Juegos y apuestas legales y supervisados

La directora general de Tributos y Ordenación del Juego, Susana Pastor, ha agradecido, en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha, la labor diaria que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desarrollan para que en la región se garantice un adecuado ejercicio de la actividad del juego.
 
Así lo ha trasladado Pastor durante la inauguración de una jornada de formación, que se ha celebrado en Toledo, y que ha tenido por objeto que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado conozcan la legislación relacionada con el juego y las apuestas en Castilla-La Mancha.
 
En este sentido, ha resaltado que la jornada se centra en los aspectos generales de la legislación en la materia de la región, las condiciones y requisitos que deben cumplir los locales donde se puede desarrollar la actividad del juego y las apuestas, las obligaciones de las empresas de juego, así como en el ejercicio de la actuación inspectora y de control, fundamentalmente, de las máquinas de juego del tipo B, de los establecimientos de hostelería y de los de juegos.
 
Tras desearles que la actividad formativa fuera positiva y provechosa, Pastor, que ha estado acompañada por el comisario jefe del Cuerpo Nacional de Policía en Toledo, Ángel José Alcázar, ha recordado que el sector del juego constituye actualmente una realidad económica y empresarial de gran dinamismo y complejidad, lo que obliga a las administraciones públicas a realizar un esfuerzo continuo por adaptar la política del juego a las demandas sociales.
 
Así, ha continuado la directora general de Tributos y Ordenación del Juego, la intervención de los poderes públicos se justifica en la necesidad de salvaguardar la protección de principios constitucionales y comunitarios, como son la libre competencia y la defensa de los consumidores. Es decir, la intervención de la Administración es un “mecanismo de garantía” de esos principios, ha enfatizado.
 
Pastor ha finalizado su intervención, durante la inauguración, poniendo de relieve que la intervención pública en materia de juego, particularmente en aquellos que implican la utilización de dinero, tanto desde el punto de vista histórico como desde la perspectiva del derecho comparado, tiene por objeto evitar fraudes y adicciones.