Piden 50 años para cada uno de los cuatro acusados de trata y prostitución en Tarazona

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Albacete juzga este martes 31 de enero, después de ser suspendido el pasado mes de octubre, a cuatro acusados por presuntos delitos de trata de seres humanos y prostitución, por los que se enfrentan a una petición de pena de la Fiscalía para cada uno de 50 años y 5 días de prisión, y un año más para uno de los acusados, por delito de desobediencia.

Además de los 10 años y un día por cada uno de los cinco delitos de los que se les acusa, la Fiscalía pide que los acusados indemnicen conjuntamente a cada una de las cinco víctimas en la cantidad de 6.000 euros.

Según recoge el exhaustivo escrito de acusación del Ministerio Fiscal, los cuatro acusados, todos de nacionalidad rumana, se agruparon para montar una trama con la finalidad de traer a distintas mujeres jóvenes desde Rumania hasta España, para enriquecerse a costa de ellas, obligándolas a trabajar como prostitutas y quedarse con el dinero que cobraran a los clientes.

Contactaban con ellas en Rumanía, les prometían un trabajo bien remunerado, les ayudaban a tramitar el viaje a España y las controlaban durante el mismo. Además, según el fiscal, al llegar a España, las confinaban en un club de alterne, obligándolas a prostituirse.

De los cuatro acusados, una pareja que eran matrimonio, actuaban como cabecillas de la trama, un tercero se encargaba de hacer de chófer, y transportaba a las mujeres si tenían que hacer algún servicio fuera del local, y el cuarto se dedicaba a buscar clientela.

Los viajes desde Rumanía siempre los hacían en autobús, y el cabecilla compraba los billetes y recogía a las chicas en la estación, junto al chófer, hasta llevarlas al club, en Tarazona de la Mancha (Albacete), donde juntaron a cinco chicas.

Desde que llegaron a esta localidad albaceteña, los acusados "presionaron, asustaron y hostilizaron" a las mujeres para que cumplieran sus órdenes y éstas se sintieran "atrapadas", al igual que, según el escrito de acusación, fueron sometidas a distintos "acoquinamientos", a golpes y a maltratos, algo que le ocurrió a una de las víctimas, que inicialmente se negó a prostituirse "porque estaba embarazada".

Los acusados, además, quitaron a las chicas la documentación para que no pudieran escapar hasta que, finalmente, las prostituyeron. Esta trama decidía el número de encuentros sexuales que cada chica debía tener en el burdel, los que fijaban el precio y los que recaudaban el dinero.

En cuanto al presunto delito de desobediencia del cabecilla, fue porque se le instó en varias ocasiones al cese de actividad del negocio, ya que no tenía la titularidad ni la licencia de actividad --la había solicitado pero no se la habían concedido-- y lo incumplió reiteradamente.