Nada podrá paralizar la exhumación de Franco

El Gobierno está firmemente convencido de que nada ni nadie podrá paralizar ya la exhumación de Francisco Franco del Valle de los Caídos, una vez que el Tribunal Supremo ha avalado "en sentencia firme y directamente ejecutable" el procedimiento iniciado hace más de un año por el Ejecutivo de Pedro Sánchez para trasladar sus restos al cementerio de El Pardo.

Así lo asegura a Europa Press un alto cargo del Ejecutivo directamente implicado en el procedimiento, que descarta que la suspensión cautelar decidida en febrero pasado por el juez de lo Contencioso Administrativo de Madrid José Yusty sobre el informe del ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial que autorizó el proyecto de las obras de exhumación pueda obstaculizar los trabajos.

El Ejecutivo alega que este magistrado no tiene competencia para suspender una decisión del Consejo de Ministros, menos aún cuando ésta tiene el aval del Supremo, el órgano competente para paralizar los actos administrativos del Gobierno.

LA AUTORIZACIÓN DEL PRIOR, MERO TRÁMITE

Así las cosas, y como ha avanzado este martes la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, nada más conocer el fallo del Supremo, la intención del Ejecutivo es proceder a la exhumación "cuanto antes". Para ello, sólo falta que el Gobierno pida la necesaria autorización para entrar en la Basílica del Valle de los Caídos donde está enterrado Franco al prior de la comunidad benedictina que custodia el lugar, Santiago Cantera.

Se trata de un trámite meramente formal, que no requiere decisión previa del Consejo de Ministros, y que el Gobierno confía en completar sin incidencias dado que tiene por escrito el compromiso del prior de acatar la sentencia del Supremo.

Así se lo trasladó el propio Cantera en un escrito fechado el 26 de diciembre de 2018 dirigido a la subsecretaria del Ministerio de Justicia, en el que, si bien negaba la autorización para exhumar a Franco sin permiso de la familia, reconoció que la comunidad que dirigía "está sujeta a lo que decidan en su día las autoridades competentes, que dado el carácter conflictivo de la cuestión, no pueden ser otras que las judiciales".

Tampoco genera ninguna inquietud en el Ejecutivo la intención de la familia Franco de dirigir un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, dado que en contadas ocasiones ha suspendido la ejecución de un acto de la Administración que tuviera ya el aval del Supremo, como ocurre en este caso.

LA FECHA NO SE DECIDIRÁ ESTE VIERNES

Lo que sí depende de una decisión del Consejo de Ministros es la fecha definitiva para proceder a la exhumación y posterior inhumación de los restos del dictador en el panteón del cementerio de El Pardo donde reposa la mujer del general, Carmen Polo.

En el entorno más próximo del presidente descartan que la fecha se decida en el Consejo de Ministros de este mismo viernes, dado que ese mismo día por la mañana regresa Sánchez de su viaje a Nueva York para asistir al inicio del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

La decisión, en cualquier semana, se espera "en las próximas semanas" y la voluntad del Gobierno apunta a concretar la operación antes de que arranque la campaña electoral el próximo uno de noviembre, si bien la última palabra la tiene el presidente.

En círculos socialistas es mayoritaria la opinión con respecto a que hacer realidad la salida de Franco del Valle de los Caídos, poniendo fin a la anomalía que para ellos representaba el hecho de que el dictador esté enaltecido en un monumento público, beneficia al PSOE porque es un tema que moviliza al electorado de izquierda --más propenso a caer en la abstención ante la frustración del pacto con Podemos-- y, en el peor de los casos, deja indiferente a los votantes de centro.

Quienes se opondrán a la medida serán elementos de la derecha más radical, cuya movilización puede servir de acicate para motivar al votante de izquierdas, arguyen desde el Gobierno, donde reivindican que proceder ahora a la exhumación es una forma de poner en valor la "competencia" que el Ejecutivo ha demostrado en un asunto complejo como el de la exhumación de Franco con el que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se atrevió a lidiar en su día precisamente por las dificultades que preveía que se iba a encontrar.

Agregan las fuentes consultadas que no ha sido el Gobierno el que ha elegido la fecha en la que se ha pronunciado el Supremo, ya que por ellos hubieran sacado a Franco el verano pasado. Ha sido la familia la que, con la batalla jurídica iniciada, propició que la exhumación se fuera retrasando.