol ha señalado que en esos primeros meses de pandemia su gobierno recibía muchos nombres de empresas de distintas personas recomendando con quién contratar y que todo eso se enviaba a los técnicos del Servicio Balear de Salud para que revisaran precios y materiales y decidieran si contrataban o no.
Según ha explicado, una de las cosas por las que entró en política fue por luchar contra la corrupción, que es algo que le "repugna" y que detesta "profundamente". "Por eso, no dejaré que mancillen mi nombre y no dejaré que mezclen mi nombre y mi gestión a nada que se parezca a la corrupción", ha enfatizado, rechazando las peticiones de dimisión del PP.
Cristina Ortiz, La Veveno, dio visibilidad a las personas trans. Falleció en 2016 tras pasar cuatro días en coma en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital La Paz de Madrid, donde llegó después de ser encontrada en su casa con un golpe en la cabeza.
Nació en Adra (Almería) el 19 de marzo de 1964. Fue muy popular en los programas de televisión de franja nocturna en la década de los 90 desde que apareciese por primera vez en el espacio de Pepe Navarro 'Esta noche cruzamos el Mississippi'.
La placa dedicada a la artista La Veneno, en el parque del Oeste de Madrid ha vuelto a ser vandalizada, esta vez quemada y golpeada. La misma placa ha sido atacada en numerosas ocasiones como muestran las imágenes. En una de las ocasiones fue tapada con imágenes de Franco.
La senadora por Más Madrid Carla Antonelli ha dado la voz de alarma a través de sus redes sociales. "Así está la placa de Cristina Ortiz, La Veneno, una vez más, un día más, otra vez más. Cada agravio, cada insulto, cada vandalización, paliza o vejación nos hace más grandes, más fuertes y más seguras", ha contestado a los agresores.
"Lo que no saben la basura, escoria, TERF y miserias del putrefacto fango es que nos construimos una y otra vez de cero y de nuestras propias cenizas desde la noche de los tiempos, que inventamos el futuro para hacer el presente y ya nada ni nadie lo puede parar", ha advertido. Su mensaje lo termina con un "porque fuimos, somos y seremos".
Este homenaje, en el que se puede leer 'En memoria de Cristina Ortiz, La Veneno, mujer transexual visible en los años 90', ha sufrido constantes ataques. Tanto es así que la Junta de Moncloa-Aravaca decidió protegerla con una plancha de material transparente que resistiera mejor a posibles actos de vandalismo, hoy golpeado.
La catalana Maria Branyas, considerada la persona más longeva del mundo tras la muerte en enero de 2023 de la monja francesa Lucile Random --de 118 años--, ha cumplido este lunes 117 años 
en Olot (Girona).
Branyas, que vive en una residencia de Santa Maria del Tura en Olot (Girona), nació el 4 de marzo de 1907 y es la persona más longeva del mundo por tan solo unos días, por delante de la japonesa Fusa Tatsumi.
Así lo atestigua el ranking de Gerontoly Group Research, un grupo fundado en 1990 en la Universidad de California Los Angeles (UCLA) que promueve el intercambio y la aplicación de conocimiento en la investigación científica y que está asociado al World Guinness Records.
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha felicitado a Maria Branyas este lunes.
"En Olot vive la persona más mayor del mundo, y hoy cumple 117 años. Un privilegio tenerla entre nosotros".
La gestión de las mascarillas durante la pandemia del coronavirus continúa bajo la lupa de al menos cinco tribunales cuatro años después de que se decretara el primer estado de alarma en marzo de 2020. La Audiencia Nacional, la Fiscalía Europea, un juzgado de Las Palmas y tres de Madrid investigan presuntas comisiones irregulares para las adjudicaciones de contratos, delitos contra la Hacienda Pública por parte de empresarios y malversación o delitos contra los trabajadores por parte de la Administración.
Fuentes jurídicas consultadas por Europa Press precisan que el número de investigaciones puede ser superior toda vez que algunas causas se pueden instruir bajo secreto, como hasta ahora ocurrió con el denominado 'caso Koldo', que salpica a Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.
CASO KOLDO
La Audiencia Nacional investiga, a raíz de una querella de Anticorrupción, a siete personas por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias en el marco de la contratación de mascarillas durante la primera etapa de la pandemia. Entre los investigados figura el mencionado Koldo García.
Para la Fiscalía, hay indicios suficientes para concluir que existe "una organización criminal" con "conciertos previos" que se dedicó a "conseguir la adjudicación" de contratos. Los cobros habrían sido obtenidos por Koldo García "para mediar y conseguir" dichas adjudicaciones. También se habrían llevado a cabo "operaciones para ocultar estos cobros, así como para evitar la trazabilidad de los ingresos obtenidos como consecuencia de las adjudicaciones irregularidades".
Según Anticorrupción, entre 2020 y 2022 Koldo pasó a ser titular de bienes cuyo valor podría alcanzar una cifra total de 1,5 millones de euros. "Estas adquisiciones se producen apenas cinco meses más tarde de que tuvieran lugar las adjudicaciones públicas a Soluciones de Gestión", añade.
El primer contrato investigado fue adjudicado por Puertos del Estado, formando parte de su Consejo Rector el propio Koldo. El importe alcanzó los 20 millones de euros. El segundo, firmado por 12,5 millones de euros, fue adjudicado por ADIF, ente dependiente del Ministerio de Transportes, donde Koldo "asesoraba al titular" del mismo. El tercer contrato, por 3.479.355 euros, corresponde a la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial, dependiente del Ministerio del Interior.
En la investigación figuran otros cinco: cuatro con el Servicio Canario de Salud por importe total de 12,3 millones de euros y uno con el Servicio de Salud de Illes Baleares por 3,7 millones. Todos ellos han sido enviados por Anticorrupción a la Fiscalía Europea al entender que se abonaron con fondos europeos y que, por ende, son competencia del órgano comunitario.
En total, están bajo la lupa de la Audiencia Nacional ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros.
DELITOS CONTRA HACIENDA EN CANARIAS
Al margen, el Juzgado de Instrucción Número 5 de Las Palmas de Gran Canarias investiga la querella que ha presentado la Fiscalía Provincial contra cuatro empresarios por presuntos delitos contra la Hacienda Pública tras la venta de material sanitario durante la pandemia al Servicio Canario de Salud por un importe de 22,9 millones de euros.
Según consta en el auto, recogido por Europa Press, el Ministerio Público ha llevado el caso ante los juzgados tras una inspección de la Agencia Tributaria. Están bajo sospecha tres contratos: uno adjudicado en 2020 por 15.891.610 euros; y dos en 2021, uno por 4.230.000 euros y otro por 2.786.000 euros.
La Fiscalía de Las Palmas recalcó en un comunicado que los hechos que ahora se investigan no guardan relación con el denominado 'caso Koldo'.
MASCARILLAS "DEFECTUOSAS"
Por su parte, en el Juzgado de Instrucción Número 14 de Madrid se investiga un presunto delito contra los trabajadores a raíz de las mascarillas "defectuosas" que habría repartido el Ministerio de Sanidad durante la gestión de Salvador Illa en la primera etapa de la pandemia del coronavirus "sin respetar el procedimiento administrativo establecido y sin verificar su idoneidad previamente".
En esta causa está pendiente que el juez tome declaración el próximo 23 de abril a siete personas en calidad de investigadas, dos de ellas excargos del Gobierno: una exdirectora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia; y quien fuera subdirectora general de Cartera de Servicios del SNS y Fondos de Compensación en 2020.
Los interrogatorios tendrán lugar después de que en diciembre de 2022 la Audiencia Provincial de Madrid ordenara al juzgado reabrir la investigación que archivó. Los magistrados de la Audiencia dieron la razón a la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que presentó un recurso para que se siguieran investigando los hechos que denunció en la querella presentada en 2020 ante el Tribunal Supremo pero que finalmente acabó en el juzgado madrileño.
56 CONTRATOS DEL INGESA
En otro juzgado de Instrucción de Madrid, en el número 26, se investiga una querella que presentó Vox contra varios cargos y excargos del Gobierno por presuntos delitos de prevaricación, malversación y fraude en la compra de material sanitario.
Los de Santiago Abascal sostienen que entre marzo y abril de 2020 se suscribieron 56 contratos por parte del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) sin ningún tipo de publicidad y al margen de cualquier procedimiento administrativo. Además, alude a que una docena de adjudicaciones se hicieron a empresas de "dudosa" existencia puesto que solo se conocía una denominación social.
Desde 2022, la titular del juzgado ha interrogado a varios excargos del Gobierno. Según informaron entonces fuentes jurídicas a Europa Press, uno de ellos, el director del INGESA, Alfonso María Jiménez, negó las presuntas irregularidades denunciadas por Vox en la compra de material sanitario y aseguró, además, que el entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa, estaba al tanto de las contrataciones.
La Fiscalía pidió el archivo en junio de 2022 al considerar que los indicios aportados por Vox se sustentaban en "meras conjeturas". De momento la causa permanece abierta.
LAS MASCARILLAS DE LUCEÑO
Además, cabe recordar que en abril de 2023 el Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid envió a juicio a los empresario Luis Medina y Alberto Luceño --en el marco del denominado 'caso mascarillas'-- por presuntamente estafar al Ayuntamiento de Madrid y falsificar documentos para la compraventa de material sanitario.
Según detalló el juez en el auto de procesamiento, ambos "urdieron un plan para obtener, con la excusa de altruismo y ayuda al Ayuntamiento, el mayor beneficio económico posible, a costa del erario municipal, consistente en la intermediación para la compra de grandes cantidades de material sanitario, de una empresa malaya".
El juez concluyó que Luceño era "el principal gestor del plan preconcebido" y que Luis Medina, hijo de la exmodelo Naty Abascal, se habría valido de "su condición de personaje público y famoso, por ser hijo del Duque de Feria".
ESTAFA AL AYUNTAMIENTO DE MADRID
Asimismo, fuentes jurídicas consultadas por Europa Press recuerdan que en el Juzgado de Instrucción Número 30 de Madrid se investiga una segunda estafa de 1,25 millones de euros al Ayuntamiento de la capital por la compra de 500.000 mascarillas en marzo de 2020.
Este procedimiento se inició a raíz de una denuncia del consistorio contra el proveedor Philippe Haim Salomon --de la consultora Sinclair and Wilde--. Aunque se archivó en 2021, se reabrió en 2022 cuando la Policía Municipal encontró nuevos indicios.
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Aspe (Alicante) a un grupo de tres personas por presuntamente explotar laboralmente y en régimen de "semiesclavitud" a cuatro personas que mantenían retenidas bajo coacciones y explotadas laboralmente en fincas agrícolas.
La investigación policial comenzó a raíz de una información recibida por parte de las autoridades de Rumanía que informaban sobre la posible retención de ciudadanos rumanos por parte de un grupo criminal que los estaba coaccionando y explotando laboralmente en terrenos agrícolas, según ha informado la Policía Nacional en un comunicado.
Los agentes adscritos al Grupo 2º de la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF) de la Comisaría Provincial de Alicante se hicieron cargo de la investigación y averiguaron la localización concreta de la finca en la que estas personas supuestamente estaban siendo explotadas laboralmente.
Los investigadores observaron a un hombre que trasladaba a otros dos desde un domicilio a la finca agrícola, por lo que posteriormente se desplazaron hasta el lugar donde identificaron a las dos víctimas y a la persona que manifestó ser el propietario de la explotación agrícola, quien afirmó tener como empleados a los otros dos y enseñó una nómina a nombre de uno de ellos.
Tras identificar a estas tres personas, los agentes comprobaron que uno de los dos trabajadores era quien había dado la voz de alarma acerca de su situación. Tras ser preguntado por los agentes si estaban siendo retenidos, coaccionados o explotados laboralmente, este manifestó que sí y pidió ayuda a los agentes.
Una vez la víctima estuvo en privado con la policía manifestó que, tras pedir un préstamo de 100 euros, el conductor del vehículo le dio el dinero con la condición de que cada mes que pasara sin cobrar la deuda se duplicaría.
Debido a la pandemia, la víctima tuvo que regresar a su país (Rumanía), por lo que no pudo saldar la deuda y, tras volver a España, el prestamista le solicitó el pago de la deuda que se había elevado a 3.000 euros.
Tras este suceso, le retuvo la documentación y le obligó a trabajar en explotaciones agrícolas diez horas diarias tanto en España como en Francia, pagándole 40 euros semanales para que pudiera comer.
La víctima estaba alojada temporalmente en contenedores habilitados como viviendas de manera "indigna e insalubre" y estuvo en este estado alrededor de dos años junto con otras personas, también de nacionalidad rumana.
"90.000 EUROS DE TRABAJOS"
En este contexto, el hombre calcula que ha pagado al investigado unos 90.000 euros mediante los trabajos realizados, a pesar de que este todavía le reclama una deuda de 3.000 euros.
Por otro lado, manifestó que no había denunciado antes su situación y tampoco había huido por el "temor a las consecuencias", ya que considera "muy peligrosos" tanto a este hombre como a su esposa.
Los agentes averiguaron que el propietario de la explotación agrícola colaboraba con la persona que los tenía presuntamente coaccionados y explotados laboralmente y que el salario de estos dos empleados era ingresado en cuentas bancarias que pertenecían al principal investigado y a su esposa.
Tras realizar otras indagaciones, los agentes comprobaron que en otras tierras, también propiedad del dueño de la finca, se encontraban trabajando otras dos personas, que han resultado ser otras dos víctimas más del grupo criminal.
Los agentes averiguaron que los otros dos trabajadores habían contraído deudas económicas con el cabecilla del grupo criminal y que estaban siendo explotados laboralmente para pagarla. A estos dos hombres también les había retenido la documentación y les había amenazado con hacer daño a sus familias si escapaban o si denunciaban los hechos a la Policía.
OTRAS VÍCTIMAS EN FRANCIA
En el registro del domicilio del cabecilla del grupo criminal, la Policía intervino 1.650 euros y 1.802 leus rumanos --la moneda oficial de Rumanía-- en efectivo.
Además, se encontraron varios extractos bancarios a nombre de los investigados y de varios de sus familiares, en los que había un saldo acumulado de más de 130.000 euros, dinero procedente de transferencias bancarias realizadas por parte de empresas agrícolas francesas que ingresaban el dinero en esas cuentas bancarias por el trabajo realizado de las víctimas .
También fueron halladas varias nóminas a nombre de las cuatro hombres explotados, pero tras comprobar los agentes sus datos en la Seguridad Social ninguno de estos trabajadores figuraba como dado de alta.
Los agentes localizaron tanto al cabecilla de la organización como a su esposa, que recibía los salarios de los trabajadores en sus cuentas bancarias.
Por estos hechos, tanto el matrimonio como el propietario de las fincas fueron detenidos por la presunta comisión de los delitos de trata de seres humanos, extorsión, grupo criminal y delito contra el derecho de los trabajadores.
Los detenidos, dos hombres y una mujer, de entre 24 y 47 años de edad y de nacionalidad rumana, fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Novelda.
Los agentes asistieron a las víctimas y las pusieron en contacto con los servicios sociales para que recibiesen la asistencia necesaria y poder solventar su actual situación social.
Por otro lado, las investigaciones continuarán al tener conocimiento de que cuatro víctimas más de este grupo criminal fueron trasladadas a Francia para seguir siendo explotados laboralmente. Por ello, los agentes estarán en contacto con las autoridades francesas y las autoridades rumanas.
Los impulsores de la 'La Sacristía de la Vendée', clérigos que emiten un programa vía redes sociales y que se definen como 'Tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria', se han disculpado tras hacerse viral un fragmento de uno de sus contenidos en el que varios sacerdotes, uno de ellos de Toledo, "bromeaban" con el hecho de que rezaban para que el Papa Francisco fuera pronto "al cielo".
Según han explicado en la red social X, anteriormente conocida como Twitter, "ante las informaciones difundidas respecto de los primeros minutos del programa 'Tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria' del canal 'a Sacristía de La Vendée', transmiten su "pesar por el desafortunado comentario, dicho en tono de humor, sobre rezar por que el Papa se vaya al Cielo cuanto antes".
"Es un comentario de mal gusto y, aunque no expresa deseos de la muerte del Papa, como algunos medios maliciosamente han difundido, reiteramos nuestra adhesión al Papa Francisco, en los mismos términos en que fue claramente manifestada en el programa del pasado 15 de febrero".
"Rechazamos los ataques contra el Papa y la unidad de la Iglesia y aquellos que niegan la legitimidad del ministerio del Papa. Nos duele haber podido confundir a las almas sencillas que encuentran en nuestro programa formación y consuelo. Muchos nos reconocen un papel importante en su perseverancia en la fe católica y nos preocupa haber podido causar desconcierto o escándalo en sus almas".
En todo caso no se disculpan "ante los que fariseamente aprovechan el desliz para atacar todo el mensaje". "Aun cuando hayamos sido nosotros los que les hayamos brindado la ocasión de hacerlo. A ellos, que Dios les perdone".
El sacerdote de la Archidiócesis de Toledo Gabriel Calvo Zarraute ha confesado que reza "mucho" para que el Papa Francisco "pueda ir al cielo cuanto antes".
El párroco hacia estas afirmaciones durante su participación en la 'Tertulia sacerdotal contrarrevolucionaria' que se emitió el pasado 22 de febrero a través de YouTube, según ha adelantado Vida Nueva Digital y ha podido comprobar Europa Press.
"Esa es una de las cosas que se puede pedir para cualquiera", contestaba a estas palabras polémicas el moderador del encuentro Francisco J. Delgado, también sacerdote de Toledo.
El deseo de que el Papa Francisco muera era compartido por el sacerdote estadounidense Charles Murr, quien apuntaba que él también se unía a las oraciones del padre Gabriel para el Santo Padre.
"Somos muchos con esa intención", respondía a continuación el sacerdote Gabriel Calvo Zarraute. De nuevo tomaba la palabra el moderador para decir: "Pues a ver si rezamos más fuerte".
Ante estas palabras, el resto de sacerdotes Rodrigo Menéndez Pinar, de Toledo; Juan Manuel Góngora, sacerdote de la diócesis de Almería; Roylán Recio, de la diócesis de Colorado Springs (Estados Unidos), y Juan Razo, de la diócesis de Saltillo (México) sonreían.
Es más, el padre Juan Razo, tras enviar un saludo desde México, se unía a las oraciones del Santo Padre en esta fiesta de la Cátedra de San Pedro. "Estoy como el Padre Murr. A-T-M. A toda máquina, ¿verdad, Padre?". "A toda máquina, exactamente", le contestaba éste.
La tertulia online donde se produjeron estas polémicas declaraciones tuvo lugar el pasado 22 de febrero, fiesta de la Cátedra de San Pedro, donde se abordaba la conveniencia de dar la comunión en la mano.
El Arzobispado de Toledo ha mostrado su tajante rechazo en referencia a las declaraciones de varios sacerdotes que en una tertulia online han asegurado haber rezado mucho para que el Papa "pueda ir al cielo cuanto antes", y ha avisado que no se excluyen medidas de corrección por estos hechos.
El Arzobispado ha informado que se ha comunicado con los sacerdotes instándoles a pedir perdón por unas declaraciones que "lesionan la comunión de la Iglesia y escandalizan al Pueblo de Dios" matizando al mismo tiempo que la entidad no se responsabiliza "en absoluto" de estas palabras.
"No representa en modo alguno la línea de comunicación de esta Igelsia particular. Reiteramos y ratificamos las llamadas a la comunición efectiva y afectiva con el sucesor de Pedro", recoge el texto.
En este sentido, el Arzobispado ha insistido en que "no se excluyen otras medidas de corrección respecto de aquellos que están llamados a ser ministros de Cristo" y han agradecido el trabajo y la dedicación del presbiterio diocesano "para promover la comunición y el afecto al sucesor de Pedro con el Pueblo santo de Dios que camina en Toledo".
Por P. Moratilla
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