DCLM.ES · OPINIONES · Salvador García Llanos
La Plataforma del Consejo de Europa, que engloba las federaciones internacional y europea de periodistas (FIJ y FE) y promueve la protección del periodismo, ha publicado su informe anual correspondiente a 2022 en el que se constata una continua degradación de la libertad de prensa en todo el continente.
Desde el punto de vista numérico, el Informe, titulado “La guerra en Europa y la lucha por el derecho a informar”, es bastante significativo: durante el pasado año, la Plataforma documentó doscientas ochenta y nueve alertas en treinta y siete países, con periodistas asesinados, encarcelados, agredidos físicamente, hostigados legalmente y sometidos a campañas de desprestigio. Esta Plataforma fue establecida por el Consejo de Europa en 2015, en cooperación con destacadas ONGs internacionales activas en el campo de la libertad de expresión y asociaciones de periodistas, para proporcionar información que pueda servir como base para el diálogo con los estados miembros sobre posibles medidas de protección o reparación. La Plataforma ha puesto en duda el compromiso de los estados miembros de cumplir con las obligaciones sobre la libertad de expresión, la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas en virtud del estatuto del Consejo de Europa y la Convención Europea de Derechos Humanos. El contenido del informe ilustra una necesidad clara y urgente de que el Consejo de Europa, los estados miembros y otras instituciones europeas aborden las amenazas que enfrenta el periodismo en Europa con una acción rápida y coordinada.
Las organizaciones asociadas mantienen la condena de las amenazas a la vida y la seguridad de los periodistas como resultado de la agresión rusa y continuarán documentando los ataques a los trabajadores de los medios y los intentos de restringir la cobertura de la guerra, así como exponiendo posibles crímenes de guerra para facilitar la rendición de cuentas y llevar a los responsables. a la justicia. Es llamativo que, a 31 de diciembre pasado, la Plataforma tuviese registrados ciento veintisiete periodistas detenidos, o sea, un aumento del sesenta por ciento, cincuenta y dos de ellos en Turquía, veintidós en Rusia y catorce en los territorios ocupados de Ucrania.
Hay otros apartados del Informe que procede destacar. Por ejemplo, aparte de los periodistas fallecidos en servicio activo como consecuencia de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, la Plataforma consignó un periodista asesinado en el ejercicio de sus funciones (Güngör Arslan en Turquía), frente a cuatro fallecidos el año anterior fuera de una zona de guerra. Asimismo, el uso de acciones legales para intimidar y silenciar las informaciones sigue siendo una herramienta favorita para ciertos políticos, magnates de los negocios y otras figuras poderosas, con al menos veinte procedimientos legales por difamación y otros tipos documentados en la Plataforma.
Las campañas de acoso y difamación en línea y fuera de línea continuaron sin cesar mientras ciudadanos privados y funcionarios públicos intentaban intimidar a los periodistas y obligarlos a no cubrir historias delicadas.
Se adoptaron o propusieron nuevas leyes restrictivas en varios estados miembros, incluidos Armenia, Georgia, Turquía y el Reino Unido, amordazando a los periodistas e impidiendo su capacidad para ejercer su profesión.
El número de respuestas de los estados miembros a estas fue decepcionantemente bajo: se presentaron respuestas para cuarenta y ocho alertas, una tasa de respuesta mísera del 16 %.
Así las cosas, es consecuente que las organizaciones asociadas reiteren la necesidad de que los estados miembros cumplan con sus obligaciones en virtud del Estatuto del Consejo de Europa y la Convención Europea de Derechos Humanos. Este es el llamamiento que hacen para mejorar las condiciones de las prestaciones profesionales y garantizar la protección de los periodistas. Abordar la amplia gama de amenazas que enfrentan los medios independientes requiere una acción coordinada y sólida y debe comenzar con el compromiso de los estados miembros en torno a las alertas registradas por la Plataforma y en línea con las recomendaciones propuestas en el informe anual de 2023.
Salvador García Llanos
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