DCLM.ES · OPINIONES · Salvador García Llanos
En su publicación titulada Estado de Derecho y Democracia, el profesor Elías Díaz señala que los derechos humanos constituyen la razón de ser del Estado de Derecho, al cual define como “la institucionalización jurídica de la democracia”. Es indispensable entonces la existencia de “instituciones que articulen coherentemente y hagan posible (las) ineludibles exigencias éticas básicas y fundamentales”. Esas instituciones, según el profesor Díaz, partiendo de que están revitalizadas continuamente por su homogenización crítica con la sociedad civil, son, las que, a su juicio, “se configuran en el modelo jurídico-político que seguimos denominando Estado de Derecho”.
El requisito esencial de todo Estado de Derecho consiste en el sometimiento de la ciudadanía y, sobre todo, de los poderes públicos al derecho.Todo se promueve y todo se resuelve conforme al ordenamiento jurídico. Esas son las reglas del juego y hay que respetarlas. Se trata, entonces, de que el Estado de Derecho funcione con tal de garantizar la convivencia y el principio de seguridad jurídica.
A lo largo de las últimas fechas hemos asistido a algunos acontecimientos que ponen a prueba ese funcionamiento y la solidez de las estructuras institucionales que lo sustentan. Son ejemplos de la importancia que entrañan para la propia democracia pues su repercusión en la convivencia aludida es evidente.
Veamos. En Estados Unidos, la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, dio a conocer la activación del procedimiento constitucional de un juicio político (conocido como 'impeachment') contra el presidente de la nación por una mala conducta. Habrá que demostrar, claro, que el inefable Donald Trump (ahora mismo contra las cuerdas) presionó o coaccionó al al Gobierno de Ucrania para que investigase al hijo del ex vicepresidente Joe Biden, precandidato demócrata a la presidencia estadounidense.
En el Reino Unido, el Tribunal Supremo declaró, por unanimidad, ilegal y nula la suspensión del Parlamento durante cinco semanas, impulsada por el primer ministro, Boris Johnson, para evitar que la Cámara de los Comunes bloquease sus planes para el brexit. Se trataba de un hecho insólito en la historia del parlamentarismo británico y tuvo que ser resuelto por el Supremo.
España, más recientemente. Por un lado, el Tribunal Supremo, también por unanimidad, ha dado luz verde, esto es, desestimando los recursos presentados por la familia, a la exhumación de los restos de Francisco Franco, depositados desde 1965 en el Valle de los Caídos. Lo había acordado el Congreso de los Diputados, el Gobierno presidido por Pedro Sánchez ordenó el traslado al cementerio de El Pardo, donde fue enterrada su viuda. Es probable que la decisión sea recurrida y que hasta despierte alguna controversia política. Pero la determinación unánime del Supremo tiene mucho peso y se barrunta improbable la marcha atrás.
Y por otro, la Guardia Civil, en coordinación con los Mossos d 'Esquadra, por orden judicial, detuvo a miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) de Catalunya a los que se investiga para acreditar su vinculación por presuntos delitos de terrorismo. Queda pendiente la decisión de los tribunales correspondientes.
Es decir, el poder judicial acredita el funcionamiento del Estado de Derecho, por muy delicadas que sean las situaciones a las que debe enfrentarse. Eso tranquiliza, claro que sí. En tiempos de nacionalpopulismo y de gobernantes caprichosos, gratifica comprobar que los mecanismos de defensa de la Constitución responden cuando son activados. Y que se protegen tanto las libertades como los derechos de participación política. Una garantía, vaya. Para eso, el Estado somete a todos, a ciudadanos y poderes públicos, al ámbito del Derecho.
Salvador García Llanos
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