DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Política
La Comisión Europea ha instado de nuevo este martes a España a superar la situación de bloqueo en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como uno de los principales retos que enfrenta el país en el marco del Estado de derecho, una renovación que Bruselas insiste en que debe ser elegida por los jueces para cumplir los estándares europeos.
En su segunda evaluación anual sobre el Estado de derecho en todos los países de la UE, el Ejecutivo comunitario retoma los mismos "retos" en el caso de España que citó en el primer examen, realizado en septiembre de 2020 y que apuntaba a la renovación del órgano de gobierno de los jueces y la preocupación por la independencia del Ministerio Fiscal como principales conclusiones.
EL PP SE NIEGA A LA RENOVACIÓN
La urgencia por la renovación del CGPJ sigue preocupando en Bruselas porque hace más de dos años que se encuentra en situación de interinidad, explican fuentes comunitarias, que también valoran como positivo que el que el informe comunitario señalara ya el problema el pasado año ha ayudado a abrir el debate político. El Partido Popular se ha negado a esta renovación aduciendo diversas excusas a este mandato de la Constitución Española. El mandato de actual Consejo finalizó en diciembre de 2018.
La Asociación Progresista de Jueces y Juezas para la Democracia envió una carta al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, donde asegura que “No es posible seguir tolerando el incumplimiento de la Constitución, de los deberes institucionales y de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Reclamamos que se dirijan a la dirección del Partido Popular, o de los grupos parlamentarios que sea preciso, para proceder al inmediato cumplimiento de nuestra Constitución y de la ley. Ambas están siendo incumplidas y vulneradas con técnicas de bloqueo inadmisibles en democracia… España y su ciudadanía necesitan un Estado de Derecho completo. No puede mantenerse más tiempo la provisionalidad del Poder Judicial. Cúmplase la ley. Cúmplase la Constitución. Renueven la composición del CGPJ”.
Para renovar el CGPJ hace falta una mayoría de tres quintos en el Parlamento, lo que obliga a un acuerdo entre el PSOE y el PP. El PSOE ha instado en reiteradas ocasiones al Pp para cumplir con la norma Constitucional pero el partido de Casado se ha negado incumpliando así el mandado y las reclaciones de Bruselas.
EL DOCUMENTO APROBADO POR BRUSELAS
El documento adoptado este martes por el Colegio de Comisarios apunta como principal desafío del sistema judicial español el bloqueo político para "la renovación de varios cargos en órganos constitucionales", aunque destaca el caso del CGPJ.
Sobre esta situación, el informe celebra como "un hecho positivo" que finalmente se retirara la propuesta del PSOE y Podemos para reformar el sistema de elección de los vocales porque de salir adelante hubiera "aumentado la percepción del CGPJ como vulnerable a la politización".
La línea de Bruselas no varía respecto al año anterior ni a los mensajes que el comisario de Justicia y la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario responsable de Estado de derecho, Vera Jourova, han expresado en sus contactos con el Gobierno y la oposición llamando a una reforma que permita que sean los propios jueces quienes designen a los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
El informe recuerda los "llamamientos" para que España lleve a cabo una reforma del sistema de elección del CGPJ que permita que una mayoría de los vocales sean designados por jueces, "en línea con los estándares europeos". De este modo, la Comisión hace suyas las recomendaciones en esta materia del Consejo de Europa, organismo ajeno a la UE.
"Es importante que los estándares europeos sean tenidos en cuenta y que todos los actores sean consultados", apuntan desde Bruselas, recordando también las veces que Reynders ha apelado al Gobierno y al Partido Popular a retomar el "diálogo" para sacar del 'impasse' al CGPJ.
INDEPENDENCIA DE LOS MEDIOS
En el capítulo de libertad de prensa y pluralismo de los medios de comunicación, la Comisión describe que el Gobierno está tomando medidas para abordar las cuestiones relacionadas con el acceso a la información, pero también que sigue habiendo cuestiones que resolver sobre la transparencia de la propiedad de los medios.
Así, Bruselas expresa "preocupaciones" con respecto a la independencia y recursos del regulador audiovisual que quedaron de manifiesto cuando España tuvo que trasponer la directiva sobre medios audiovisuales.
También recoge problemas encontrados por periodistas a la hora de hacer su trabajo pero indica igualmente que se han tomado medidas para facilitar su tarea.
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