El Supremo ampara a un trabajador de Caja Rural de Toledo coaccionado para firmar su baja voluntaria

El alto tribunal ha avalado la versión ofrecida por el despedido --que llevaba casi 10 años en la entidad-- y ha confirmado la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de Toledo que decretó la nulidad del despido y condenó al banco a readmitir al trabajador "por vulneración de sus derechos fundamentales".

Según refleja la resolución, el empleado fue convocado a una reunión con varios directivos y jefes de la entidad en la que se le acusó de "ineptitud" en su trabajo y se le coaccionó mediante amenazas para que firmara una baja voluntaria que, tras quedar avalada contra su voluntad, le privó de percibir la correspondiente prestación por desempleo.

El despedido tuvo que ser atendido un día después de esta renuncia supuestamente voluntaria a su puesto en un hospital tras sufrir un ataque de ansiedad. Asegura que se le negó su derecho a ser asistido por un representante sindical y por un abogado y que firmó el documento bajo "fortísima presión" y sin ser dueño de sus actos.

Tras el despido el empleado presentó una denuncia por la comisión de un delito de amenazas y coacciones contra los seis jefes presentes en la reunión. La empresa alegó por su parte que el relato de hechos del trabajador era falso y aseguró que la citada reunión se celebró para esclarecer "irregularidades" cometidas por el empleado.

En el encuentro se informó al empleado que se iba a proceder a una suspensión cautelar de empleo para investigar el desempeño de sus labores. Fue él mismo quien pidió "libre y voluntariamente" firmar la baja voluntaria, añadió Caja Rural de Toledo.