Impagos en residencias

La Federación Lares, que representa a las residencias para mayores y dependientes gestionadas por entidades sociales --fundaciones, Cáritas y ONG--, denuncia en su último informe que hasta siete comunidades autónomas acumulan "grandes bolsas de deuda" con los centros residenciales por el impago de las plazas residenciales que tienen concertadas y que mantienen reservadas, se ocupen o no.

El nivel más "crítico" se da en Andalucía, donde la deuda supera los 14 millones de euros sólo para los centros de Lares y el pago de plazas, que debería abonarse a los treinta días, se está ejecutando con retrasos de hasta 4 meses. Para poder seguir funcionando, los centros han tenido que solicitar a los bancos anticipos de las facturas emitidas a la Junta, con un interés del 4%, así como pólizas de crédito.

En esta región, casi el 14 por ciento de las plazas concertadas con los centros Lares están vacantes y desde julio de 2012 "sólo se reponen las plazas para atender urgencias sociales y sólo en casos extremos", mientras las valoraciones están "prácticamente paralizadas y cuando se realizan reflejan índices a la baja". "El sistema está prácticamente paralizado, siendo los más afectados los usuarios sin acceso a los recursos que necesitan", explica el informe.

En Baleares, el nivel también se considera "crítico" en el informe. "Hay una importante deuda acumulada de 340.000 euros del impago de las 30 plazas concertadas en la Residencia Reina Sofía- Ibiza (única de Lares con plazas concertadas) desde el 2011 y hasta mayo de 2013", explica la organización, para incidir en que ha sido necesario contratar una póliza de crédito de 500.000 euros. El peso de esta deuda puede "hundir" el centro.

RIESGO DE DESAPARICIÓN EN CANARIAS

En la misma línea, las Islas Canarias, con un nivel igual de "crítico" por el adeudo de hasta siete meses de plazas concertadas a los centros residenciales más pequeños. "Es este un volumen muy importante para su dimensión empresarial", explica el informe, para incidir en que, también en este caso, la deuda se soporta con la suscripción de pólizas de crédito "que conllevan intereses importantes".

"Así las cosas las plazas concertadas corren el riesgo de desaparecer: En la actualidad los mayores atendidos en ellas no llegan a las 100 personas y mientras, el diálogo con las Administraciones es absolutamente deficiente", dice el informe sobre Canarias, donde, según afirma, "la Ley de Dependencia está totalmente paralizada".

Mientras, en la Comunidad Valenciana, los centros aún no se han recibido los importes correspondientes al 2013, es decir, el 60% del importe de las plazas concertadas, y se acumula una deuda "importante". Por un lado, los centros asociados a Lares de titularidad municipal tienen pendiente desde 2012 recibir 270.000 euros. Por otro, se adeuda a todos los centros 5,5 millones de euros por las plazas concertadas desde enero del 201) y 527.000 euros de subvenciones para equipamiento desde 2010.

Asimismo, en Castilla-La Mancha se deben entre 3 y 4 meses tanto en los conciertos como en las residencias que funcionan por convenio, aunque está previsto que se salden con los mecanismos de pago a proveedores que están en marcha. En Extremadura, por su parte, las plazas se pagan en un plazo de dos a tres meses y se acumula una deuda actualmente de 12.000 euros, y en La Rioja, donde los pagos son a 90 días, se acumulan 3 meses de retraso, según el informe.

PLAZAS VACANTES, DEPENDIENTES INFRAVALORADOS

"La crisis económica ha provocado que las Administraciones retraigan el gasto en dependencia y esta postura se ha materializado de muy diversas formas, generando una cascada de desajustes", señala Lares, que agrupa a más de 950 entidades en las 17 comunidades autónomas.

En este sentido, denuncia que la reforma de la Ley de Dependencia por la que se suprimieron los niveles intermedios que se utilizaban para clasificar la situación de la persona necesitada de atenciones, ha desembocado en "una extendida tendencia a la baremación a la baja" por lo que un beneficiario con gran dependencia es catalogado, por ejemplo, con un grado medio y quien estaba en esta situación, a su vez, puede ser considerado moderado.

Lares sostiene que esta medida "provoca que los centros perciban importes inferiores al coste de la atención real que prestan" a los dependientes que están ingresados en ellos. "En Aragón, por ejemplo, apenas hay mayores valorados con el Nivel III (Gran Dependencia)", explica el informe.

Otro de estos "desajustes" que señala la organización es la desocupación de plazas residenciales por la falta de reposición de los dependientes que fallecen. Según explica el informe, en Aragón el 46% de las plazas concertadas en centros Lares está vacante y las plazas por defunción no se cubren desde el 2010. Mientras, las plazas vacías en Andalucía son el 14% y no se producen reposiciones desde julio de 2012.

Asimismo, refiere una "bajada o congelación extendida en los precios de las plazas concertadas", aunque las Administraciones muestran cierta tendencia a flexibilizar parámetros como ratios de personal y de servicios que ayuden a los centros a soportar estas bajadas de precios. En algunas comunidades, en cambio, los precios de las plazas concertadas han subido ligeramente como es el caso de Asturias (1%) y Euskadi con un porcentaje cercano al 5%.