Podemos exige a Cospedal que aclare si financió ilegalmente su campaña autonómica de 2007

"Es urgente que María Dolores de Cospedal, presidenta de Castilla-La Mancha y secretaria nacional del PP, y Vicente Tirado, presidente de las Cortes y secretario regional del partido, den explicaciones públicas y asuman responsabilidades políticas sobre la posible financiación ilegal de la campaña autonómica de su partido en 2007 tras la imputación del exalcalde de Toledo, José Manuel Molina, como integrante de una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Toledo. Cospedal y Tirado no pueden mirar para otro lado, porque el juez apunta a la primera como posible beneficiaria y al segundo como posible participante de supuestos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias", denuncia el partido de Pablo Iglesias.

El juez Ruz imputó anteriormente en esta misma causa a Lamberto García Pineda, entonces tesorero del PP de Castilla-La Mancha, vicealcalde y concejal de Economía y Hacienda, y al gerente regional del partido, José Ángel Cañas, por el presunto cobro de una “mordida” de 200.000 euros a la empresa Sufi por el contrato de la basura del Ayuntamiento de Toledo en 2007 que, posteriormente, según la versión de Bárcenas recogida por el juez, el PP utilizó ilegalmente para la campaña autonómica de ese mismo año, recuerdan desde Podemos Toledo.

Podemos pide a Cospedal y Tirado que expliquen cuanto antes por qué en la fiscalización del Tribunal de Cuentas y de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha de dicha campaña no aparecen reflejados los 200.000 euros que, tanto la propia María Dolores de Cospedal, como el PP de Castilla-La Mancha, han reconocido que recibieron del extesorero hoy encarcelado, Luis Bárcenas. Ni Cospedal ni Tirado han sido capaces de presentar en este último año, desde que saltó el escándalo, algún documento que desmienta los hechos destapados por Bárcenas e investigados por el juez Ruz.

"Por ello, deben aclarar ante la ciudadanía, con independencia de las actuaciones judiciales, si beneficiaron a su partido con una trama de corrupción destinada a conseguir dinero para financiar su campaña, y por qué, tan sólo seis días antes de las elecciones autonómicas de 2007, Lamberto García Pineda firmó un protocolo que modificó ilegalmente –según el informe de la UDEF que incluye el auto del juez Ruz- el convenio colectivo de los trabajadores del mencionado servicio y el precio del contrato, que posteriormente fue ratificado por el entonces alcalde, José Manuel Molina", agregan.

"La ciudadanía ha dicho basta y exige un cambio de modelo político y social en nuestro país, en el que el control y la transparencia limpien nuestras instituciones de corruptos y vividores de la política, y la igualdad y la justicia devuelvan la soberanía al pueblo. Podemos considera inquietante que los aspirantes a la Alcaldía de Toledo en 1999, José Manuel Molina, que fue elegido alcalde, y Juan Pedro Hernández Moltó, expresidente de CCM, hayan sido imputados por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz –respetando su presunción de inocencia-, sin que sus respectivos partidos asuman las responsabilidades políticas que les correspondan", concluyen.