El Consejo Ciudadano de Podemos Toledo registra varias dimisiones por discrepancias con Díaz Cardiel

El Consejo Ciudadano Municipal de Podemos de Toledo ha registrado en los últimos días varias dimisiones de sus miembros motivadas por discrepancias con la dirección que ostenta Alfredo Díaz-Cardiel en el municipio.

En recientes fechas han presentado su dimisión varios de los integrantes de un Consejo que debería estar formado por 17 personas en el caso de Toledo, más el secretario general. Algunos de los integrantes salientes han alegado en su exposición de motivos extremos como falta de ilusión e incluso falta de compromiso de su dirigente.

Algunas de las dimisiones presentadas justificaban la renuncia con críticas y presuntos insultos por parte de Alfredo Díaz-Cardiel.

Miembros dimisionarios consultados por Europa Press coinciden en la "falta de transparencia" de un secretario general, a quien acusan de "no mandar actas ni informar de nada" de lo que ocurre dentro de la entidad.

Las fuentes indican igualmente que Díaz-Cardiel está utilizando su cargo "como una posición para hacer fuerza interna" por discrepancias a la dirección regional de José García Molina y a la estatal de Pablo Iglesias.

De hecho, los miembros salientes de este Consejo no saben con exactitud cuántos han abandonado el órgano desde su creación, ya que desde la Secretaría General "no se informa de nada".

En todos los casos, coinciden las fuentes consultadas en que el uso de Díaz-Cardiel de los órganos de Podemos Toledo ha ido orientado a generar bandos y familias y a crear problemas inexistentes desde su creación.

Por otro lado, fuentes del propio Consejo Ciudadano de Podemos Toledo preguntadas por Europa Press han avanzado que en próximos días darán cuenta de su versión al respecto en un comunicado de prensa.

Los estatutos de Podemos recogen que la pérdida de la mitad más uno de los miembros del Consejo Ciudadano municipal puede derivar en la falta de quórum, lo que provocaría que el órgano inmediatamente superior, el Consejo Regional, se debería hacer cargo de sus competencias de manera temporal, mientras se traslada la decisión al órgano estatal, que podría decidir el nombramiento de una gestora.