DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Sucesos
La Guardia Civil, como continuación de la 'Operación Monopoly', ha tomado manifestación como investigadas no detenidas a nueve personas, por los delitos de estafa y falsedad documental. Estas personas se beneficiaron de la actividad ilícita de una inmobiliaria para obtener créditos hipotecarios sin que cumplieran requisitos necesarios. Los responsables de dicha inmobiliaria, cuatro hombres y una mujer, ya fueron detenidos y puestos a disposición judicial el pasado año 2020.
El pasado mes de septiembre del año 2020, el Equipo de Investigación de la Guardia Civil de Torrijos inició la Operación Monopoly para determinar la responsabilidad de unos delitos de estafa denunciados por una entidad bancaria. Poco después se realizaron varios registros domiciliarios y en la sede de una inmobiliaria ubicada en Santa Olalla, de donde se intervino una ingente cantidad de documentación física y digital.
En esta actuación se detuvo a cuatro hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 21 y los 64 años, por los delitos de organización criminal, falsedad documental y estafa. Estos delincuentes falsificaban la documentación de sus clientes, modificando su declaración de la renta, nómina o vida laboral para que éstos obtuvieran un préstamo hipotecario y así adquirir distintas propiedades, según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.
En meses un arduo trabajo llevado a cabo por los agentes de este Equipo de Investigación, analizando el material documental intervenido, más de un millón de archivos digitales y ochenta mil documentos físicos, además de la documentación relativa a una veintena de propiedades adquiridas de forma ilícita, se ha podido identificar a algunas de las personas que se habrían beneficiado de la actividad ilícita de la inmobiliaria.
Hasta el momento la Guardia Civil ha tomado manifestación como investigadas no detenidas, a nueve personas, que siendo conocedoras de la actividad ilegal de la inmobiliaria, habían contratado sus servicios y conseguido préstamos hipotecarios de varias entidades financieras para adquirir propiedades, por lo que se les ha imputado los delitos estafa y falsificación documental.
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