La Conferencia Sectorial de Inmigración y Emigración aborda este lunes la cuestión migratoria con las CCAA

La Conferencia Sectorial de Inmigración y Emigración, que no se reúne desde 2015 y que estará presidida por la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, abordará este lunes, 6 de agosto, con las comunidades autónomas la cuestión migratoria en España.

El encuentro se produce justo después de que en el pasado Consejo de Ministros del 3 de agosto se aprobara la creación de un mando único para la cooperación operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la frontera y en el Estrecho y en medio de una constante llegada de pateras.

El objetivo del mando único que se pondrá en marcha pasa por centralizar "la coordinación y el seguimiento" de todas las actuaciones vinculadas con la inmigración ilegal. Asimismo, el Gobierno ha puesto en marcha un plan de choque dotado con 30 millones de euros hasta final de año para el reforzamiento de la atención a inmigrantes y refugiados a pie de playa.

El pasado viernes también visitó Madrid el comisario europeo de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía, Dimitris Avramopoulos, que se reunió con la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, a la que reafirmó su compromiso para afrontar el "desafío migratorio" en una reunión a la que también acudieron los ministros de Asuntos Exteriores, Interior y Migración.

Uno de los aspectos que previsiblemente se abordará en la reunión de la Conferencia Sectorial es la situación de los menores extranjeros no acompañados (MENAS), que en España ascienden a más de 7.000 en lo que va de 2018, lo que supone un 12% más que hace casi tres meses, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy cifró en 6.248 los MENAS que constaban en el registro del Ministerio del Interior a fecha 30 de abril.

Estos datos se dieron a conocer durante la reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Migratorios celebrada este pasado jueves 2 de agosto en La Moncloa, en la que se trazaron las líneas de actuación de la política migratoria, entre los que destaca la seguridad de las fronteras, el respeto a los derechos humanos y un plan de reforma de la Oficina de Asilo y Refugio (OAR).

En el caso de los MENAS, el Ejecutivo ve "necesario desarrollar un esfuerzo coordinado" entre las diferentes administraciones responsables para asegurar la atención más adecuada, sin saturar los servicios de las CC.AA. más afectadas, especialmente Andalucía, País Vasco y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

Precisamente esta semana, la consejera de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, María José Sánchez Rubio, aseguró que la Junta "iba a abordar a través de alguna entidad" acerca de "otro sistema de atención de emergencia e inmediata" en las llegadas de menores no acompañados que llegan en patera a las costas "para evitar que, en un momento determinado, puedan colapsarse las plazas" de los Centros de Protección de menores.

La consejera recordó que se han ampliado las plazas de acogida en los Centros de Protección de Menores, al tiempo que reiteró se está trabajando en otro sistema de atención de emergencia "para evitar que las plazas planificadas no se desequilibren por esas entradas inmediatas" y que "no se produzca ese desequilibro en lo que es la atención residencial básica".

"Andalucía es frontera y, por lo tanto, las personas que están en este drama migratorio van a entrar por aquí, pero que finalmente todos los territorios tendrán que tener solidaridad con las personas, no solamente la Junta", subrayó.

Por su parte, desde la Asociación Pro Derecho Humanos de Andalucía (Apdha) y la Asociación Pro Derechos de los Niños (Prodeni) lamentaron esta semana que "la atención que se da a los niños en los centros de acogida es bastante deficiente", al tiempo que denunciaron que esta realidad "se viene observando desde hace tiempo".

LA GESTIÓN DE LOS CENTROS, CONCERTADA O PÚBLICA

Una vez llegan a España, los MENA son adscritos a Programas de Acogida Inmediata y trasladados a Centros de Protección de Menores. En el caso Andalucía, se plantean tres situaciones posibles para la gestión de estas residencias, según la información consultada en la web de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.

En un primer lugar, la Junta es titular del centro y la misma lo gestiona directamente; en un segundo caso, los centros son propiedad de una entidad privada que los gestiona a través de un convenio con la Junta, y en un tercer caso, la Administración autonómica es dueña del edificio, pero lo cede para su gestión a una entidad privada a través de un convenio o contrato.

Sobre la reunión de la Conferencia Sectorial de Inmigración y Emigración, ambas entidades señalaron que la posible coordinación entre administraciones "será buena, siempre y cuando sea el objetivo la mejor protección de los menores".