DCLM.ES · OPINIONES · Salvador García Llanos
Se agota el verano entre repercusiones del crimen de un menor en un municipio de Toledo, Mocejón, apenas cinco mil habitantes. De nuevo el odio, de nuevo el problema irresoluto del daño y de los peligros en las redes sociales. Otra vez los peligros de que los fanáticos, los populistas y los radicales, los odiadores, en fin, hagan lo que les venga en gana, favorecidos por una alta dosis de impunidad.
El fiscal de Sala de la Unidad de delitos de odio y discriminación, de la Fiscalía General del Estado, Miguel Ángel Aguilar, explicaba días pasados en la cadena SER que un delito de odio es una infracción penal de un hecho “que trae causa del rechazo a determinadas personas por motivos como racismo, xenofobia o discapacidad”, razón por la que anunció, tras conocer los pormenores del citado crimen, que la Fiscalía va a estudiar los mensajes en redes contra menores. Aguilar recordó que “tenemos en nuestras calles día a día agresiones hacia personas por este tipo de motivaciones” e incide sobre “la difusión de insultos racistas en acontecimientos deportivos”, así como “las informaciones falsas que, en determinados casos buscan señalar, estigmatizar, a personas migrantes para despertar sentimiento de rechazo de la población hacia ellas”.
Esta sala de la Fiscalía analiza cada caso concreto y tiene como objetivo supervisar y dar soporte técnico a los fiscales. Según Aguilar, “hay que hacer una investigación muy rigurosa, recopilar todo tipo de datos y después, valorarlos”. Es decir, se hace necesario contrastar la entidad de los hechos, la gravedad de los mismos, la persona que afirma y su capacidad de liderazgo, todo un contexto, tras el que actuar consecuentemente.
Quizá lo más llamativo de esta aportación del fiscal Aguilar es que pueda significar el alumbramiento de una reforma del código penal en dos direcciones: por un lado, posibilitando que los condenados por cometer delitos de odio en las redes tengan que permanecer durante un tiempo alejados de las mismas; y por otro, que los usuarios tengan que estar perfectamente identificados. En efecto, se ha comprobado que muchas investigaciones desde órganos policiales y judiciales no prosperan porque no es posible identificar al autor o autores.
Claro que como es previsible que el fenómeno siga creciendo y alcanzar una solución por esta vía puede demorarse, Aguilar también pide implicación de otros estamentos para “educar y prevenir” y desarrollar otras medidas para combatir el odio porque cree que es peligroso fiarlo todo a la ley: “La ley no puede acotar qué se puede publicar y qué no, es peligroso para nuestra democracia”, sentencia, pero recuerda que sí hay unos límites administrativos y penales.
Según la SER, haciéndose eco del testimonio del fiscal, se percibe que “de una forma coral, desde diferentes ámbitos, hay una estrategia de criminalizar, sobre todo, a sectores vulnerables de nuestra sociedad (a los migrantes, a los menores no acompañados...)” pero cree que la sociedad es inteligente: “Por nuestra propia historia, porque somos una sociedad migrante... somos conscientes de la importancia que tiene la inmigración y los rendimientos positivos que están dando a España, a nivel de convivencia, cultural...”, destaca. “Hace falta que los poderes públicos implementemos todas las medidas necesarias”, afirma.
Los propios registros de la Fiscalía evidencian el incremento de los delitos de odio, luego, independientemente del debate que se abra sobre esa reforma, hay que actuar con decisión y valentía con tal de acabar con tendencias y lenguajes alvisescos, cada vez, por cierto, más abundantes. Acaso, simplemente, porque la impunidad habita en ciertas redes. Muchos comentarios no tendrán trascendencia penal pero, en sí mismos, son muy odiosos, reprobables y socavan nuestro modelo de convivencia.
Salvador García Llanos
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