El 25 de mayo (y): ¿La constitución de una Europa cosmopolita del siglo XXI?

La Unión Europea (UE) se encuentra en las horas más bajas de su historia, en lo que no es exagerado calificar de verdadera «crisis existencial» como proyecto político, económico y social. Su actual situación pone en cuestión, en primer lugar, la relevancia de ese proyecto, señalando su supuesta rigidez y disfuncionalidad para hacer frente a las urgencias de la crisis y buscar acomodo en el sistema global. En segundo lugar, aunque el proyecto europeo siga siendo relevante, se pone en duda su viabilidad. Son voces diversas, cada vez más numerosas, las que afirman que ante la crisis económica y otras amenazas que se relacionan con «Europa» —las migraciones descontroladas, los recortes fiscales o la burocracia bruselense— sería mejor «ir solos». Pero más allá del discurso y el debate político superficial, hay que reconocer que la UE experimenta una crisis profunda que afecta a su racionalidad, legitimidad, relevancia y viabilidad.

Europa examina su «crisis existencial» en las urnas, más de 400 millones de electores, muchos desencantados y hasta escépticos, deciden el próximo lustro de la Unión, la cual necesita valentía tras los primeros y débiles signos de recuperación, que no esconden ni las feroces tensiones sociales ni las dudas sobre la credibilidad de las instituciones. «¿La promesa de una UE más grande y próspera es insostenible?», se preguntaba el historiador Tony Judt en un libro extraordinario, titulado Una gran ilusión.

La actual sociedad mundial –en la cual Europa aspira a ser un actor principal–, se caracteriza principalmente por ser un sistema internacional en profunda mutación, cargado a su vez de incertidumbre, que avanza hacia lo que algunos especialistas denominan un orden internacional «post-Westfalia» o, lo que es lo mismo, «posnacional». Ante las dinámicas y nuevas realidades del escenario internacional, ante la globalización del capital y del riesgo, las medidas adoptadas a nivel nacional están condenadas al fracaso. Y como ejemplo de dicho argumento, la Europa actual, o mejor dicho, las instituciones que la componen, que se basan en la mentira existencial nacional de que en la sociedad y en la política europeas podría haber un retorno idílico al Estado-nación.

Con el proyecto del euro, la UE pretendió ganar márgenes de autonomía como proyecto económico, político y social, y contribuir a la gobernanza de la globalización desde sus valores e identidad. Pero la realidad ha dañado unas pretensiones por medio de una crisis que responde, en buena medida, a causas autoinflingidas. Estas cuestiones, según el economista Dani Rodrik, podrían plantearse como un «trilema» en el que las ventajas de la globalización económica profunda –participación en cadenas productivas globales, acceso a mercados externos, al capital y la tecnología a menor coste–, el Estado-nación como locus de la política y la autoridad pública y la democracia basada en la autodeterminación de cada comunidad política, son tres objetivos que no pueden ser satisfechos simultáneamente.

Con la globalización y la crisis, parece haberse optado por la «camisa de fuerza dorada» que supone optar por la globalización económica y las políticas del Estado-nación, lo que a la postre supone renunciar a la política democrática, lo que provoca la desafección creciente de la ciudadanía. La única salida a este trilema compatible con la política democrática y su contenido económico y social, dado que no parece posible ni deseable romper la vinculación con la economía global, exigiría un «federalismo global» basado en un multilateralismo representativo, legítimo y eficaz, de alcance regional y global, en definitiva, cosmopolita.

El concepto y la historia del cosmopolitismo son tan antiguos como el pensamiento político. Los conceptos «cosmopolita» y «cosmopolitismo» son teorizados (inventados) en la antigua Grecia. Se remontan a Diógenes, que rebatía la distinción entre los helenos y bárbaros en términos de lo propio y lo ajeno. Hoy, a comienzos del siglo XXI «cosmopolitismo» alude a la movilidad que sobrepasa y mezcla fronteras, significa, pues, que la construcción de una doble localización de todos suprime y renueva simultáneamente la distinción «nosotros-otros». En el presente artículo partimos de que el cosmopolitismo es un posicionamiento político-filosófico, a la vez que un concepto de gobernanza política, atribuible, de este modo, a la Unión Europea como proyecto institucional.


Cuando tratamos de aproximarnos a Europa tenemos la impresión de encontrarnos en una sala de espejos, de este modo lo único que existe es la «europeización», entendida ésta como un proceso institucionalizado. Como necesidad derivada de razones principalmente funcionales, más acuciantes por los procesos contemporáneos de transnacionalización, globalización y desterritorialización, debemos de apostar por una Europa cosmopolita. Nos estamos refiriendo a un instrumento eficaz para una gobernanza global, un imperativo de orden moral, pero cuyo reconocimiento y materialización exigirían en la actualidad tanto normas basadas en lógicas de reciprocidad, como de un federalismo global que trasciende y redefine la política y el derecho nacional. Hay que recordar que la UE es un proyecto eminentemente político –transnacional y cosmopolita– que puede ser interpretado en clave federal, encaminado redefinir la política, la soberanía y la ciudadanía. ¿Es posible la conformación de una «Europa cosmopolita»?, ¿no es el discurso del cosmopolitismo europeo una variante más de la «idea de Europa» presente en la historia desde el siglo XIV? Europa, como liga cosmopolita de Estados que intenta desarrollar una gobernanza global democrática, puede llegar a ser una utopía completamente realista.

Las elecciones del próximo 25 de mayo nos darán el alcance del desgaste (llamado «euroescepticismo») que no solo afecta a la idea de Europa, sino también a la conciencia democrática. Con motivo de las decisiones dramáticas adoptadas en torno a la crisis del euro se ha producido una escisión entre la capacidad para actuar y la autorización democrática, entre los que pueden pero no son responsables y quienes son responsables pero incapaces, una asimetría de poder y legitimidad; todo ello tiene mucho que ver con esa diferencia cada vez más acentuada entre responsiveness y responsibility, entre lo que los ciudadanos esperan de sus Gobiernos y lo que los Gobiernos hacen efectivamente.

El escenario –electoral– se desenvuelve en medio de un proceso de cambio, como consecuencia de las tensiones dialécticas que se producen entre lo viejo y lo nuevo, entre el futuro y el pasado. No nos estamos refiriendo a una mera descripción de la realidad social y política, ya que es la construcción discursiva (llevada a cabo por las diferentes propuestas políticas) la que configura los objetivos explícitos de proyectos políticos e ideológicos que persiguen la configuración de una determinada Unión, y es en este escenario, en el que la propuesta de una Europa cosmopolita se abre camino.

Por todo lo anterior, se requiere una redefinición de la construcción europea como proyecto democrático. Europa, a la postre, es hoy parte del problema, pero podría ser de nuevo la respuesta, si se logra salir del fatalismo que, al servicio de la ideología dominante en las distintas instituciones de la UE, especialmente en el Parlamento Europeo –de los 754 eurodiputados, aproximadamente 2/3 de los diputados del Parlamento Europeo son de talante «conservador», frente a 1/3 de teóricos «progresistas»–, pretende hacer creer que no hay alternativas; y se consigue articular una visión renovada y edificar nuevas coaliciones políticas para hacerla realidad. Afirmar ese renovado proyecto europeísta, además de evitar los nada desdeñables costes económicos de su quiebra, supone también reafirmar una de las más relevantes agendas políticas de progreso del siglo XXI. Porque el orden institucional nacional-estatal-internacional siempre está en juego y el momento actual requiere un cambio de mirada, una forma de contemplar el mundo escéptica y realista y al mismo tiempo cosmopolita.