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Pleno de las Cortas de Castilla La Mancha.
El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha sido escenario este jueves de un debate sobre el desarrollo de la estructura y funcionamiento hospitalario del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam). Durante el debate, realizado a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, se han contrapuesto las críticas de Partido Popular y Ciudadanos a los datos sobre listas de espera y la evolución de las obras de infraestructura sanitaria con la defensa del PSOE del modelo sanitario establecido en la región y su situación actual.
El parlamentario de Ciudadanos David Muñoz Zapata ha centrado su intervención en cuestionar la cuantificación de las listas de espera en la Comunidad Autónoma. El portavoz de Cs ha afirmado que "nos sigue costando hacer este ejercicio de fe que son las listas de espera". Según ha planteado, las cifras de las listas de espera ven un descenso muy marcado en los meses de junio y diciembre, coincidiendo con la publicación de los informes del Ministerio de Sanidad.
En esta línea, ha defendido la necesidad de establecer una auditoría externa. "¿Todavía consideran que no es necesario hacer una auditoría de las listas de espera en Castilla-La Mancha viendo estos datos?", ha cuestionado.
Asimismo, ha dudado sobre la evolución de las obras de infraestructuras sanitarias en la región. "¿Qué credibilidad puede tener una obra que año tras año aparece en los presupuestos?", ha planteado, señalando que determinadas obras de construcción y reforma "aparecen año tras año en los presupuestos sin que se lleguen a materializar".
Por su parte, el diputado del Partido Popular Juan Antonio Moreno Moya, ha centrado su intervención en la responsabilidad del presidente autonómico, Emiliano García-Page, en el estado del sistema de salud de la región. Moreno Moya también ha incidido en las listas de espera, sosteniendo que con su modelo de contabilización, el Gobierno autonómico se dedica a "maquillar la nefasta gestión sanitaria que se está realizando en Castilla-La Mancha".
Además, ha cuestionado el estado del personal sanitario, afirmando que existe un problema de falta de especialistas. "Eso está generando malestar en la ciudadanía, hemos visto movilizaciones en lugares como Villarrobledo o Tomelloso, donde los ciudadanos piden esos especialistas", ha planteado.
Moreno Moya también ha cuestionado el volumen de derivaciones a la sanidad privada, sosteniendo que es una muestra del fracaso del modelo. "Usted se ha gastado 736 millones de euros en los últimos cinco años en la sanidad privada", ha declarado, cuestionando por qué ese dinero no se puede destinar a la sanidad pública.
Frente a las críticas, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Ana Isabel Abengózar, ha afeado que el Partido Popular argumente a favor de la sanidad pública, afirmando que cuando su partido estuvo al frente del Gobierno regional entre 2011 y 2015 "desmanteló la sanidad pública de Castilla-La Mancha".
Abengózar ha afirmado que el modelo del PP se basó en privatizar los servicios sanitarios, despidiendo a miles de profesionales, dejando de invertir en tecnología e infraestructuras y "maltratando al personal sanitario que se quedaba".
"Si nos llega a pillar la pandemia con la sanidad pública que ustedes nos habían dejado nos hubiésemos muerto todos en Castilla-La Mancha", ha aseverado la portavoz del PSOE, generando una airada reacción en las bancadas de la oposición, que le han exigido disculpas en el turno de réplica.
Por el contrario, ha defendido el modelo de gestión del Ejecutivo socialista, aseverando que las mejoras en infraestructuras puestas en marcha permitirán disponer de 37 nuevo quirófanos en el futuro. "Más infraestructura sanitaria, mejor tecnología, más profesionales y desde luego una cartera de servicios potente con unos profesionales que están valorados".
En cuanto a las listas de espera, Abengozár ha afirmado que "Castilla-La Mancha está por debajo de la media nacional, esta es la realidad de los datos".
El Gobierno de Emiliano García-Page “cree en la sanidad pública y por eso continúa invirtiendo en ello para mejorar la asistencia sanitaria que se ofrece a los pacientes”. Así lo ha destacado el consejero de Sanidad, hoy en las Cortes regionales, donde ha realizado un balance de la evolución de la situación de la red hospitalaria pública del SESCAM en la región.
En este sentido, el responsable de Sanidad ha recordado que “para continuar impulsando la mejora continua de nuestro sistema sanitario público, está en trámite en esta Cámara un presupuesto para el SESCAM de más de 3.554 millones de euros para seguir en lo importante; infraestructuras, equipamiento, tecnología, innovación, y por supuesto, profesionales”.
Fernández Sanz ha recordado que, en la legislatura 2011-2015, “no se alcanzaban las 4.000 camas funcionantes en nuestros hospitales, mientras que desde el 2015 siempre hemos estado por encima de esa disponibilidad continua”.
Así, tras la pandemia por el Covid-19 “nuestros hospitales disponen de manera continua de 4.374 camas funcionantes, es como si en este periodo se hubiera abierto un nuevo hospital de cerca de 400 camas”, ha recalcado el responsable de las políticas sanitarias de Castilla-La Mancha.
Fernández Sanz también ha hecho hincapié en “el esfuerzo de los profesionales de nuestro sistema sanitario público, que se desviven por dar el mejor servicio a la población en millones de actos cotidianos y de nuestros directivos en las gerencias, profesionales del sistema sanitario público, conocedores de la región, de los centros, compañeros que toman las mejores decisiones con los recursos disponibles, abiertos a la participación y al diálogo en el seno de los centros para su mejora continua”.
El consejero se ha declarado “orgulloso” de haber incrementado exponencialmente la oferta de plazas de formación sanitaria especializada “y gustamos porque tenemos una muy buena cobertura. Además, el talento lo queremos retener y ofrecemos unos contratos verdaderamente estables”, ha recalcado.
Para ello, Fernández Sanz ha informado que en gastos de personal “nuestro sistema ha dado un salto significativo desde 2015 de más del 42 por ciento”.
Respecto a la asistencia sanitaria, se ha recuperado la situación pre Covid-19 en los indicadores de respuesta del sistema, “mejorando muchos de ellos hasta el punto más alto de la serie histórica desde que existe nuestro servicio regional de salud”, ha declarado el consejero.
A este respecto, Fernández Sanz ha manifestado, como ejemplo, que “en resonancias magnéticas estamos por encima de las 16.000 cuando hace siete años no se alcanzaban las 10.000. Los equipos se paraban por pura obsolescencia y no se podía trabajar con ellos en muchas sesiones programadas”.
En relación a los fondos de cohesión del Ministerio de Sanidad “hay que explicar que hasta hace dos años, Castilla-La Mancha tenía que aportar alrededor de 20 millones de euros al año a estos fondos para que los pacientes de nuestra Comunidad Autónoma fueran atendidos en otros servicios de salud”, a la vez que ha recordado que “actualmente se ha dado la vuelta a la situación y ahora los 20 millones de euros ya no se pagan, se ingresan porque atendemos en Castilla-La Mancha a pacientes de otras comunidades, es decir, hemos dado la vuelta a la situación”.
“Me siento orgulloso del avance sanitario de los últimos años en Castilla-La Mancha y continuamos trabajando por aumentar la cartera de servicios, por mejorar infraestructuras y tecnología sanitaria y por aumentar los recursos humanos. Todo ello conllevará una mejor salud de los ciudadanos de esta tierra”, ha zanjado el consejero de Sanidad.
Propuestas de resolución
En línea con su argumentación, Ciudadanos ha presentado una propuesta de resolución del debate en la que reclama la realización de una auditoría externa de las listas de espera, así como el compromiso del Ejecutivo regional a finalizar una extensa relación de obras de infraestructuras pendientes en el 2023.
Por su parte, el PP ha reclamado en su propuesta que se establezca un plan específico de eliminación de listas de espera, se mejoren las condiciones contractuales del personal sanitario y se establezca una ley de garantías de atención sanitaria especializada. Además, ha reclamado que se retire el artículo 43 del proyecto de Ley de Presupuestos para 2023,
Por su parte, el PSOE, ha sostenido la defensa realizada del modelo sanitario, planteando que las Cortes manifiesten su apoyo al Ejecutivo regional en sus planes para extender la homogeneidad de la asistencia sanitaria, el incremento de oferta de plazas para personal y la renovación tecnológica de equipamientos.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos no ha logrado el apoyo del pleno de las Cortes de este jueves a su Proposición no de Ley que pedía una deducción extraordinaria al Gobierno central en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) para compensar el alza de los tipos de interés de las hipotecas, que ha sido rechazada con los votos del PSOE y que ha contado con la abstención del PP.
En concreto, el texto, defendido por la presidenta del grupo parlamentario, Carmen Picazo, pedía instar al Ejecutivo central a aprobar "con carácter urgente una deducción extraordinaria y temporal" en el IRPF de, al menos, el 25% del importe del incremento experimentado en el pago de intereses de las hipotecas constituidas a tipo variable hasta el 1 de agosto de 2022 sobre la vivienda habitual, como consecuencia del alza de los tipos de interés de referencia en la actual coyuntura, con un máximo de 400 euros anuales.
Igualmente, la iniciativa de Ciudadanos buscaba que el Gobierno regional apruebe esa misma deducción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que complemente la deducción anteriormente expuesta con un máximo de 400 euros anuales.
Picazo ha asegurado que los españoles están viendo cómo les sube unos 200 euros al mes su hipoteca debido a la subida de tipos de interés aprobada por el Banco Central Europeo, a la que se añaden la de los carburantes, la factura de la luz, la cesta de la compra y otros servicios, ante todo lo cual "los políticos están obligados a tomar soluciones y tomarlas en cuanto aparece el problema".
Confiada en el apoyo del resto de grupos, ha recordado que la Comunidad Valenciana ya anunciado que va a aplicar esta medida, y aunque ha reconocido que la política monetaria no está en manos del Gobierno sí lo está "aliviar sus efectos negativos".
"Si ahogan a la clase media, si ahogan el consumo de la clase media, se van a cargar partes de la economía", ha subrayado Picazo, que cree que "se debería haber actuado antes" ante este problema, también desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, que "no ha hecho nada para aliviar la inflación" salvo dejar "pasar el tiempo".
Desde el PP, el diputado Miguel Ángel Rodríguez ha comenzado su intervención apuntando que en la región "hay colas del hambre" que siguen aumentando, citando datos de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) en Castilla-La Mancha, que indican que en la Comunidad Autónoma hay más de 561.000 personas en riesgo de pobreza extrema, seis puntos por encima de la media nacional, y de Cáritas, que cifra en 10.000 personas las que están "en situación crítica en la región".
"Con este panorama no se puede entender" que el Gobierno se oponga a iniciativas como la rebaja de impuestos que ha propuesto el presidente regional del PP, Paco Núñez, ha apuntado, recordando que los 'populares' llevan tiempo pidiendo que se adopten medidas.
En este sentido, se ha referido a las adoptadas en el Consejo de Ministros por el Ejecutivo central, para criticar que ha quedado demostrado "que el Gobierno de Pedro Sánchez acaba aprobando algo que ya había propuesto el PP" pero que el PSOE "había criticado, rechazado y votado en contra y cuando la situación le sobrepasa tiene que acudir a esas medidas".
El socialista Fernando Mora ha querido destacar que el euríbor "no es algo del Gobierno de España" sino del Banco Central Europeo y que el Ejecutivo central "está obligado a echarle una mano a la gente". "Esto es un problema, lo estamos debatiendo y el Gobierno de España y el de Castilla-La Mancha están en ese problema, que ocupa a una inmensa mayoría de los ciudadanos", ha admitido.
Dicho lo cual, le ha recordado a la parlamentaria de Cs que ya el presidente regional, Emiliano García-Page, anunció medidas contra este problema, que van a estar recogidas en la Ley de Acompañamiento a los presupuestos, "que en pocos días" va a estar y se va a debatir en las Cortes "para paliar los efectos de las subidas de las hipotecas en los hogares de Castilla-La Mancha que padecen esa subida tan importante como consecuencia de la subida del euríbor".
Algo que ha confirmado posteriormente el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, al término de este punto, al precisar que "en unos días" tendrá entrada en la Cámara el mencionado texto, que contiene el paquete de medidas que actualmente analiza el Consejo Consultivo, entre las que figura la aprobación de una deducción "para compensar de alguna manera ese crecimiento en los tipos de interés del euríbor" y que intentará paliar no sólo el coste de las hipotecas sino también de la vida.
Por eso, Ruiz Molina ha espetado a Ciudadanos que su Proposición No de Ley "llega bastante tarde" teniendo en cuenta los anuncios de García-Page en el Debate del Estado de la Región, al margen de que costaría ponerla en marcha unos 82 millones de euros --ha cifrado--, y todos los ciudadanos de Castilla-La Mancha pagarían esa propuesta.
En este sentido, ha propuesto a la formación naranja, en vez de aprobar una desgravación, intentar "animar a las entidades financieras a que se acojan al nuevo Código de Buenas Prácticas" aprobado por el Gobierno central.
El PP ha reclamado este jueves en las Cortes regionales que los usuarios y profesionales del hospital de Tomelloso puedan atender y ser atendidos "con calidad", mientras que Cs se ha sumado considerando que hay "un problema" en este centro hospitalario y el PSOE se ha defendido asegurando que este año se va a alcanzar el "récord" de contratos y especialistas sanitarios en el hospital desde que abrió sus puertas.
Así han plasmado sus puntos de vista los tres partidos en el debate que se ha propiciado en el Parlamento regional a cuenta de la Proposición No de Ley (PNL) que han presentado los 'populares' para estas mejoras en el hospital de Tomelloso, proposición que ha sido rechazada por la mayoría absoluta socialista pese a contar con el apoyo de Cs.
En primer lugar, la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Lola Merino, ha justificado la PNL propuesta por su partido alegando que tanto profesionales como usuarios del hospital "llevan reclamando durante los últimos años, con total legitimidad y justicia, que puedan ser atendidos y poder atender con una asistencia de calidad".
Para eso piden, ha señalado, "una cosa muy sencilla, que García-Page cumpla con lo que lleva prometiendo desde el Gobierno regional", manifestando que profesionales y vecinos "se han hartado" y quieren una UCI "para poder atender a los pacientes que lo necesiten y que no se dé el caso de que, cuando paciente necesite una UCI, tengamos que esperar a que haya una cama libre en un hospital cercano".
Merino ha remarcado también que esa UCI necesitará "los recursos humanos y materiales necesarios para que funcione normalmente" y ha recordado que, cuando el centro abrió sus puertas en el año 2007, el proyecto de construcción incluía dicho recurso. "¿Por qué ahora no quieren que Tomelloso tenga una UCI? No hay ninguna objeción técnica", se ha preguntado.
Asimismo, ha hecho referencia también a otro aspecto que el Gobierno autonómico "ha prometido" como es la llegada de los servicios de Hemodiálisis y Laboratorio al hospital tomellosero, así como un plan funcional para el hospital y que se reanuden las obras del centro de salud.
"Entendemos que esta PNL tiene que ser aprobada por unanimidad porque lo único que recoge son las promesas de Emiliano García-Page con los vecinos de Tomelloso y los profesionales del hospital. No se van a oponer a sus propios compromisos", ha dicho, dirigiéndose a los parlamentarios del PSOE.
Por parte de Cs, la parlamentaria Carmen Picazo ha considerado que es "más que patente" que existe "un problema" en la sanidad castellanomanchega en general y en el hospital de Tomelloso en particular, pidiendo al Ejecutivo regional "ver el problema con perspectiva" y "hacer autocrítica".
Picazo ha señalado que también hay "un problema importante" con los médicos, ya que a Tomelloso "no van especialistas", algo que ha justificado en que en la región "no tratamos bien a nuestros médicos" con aspectos como la carrera profesional sanitaria, que aún no se ha recuperado, y alertando de que en cinco años puede haber más problemas por la jubilación de facultativos.
"Equiparen la carrera profesional, cuiden a nuestros médicos, cubran las bajas y traten bien a los que nos cuidan", ha recomendado, insistiendo en que los usuarios de Tomelloso "están preocupados, quieren esa UCI y también recursos tecnológicos".
Del lado del PSOE, el parlamentario Iván Rodrigo ha considerado que el PP "no tiene credibilidad" para hablar del hospital de Tomelloso porque "su mayor apuesta" por este centro fue "el viaje que hicieron a Alzira con la idea de privatizarlo" siguiendo el modelo del hospital de ese municipio, que fue "un absoluto fracaso" ya que llevó "a la quiebra" a todos los centros que utilizaron dicho sistema y que "tuvieron que ser rescatados".
"Ahora se quieren poner el traje de defensores de la sanidad pública. No cuela", ha espetado, considerando que los 'populares' tenían "mucha prisa" por traer este debate a las Cortes porque "se les rompe el discurso con la incorporación de servicios y de profesionales", asegurando que "rabian" por que se hayan reanudado las obras del centro de salud.
Además, ha destacado que este año se va a alcanzar el "récord" de número de contratos y especialistas en el hospital de Tomelloso desde que abrió sus puertas y ha puesto el foco en que se ha cuadruplicado la inversión en alta tecnología en el centro con respecto al dinero dedicado por el Gobierno del PP.
El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha se ha quedado este año sin declaración institucional con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, al no alcanzarse un acuerdo en torno al texto final propuesto por la Presidencia de la Cámara, en el que el PP quería incluir una referencia a la aprobación de la Ley de garantía integral de la libertad sexual, conocida como ley del 'solo sí es sí'.
Pese a estar incluido en el orden del día de la sesión plenaria de este jueves un punto que preveía aprobar dicha declaración, el presidente del Parlamento, Pablo Bellido, ha comunicado que se retiraba ese punto "al no haber alcanzado los grupos un acuerdo".
El diputado de Ciudadanos, David Muñoz, primero en subir a la tribuna tras esa decisión para intervenir en el siguiente debate que se ha sustanciado en el pleno, ha lamentado que ese acuerdo no se haya sustanciado.
Fuentes de Cs han confirmado que su formación sí había respaldado el texto propuesto, siendo el Grupo Parlamentario Popular el que no lo ha aceptado.
Precisamente, desde el PP han detallado que no podían aprobar el texto "sin incluir una referencia a la gravedad de los hechos" derivados de la aprobación de la mencionada ley "que permite que se bajen las penas a los condenados".
Dichas fuentes, han expresado "tolerancia cero" con la violencia machista y hacia las mujeres "y con las leyes que las permiten".
RESOLUCIÓN INICIAL
La declaración propuesta por las Cortes por el 25N ratificaba el "firme compromiso" de las Cortes para continuar desarrollando y estableciendo los mecanismos necesarios para prevenir la violencia de género y proteger a las víctimas y reconoce "el gran esfuerzo" que todas las administraciones públicas, los profesionales que trabajan en contacto directo con las víctimas, así como las entidades y asociaciones de la región, realizan diariamente para prevenir la violencia de género y para proteger a las mujeres víctimas, sus hijas e hijos.
Además, solicitaba a todas las administraciones públicas "el máximo grado de cooperación y colaboración para luchar contra todo tipo de violencia machista" y comprometía "a apoyar el proceso de renovación y actualización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se está iniciando actualmente en el Congreso".
Instaba a todos los grupos políticos presentes en estas Cortes a trabajar de manera colaborativa para alcanzar una sociedad igualitaria y libre de violencia contra las mujeres y a combatir cualquier posicionamiento político que niegue la violencia de género o rechace las políticas públicas orientadas a su erradicación.
También se comprometía a colaborar con las asociaciones y organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la violencia machista y trabajan por la igualdad entre mujeres y hombres.
Finalmente, instaba a toda la ciudadanía, las organizaciones, entidades, empresas y asociaciones, a los poderes públicos y a las Administraciones en su conjunto, a seguir trabajando para acelerar la consecución de una región, un país y en una sociedad global, libre de violencia machista, una sociedad en la que seguir ensanchando derechos de ciudadanía que redunden en la libertad de las mujeres.
La diputada del PP Ana Guarinos ha comparecido en rueda de prensa después de que su partido político se desmarcara a última hora de la declaración institucional que las Cortes de Castilla-La Mancha iban a aprobar por unanimidad para aunar una voz en contra de la violencia machista, y ha justificado este movimiento alegando que habían pedido expresamente la comparecencia de la consejera de Igualdad, Blanca Fernández, para explicar la posición del Gobierno castellanomanchego ante la ley del 'sí es sí' y la circunstancia de que está permitiendo rebajas de penas a condenados por agresión sexual.
En rueda de prensa, Guarinos ha indicado que el PP no puede apoyar una declaración institucional si el PSOE y el Gobierno de Castilla-La Mancha "no piden perdón" por apoyar esta ley.
"El Gobierno debería haber evitado que la ley se aprobara y si está aprobada es gracias al apoyo de los diputados socialistas. Si los diputados del PSOE hubieran votado en contra, los maltratadores estarían intranquilos y algunos seguirían en la cárcel, y las víctimas estarían tranquilas", ha indicado.
Lo que ha sucedido es para Guarinos "todo lo contrario", y las víctimas están "preocupadas" porque los maltratadores "van a estar en la calle por culpa del PSOE".
Algo que el Gobierno de Castilla-La Mancha "no ha querido evitar", ya que se trata de un error que provocará que muchos violadores "salgan a la calle y sigan maltratando".
El pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado este jueves, por asentimiento, una declaración institucional con motivo del Día Mundial de la Infancia 2022, presentada por la Fundación Unicef-Comité español.
Leído por el presidente de las Cortes, Pablo Bellido, el texto pide "un compromiso real" para promover acciones que favorezcan el cumplimiento de los derechos de este colectivo.
Entre ellas, se menciona promover una mayor y más eficiente inversión en la infancia, garantizando que se asignan los recursos necesarios para afrontar los retos mencionados con los derechos de la infancia en el centro, y escuchar las preocupaciones y necesidades de niños, niñas y adolescentes, y contemplarlas de una manera transversal en la acción política, promoviendo su participación para diseñar junto con ellos y ellas las estrategias para la recuperación de esta crisis.
También se demanda tener en cuenta en todas las decisiones tomadas en la respuesta a la crisis y en la recuperación, que tengan efectos sobre la infancia y adolescencia, los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño, como el interés superior del niño, el derecho a la vida, la supervivencia y desarrollo, el derecho la participación y la no discriminación.
Respecto a sus derechos, la declaración busca impulsar recursos de calidad y especializados, así como medidas para garantizar la promoción, prevención y atención a la salud mental de la infancia y adolescencia, con un foco especial en los colectivos más vulnerables; e impulsar prestaciones de apoyo a la crianza y medidas fiscales que beneficien a las familias con hijos, especialmente las más vulnerables.
POLÍTICAS DE REFUERZO EDUCATIVO
De la misma forma, busca políticas de refuerzo educativo que garanticen el acceso equitativo y efectivo a una educación de calidad a través de becas y programas de apoyo, especialmente para los niños y niñas en sus primeras etapas educativas y en situación de vulnerabilidad.
La declaración defiende la protección de la infancia "ante todo tipo de violencia", impulsando mecanismos para lograr entornos protectores, con recursos suficientes para que todos los servicios dirigidos a la infancia garanticen, desde un enfoque preventivo, la protección de niños, niñas y adolescentes ante situaciones de malos tratos, abusos, acoso o violencia.
Igualmente, demanda reforzar los programas dirigidos a promover la inclusión de los niños, niñas y adolescentes migrantes, refugiados, y de los jóvenes que salen del sistema de protección de la infancia, y promover las acciones necesarias para el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París, "convirtiendo la crisis provocada por la pandemia COVID-19 en una oportunidad para invertir en el presente y el futuro de la infancia, reconstruyendo mejor y con un enfoque de sostenibilidad, sin perder de vista la amenaza de la crisis climática y su pernicioso impacto en la infancia".
Finalmente, ve "fundamental" reafirmar el compromiso para desplegar acciones y conseguir resultados en favor de la infancia a nivel local, nacional y mundial, fortaleciendo la Cooperación Internacional para el Desarrollo, teniendo en cuenta el impacto de la COVID-19 en los países en desarrollo y garantizando la vacunación global y sistemas de salud fortalecidos.
RETOS PENDIENTES
El Parlamento de Castilla-La Mancha se une así a Unicef España en la celebración del Día Mundial de la Infancia, destacando grandes logros a favor de los derechos de los niños y las niñas, pero también recordando que aún hay retos pendientes de alcanzar en España y en Castilla-La Mancha para que los derechos de la infancia sean una realidad en un Estado que ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño hace más de 30 años.
Los niños, niñas y adolescentes "se enfrentan a múltiples desafíos, como la pobreza y las desigualdades, la crisis climática, la violencia, las consecuencias de la COVID-19. Desafíos que comprometen su nivel de bienestar hoy, pero también sus oportunidades de desarrollo y supervivencia mañana" por lo que "asegurar la consecución de los derechos de niños, niñas y adolescentes es una cuestión colectiva y de obligado cumplimiento", explica.
El texto reconoce que la aprobación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989 "supuso un gran avance" en el cumplimiento de los derechos de niños y niñas, así como su ratificación por España en el año 1990, pese a que todavía hoy "quedan grandes retos globales a abordar y que nos interpelan también a nivel nacional, regional y local".
En este sentido, asume que las recientes crisis económicas, la crisis climática, la irrupción de la pandemia de la COVID-19 y la guerra en Ucrania "han puesto en una situación complicada la supervivencia de millones de personas en el mundo, y especialmente de niños y niñas".
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