DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Política
Han pasado 40 años de la entrada en vigor de la Constitución española, justo un año menos que la matanza de los abogados laboralistas de Atocha, 55 en Madrid. Si de algo ha servido la aprobación de la Constitución, ha sido precisamente para que no se repitieran actos como el de la "Matanza de Atocha".
LOS HECHOS
Nada hacía presagiar que sería una terrible noche, aquella en que Enrique Valdevira estrenaba capa nueva y había llevado bocadillos a los compañeros, para hacer frente a una larga noche de trabajo sabiendo que al final descansaría con su mujer y su hijo de un año, a quienes dejó solos para siempre. Seguramente Luisja como le llamaban los compañeros (Luis Javier Benavides) no imaginó ni por un momento cuando fue a abrir la puerta del despacho que miraría a la muerte de frente tan solo durante unos minutos.
Seguramente Ángel Rodríguez Leal, ese conquense de Casasimarro, que fue despedido de telefónica, y contratado como administrativo en el despacho de abogados, cuando decidió esperar a su compañero para acompañarlo al metro, no pudo imaginarse lo que ocurriría allí esa noche. Minutos antes el castellano-manchego había regalado a su compañero Alejandro Ruiz Huerta un bolígrafo que éste llevaba en el bolsillo de su camisa y le salvó la vida al desviar la bala.
LOS CULPABLES
Hoy cuarenta años después, uno se pregunta qué fue de los responsables del delito: Francisco Albaladejo, José Fernández Cerrá, Carlos García Juliá y Leocadio Jimenez Caravaca.
Sabemos que Francisco Albaladejo condenado a 73 años de cárcel, falleció en prisión en 1985. Leocadio Jiménez también falleció en 1985 de cáncer de laringe. José Fernández Cerrá cumplió 15 años de los 193 que se le habían impuesto y salió con la condicional en 1992, sin que hasta el día de hoy se tenga noticia de él. Por su parte Carlos García Juliá condenado igualmente a 193 años de cárcel como autor material junto con el anterior, salió en 1991 mediante decreto firmado por el juez Sánchez Ybarra con libertad condicional. En 1994 solicitó permiso para viajar a Paraguay, permiso que fue concedido por el juez José Luis Castro de la Audiencia Nacional, que convirtió a García Juliá en un huido de la Justicia. En 1996 fue detenido por la policía boliviana por tráfico de drogas y cumplió condena en una prisión de alta seguridad en La Paz (Bolivia). Izquierda Unida no ha dejado de exigir su extradición en todo este tiempo ya que aún le quedan 3.855 días de condena que cumplir, algo que parece ser que al final se conseguirá.
LAS CONSECUENCIAS
Hoy todos sabemos lo que ocurrió entonces, lo que ha pasado durante estos ya 41 años, para no dejarnos de sorprender con el hecho de que 41 años después, la derecha sigue mostrando sus venganzas y lo que deberían ser sus vergüenzas. El pasado año en un parque de Casasimarro (Cuenca), que lleva el nombre de Ángel Rodríguez Leal, uno de los muertos de Atocha, los vecinos pretendían colgar una placa conmemorativa, pero su alcalde, Juan Sahuquillo del Partido Popular, lo ha impedido.
En este aniversario de la Constitución, mientras la policía federal brasileña en colaboración con la española, detenían a uno de los dos autores materiales del atentado, eran abucheados los presidentes de izquierdas a la entrada del Congreso de los diputados por un grupo de exaltados, "herederos", como bien los ha definido Cristina Almeida, de aquellos que cometieron tan execrable acción.
No hace falta repetir lo que la extrema derecha piensa de la Memoria Histórica y de la tumba de Franco en el Valle de los Caídos. Lo que opina de la libertad, la democracia, la tolerancia y la convivencia, frente a la que se revolvieron hace 41 años, matando a cinco personas inocentes que tan solo realizaban una jornada laboral más, esta vez en apoyo de los trabajadores del transporte de viajeros.
La derecha intransigente, por mucho que alcen banderas y defiendan con la boca pequeña la legalidad vigente, sigue tratando de imponer sus criterios, pretendiendo hacernos creer que son los mayoritarios; aprovechando que muchos de los jóvenes de hoy, desconocen el curso de la historia y las razones porque las que aún existen personas que viven con miedo. Uno de ellos Alejandro Ruiz Huerta, a fecha de hoy único superviviente del atentado, que se vio obligado a abandonar Madrid por un miedo insuperable. Hoy catedrático de derecho constitucional y presidente de la Fundación Abogados de Atocha.
Cuando se habla de Memoria la única justificación argumentada por la derecha es no despertar la memoria dormida ¿Dormida para quien? La memoria nunca duerme…
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