"Hay que parar el trasvase por su irracionalidad y su insostenibilidad"

Luis Arroyo Zapatero acaba de llegar de Francia, donde ha recibido su enésimo reconocimiento al ser nombrado ‘Miembro de la Academia de las Ciencias Morales y Políticas de París’, institución fundada en 1795, suprimida durante casi tres décadas, y restaurada en 1832 por François Guizot.

La Academia de Ciencias Morales y Políticas es la más antigua en el ámbito de las ciencias humanas y sociales, y, siguiendo el espíritu de Montesquieu, se empeña en describir científicamente la vida de los hombres en sociedad y proponer mejoras formas para su gobierno. Tras ella surgieron entidades hermanas en diversos puntos del mundo. Formar parte de esta Academia es una excepcionalidad. De hecho, en sus dos siglos de historia, solo dos españoles han formado parte de ella: Gregorio Marañón (1956) y Luis Arroyo Zapatero (2019.

Disfrutamos de un buen café en el acogedor porche de su casa en Ciudad Real, en una mañana otoñal en la que se cuelan los rayos de sol entre las cortinas para que el ambiente sea relajado y agradable. Damos los primeros sorbos y entramos rápidamente en conversación

¿Repasar su biografía apabulla y no vamos a enumerar los títulos, distinciones, reconocimientos…, pero condicionan su vida de alguna manera? ¿Cómo es su día a día?

Bueno, aunque parezca extraño, mi vida no es muy diferente de la del resto de personas, cada cual tenemos nuestras ocupaciones y responsabilidades. Mi día a día transcurre en la preparación de las clases, que sigo impartiendo en la Universidad, la producción intelectual en forma de artículos o libros y, obviamente, el estudio detallado desde la perspectiva jurídica de cuanto sucede en nuestras sociedades. Eso sí, puede que mis análisis tengan el sesgo del jurista que soy, condición de la que casi me resulta imposible desprenderme.

La diferencia con la mayoría de personas está en la frecuencia con la que viajo. Ese si es un peaje que tengo que pagar por formar parte de numerosos organismos internacionales. Pero bueno, lo hago con gusto porque me motiva que la justicia participe de la toma de decisiones ante los problemas que afectan a nuestro mundo.

En la Academia de Paris, usted forma parte de la Sección de Ciencias Morales y Sociología. ¿Cuáles son los ámbitos naturales de esta sección?

Prioritariamente, esta sección se ocupa de cuestiones relacionadas con la globalización y sus aspectos políticos, culturales y jurídicos, y especialmente de la armonización jurídica internacional. Eso sí, entenderá usted que este tipo de instituciones con consultivas, nos dedicamos a asesorar a quienes tienen la capacidad de decidir y generalmente nuestros esfuerzos tienen éxito.

Actualmente, el mundo vive con extrema preocupación la amenaza del Cambio Climático y la mayoría de los gobiernos se han comprometido a adoptar las medidas recomendadas por el panel de expertos de la ONU, y también son receptivos a nuestras opiniones en cuanto a la gravedad de los delitos que supondrían la omisión de sus responsabilidad con el presente y especialmente con el futuro. Nosotros procuramos que la legislación se armonice y se aplique en todos los países para garantizar que la justicia sea justa en todos sus aspectos. Para ese objetivo asesoramos a la ONU como miembro del Consejo para la Prevención del Crimen y para ese objetivo creamos el Instituto de Derecho Penal Internacional.

Tengo la impresión de que no siempre se consigue esa armonización, parece que Bélgica, Suiza, Gran Bretaña y Alemania no compartieron los delitos imputados a los dirigentes catalanes huidos y el Tribunal de Estrasburgo podría enmendar la plana al Supremo…

Bueno, las cosas no siempre son como parecen o como alguien pretende hacerlas parecer. En realidad, ocurre que no todos los países europeos tenemos tipificados los mismos delitos en nuestro código penal y aunque desde el año 2004, los países de la UE comparten la ‘Euroorden’, los criterios para aplicarla tienen especificidades en cada país porque la justicia debe ser garantista siempre. Lógicamente, cuando se pide extraditar a alguien por un presunto delito que no figura como tal en ese país se produce una contradicción y la justicia es garantista y debe entrar en el fondo del asunto, lo que obviamente retrasa los acontecimientos.

En cuanto al Tribunal de Estrasburgo conviene aclarar que solo entrará a valorar si los juzgados han contado con todas las garantías y, en mi opinión, así ha sido. El juicio ha sido modélico en todos sus aspectos, incluido el de la transparencia mediática para que nadie pueda insinuar que los derechos de los juzgados no han sido respetados. En mi opinión, el Tribunal de Estrasburgo no revisará las penas impuestas por el Supremo porque no hay razones para ello puesto que los derechos procesales han sido respetados y las penas impuestas se ajustan a la Ley.

¿En relación a lo anterior, no cree usted que se le está exigiendo a la justicia que resuelva un problema de carácter político y que debieran resolver los políticos?

Bueno, esa es una cuestión que hay que separar. A los juristas nos llega un caso en el que se han vulnerado determinadas leyes y no podemos obviar nuestra responsabilidad de juristas porque actuaríamos de forma delictiva.

Yo, como ciudadano puedo tener opinión sobre los problemas políticos de mi país y apreciar o sugerir como deben resolverse. Pero cuando entra una denuncia en el juzgado, como jurista no puedo desatender mis responsabilidades. Si el Congreso o el Gobierno aprueban nuevas leyes o modifica alguna de las existentes, los tribunales se limitaran a aplicarlas con el máximo de garantías para el interés general porque esa es su responsabilidad.

Usted y el instituto que preside buscan que la justicia sea un derecho universal pero, incluso algunos juristas afirman que las leyes están hechas para aplicárselas al ‘robaperas’ mientras los poderos casi siempre eluden las penas…

No voy a negar hechos que son evidentes pero conviene no olvidar de dónde venimos y como hemos avanzado durante el último siglo, y como los avances en los últimos años son meteóricos y estamos consiguiendo juzgar y condenar en los tribunales internacionales a delincuentes que eran ‘intocables’ en sus países. Yo soy optimista de cara al futuro. La armonización internacional de la justicia y la extensión de los derechos legales al conjunto de la humanidad es una realidad imparable.

¿Acabamos de asistir a la exhumación del cadáver de Franco para llevarlo a un cementerio privado, cree usted que con ello se ha hecho justicia a sus víctimas?

Seguramente a sus víctimas y a los familiares de sus víctimas no se ha hecho justicia del todo y queda por exhumarlas dignamente a todas, identificarlas y entregarlas a sus familiares. Queda pendiente también anular las causas por las que fueron juzgadas arbitrariamente. También queda pendiente que vamos a hacer con el Valle de los Caídos. Ahora bien, a quienes sí se ha hecho justicia con la exhumación de Franco es al conjunto de la sociedad española y a la historia.

¿Es habitual que la familia y los partidarios del dictador hagan apología de su figura y nieguen sus crímenes, cómo podemos resolver este agravio a toda la sociedad?

Quizá deberíamos plantearnos alguna ley que tipifique como delitos la exaltación del Franquismo y el negacionismo de sus crímenes. En Europa tenemos algunas referencias que nos podrían inspirar, pero esa es competencia del Congreso de los Diputados y a los juristas nos cabe esperar a su aprobación y después aplicarla con todas las garantías.

Entre las distintas responsabilidades que ha tenido usted está la de haber presidido el Patronato del Parque Nacional de las Tablas de Daimiel, que no pasa por su mejor momento. Además, vivimos en una tierra en la que su escasa agua se trasvasa o se usa como si no hubiera un mañana. ¿Qué podemos hacer?

En aquella época, para el problema de las Tablas de Daimiel, que se repite periódicamente, arbitramos una solución durante el Gobierno de José María Barreda. Aunque no estaba pensada en exclusiva para las Tablas, la Tubería a la llanura manchega pretendía resolver el problema de la sequía en una de las comarcas más pobladas y con más recursos agroeconómicos de la región. Entonces se pensó en habilitar un trasvase de ‘agua de boca’ desde un punto del Tajo y se ejecutaron todas las obras necesarias. Solo falta hacer las conexiones y darle al ‘botón de encendido’. Ahora mismo se podría hacer pero nos encontramos con que es imposible porque el agua del Tajo se está trasvasando hacia otras regiones y territorios en los que cuentan con sus propias soluciones, como son las desaladoras de agua del mar. Tenemos que conseguir parar ese trasvase por su irracionalidad y por su insostenibilidad y también porque la legislación comunitaria nos obliga a proteger los ríos, tanto en lo que se refiere a su caudal como sus cauces, que son verdaderos refugios de vida natural.

Además, en La Mancha tenemos que recuperar la cultura tradicional del agua y limitar los consumos a la cantidad de recurso disponible, que además está disminuyendo como consecuencia del Cambio Climático. Alguien tiene que atreverse a formar e informar al conjunto de los consumidores de que no podemos seguir derrochando un recurso cada día más escaso.

Ponemos punto final a una hora de apasionante conversación con el rector honorario de la Universidad de Castilla La Mancha, rector entre 1988 y 2003, y fundador y director del Instituto de Derecho Penal Europeo e Internacional, con sede en el campus de Ciudad Real. Le preguntamos si se siente corresponsable de cómo ha influido la institución académica en el desarrollo de la ciudad y si la presencia del Instituto la prestigia internacionalmente. Con humildad nos responde lo siguiente…

Es evidente que Ciudad Real ha vivido tres acontecimientos históricos que han impulsado su crecimiento poblacional y su pujanza hasta situarla entre las ciudades más pobladas de la región. Sin duda, la constitución de la autonomía con la ubicación de las distintas administraciones dependientes, la creación de la Universidad y el desarrollo de sus distintos campus y la llegada del tren de alta velocidad son los momentos históricos que han hecho de Ciudad Real lo que actualmente es. En lo que concierne a la Universidad, el único mérito que puedo atribuirme es el haber hecho el trabajo que me encomendaron, primero José Bono y después José María Barreda. Lo que si considero es que el trabajo que hicimos nosotros durante 15 años lo habría hecho otro rectorado con igual esfuerzo y resultado.

En cuanto a la presencia en el campus de Ciudad Real de la sede del Instituto no soy yo quien tiene que hacer ese tipo de evaluaciones. En el Instituto nos ocupamos en armonizar internacionalmente nuestra visión del derecho penal internacional y para ello firmamos convenios de colaboración con universidades e instituciones de todo el mundo. En ello ponemos todo nuestro empeño y lo seguiremos haciendo para que nuestro alumnado se beneficie de ello.

M. Félix de San Andrés