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Agresión y boicot al periodismo

Si los catalanes partidarios de la independencia creen que amenazando y agrediendo a reporteras, en plena prestación profesional, ganan enteros en sus pretensiones, están simplemente equivocados. Por García-Llanos.

10.10.2019

Política en Castilla-La Mancha

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Se han puesto de moda los ataques al periodismo. Sí, de acuerdo, comparados con los que sufren y padecen en otros sitios, con alto coste de vidas humanas, parecen de menor importancia pero son ataques que, por menoscabar la integridad física de las personas o el principio de la libertad de información, en la que se supone es una sociedad avanzada y democráticamente madura, solo producen desazón y repulsa.

Si los catalanes partidarios de la independencia creen que amenazando y agrediendo a reporteras, en plena prestación profesional, ganan enteros en sus pretensiones, están simplemente equivocados. Si la derecha extrema de un partido innombrable entiende que no permitiendo el acceso de ciertos medios a un acto público propio hacen demostración de algo, están simplemente errados. En ninguno de los dos casos, se han lucido. Hasta es probable que muchos de los propios partidarios de las respectivas causas hayan rechazado los métodos, violentos y excluyentes. La democracia y el pluralismo no deberían conocer de estas situaciones que desvirtúan, notoriamente, afanes y objetivos.

Ha ocurrido en Catalunya, durante la cobertura informativa de la manifestación del aniversario del 1-O,  cuando la periodista Laila Jiménez (Tele 5) fue zarandeada y agredida por algunos participantes en las manifestaciones; y en Madrid, en vísperas de un mitin de la organización ultraderechista, previsto para ayer, cuyos dirigentes vetaron la presencia de los profesionales de elplural.com, en otra prueba de su manifiesta hostilidad hacia algunos medios de comunicación.

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha sido concluyente en ambos casos, reprobando los hechos y condenando cuantas acciones impidan el ejercicio de derechos constitucionales. “La reiteración de estos ataques -manifestó en el caso de Catalunya- confirma que determinados sectores del independentismo han emprendido una clara e intolerable estrategia de ataque a los derechos constitucionales a la libefrtad de expresión y a la información, pilares fundamentales de la democracia. Su objetivo es minar estos derechos y, de paso, debilitar a la propia democracia. Nada democrático se construye sin respetar tales derechos”.

Reitera la FAPE que estas nuevas agresiones a periodistas confirman que el ejercicio libre del periodismo está sufriendo graves limitaciones en Catalunya, lo que no solo debe preocupar a las organizaciones profesionales del sector, sino también a los responsables públicos y a los ciudadanos. Por eso, insta al gobierno catalán a que condene estas agresiones, tome medidas para que no se repitan y garantice el libre ejercicio del periodismo. Está claro que la intimidación, la agresividad y la violencia hacen un flaco favor a Catalunya y al propio independentismo. Ello no contribuye en nada a la imagen de una comunidad pacífica, moderada, moderna y avanzada. Al contrario, fortalece el sentimiento de lástima que inspira su deriva separatista.

En cuanto a la derecha extrema, que tiene sectores -como ha quedado demostrado- revanchistas y guerracivilistas, las organizaciones profesionales, tanto la FAPE como la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), han sido igual de contundentes. Hablan de discriminación intolerable y de una grave vulneración el derecho constitucional a la libertad de expresión que ampara, a su vez, los derechos de prensa e información, pilares fundamentales de la democracia. Pero ya se sabe cómo la entienden estas personas tan radicales. En “su” democracia, se permiten estos plácemes. Quién les vería si tuvieran responsabilidades de gobierno.

La respuesta es terminante: se insta al partido innombrable  a que apueste por una política de transparencia que incluya la libertad de crítica aunque esta no sea de su agrado. Es más: se le recuerda que “los partidos políticos deben someterse al escrutinio de la opinión pública, un ejercicio que se facilita a través del trabajo de los medios de comunicación en un marco de libertad de expresión y de respeto al derecho a la información”.

Mucho hay que temer que estas consideraciones sean papel mojado.

Salvador García Llanos         

 

 

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