Más de 89.000 personas se han beneficiado de las deducciones fiscales de la Ley de medidas contra la despoblación en la Renta del 2023

Más de 89.000 personas se han beneficiado de alguna de las deducciones fiscales incluidas en la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias contra la despoblación y para el desarrollo del medio rural en Castilla-La Mancha en la campaña de la Renta del 2023 que tienen un monto total de 40 millones de euros, lo que supone 7.000 personas más que el año anterior.

Cifras que ha avanzado hoy el vicepresidente primero del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, tras la reunión del Consejo Regional de Despoblación que se ha celebrado hoy en Ciudad Real. Se trata, tal y como ha subrayado, de datos de la Agencia Tributaria donde se puede ver el incremento de beneficiarios con respecto a la campaña anterior.

En concreto, se ha detenido en las declaraciones que han podido bonificarse la residencia en los municipios en riesgo de despoblación, en intensa despoblación y en extrema despoblación de la Comunidad Autónoma y que en la pasada declaración de IRPF han ascendido a 85.775. Una cifra que supone un 53 por ciento de beneficiarios más que en la primera campaña de la renta con la entrada en vigor de la Ley.

Además, y ahondando en las cifras, el vicepresidente primero ha destacado las 1.608 desgravaciones contabilizadas por la Agencia Tributaria por traslado de vivienda a estas zonas, lo que se traduce en que “estas personas que se han ido a vivir a esos territorios”. 

En este punto, Martínez Guijarro ha detallado que esta deducción es la que ha sufrido un mayor incremento respecto al primer año de aplicación registrando un aumento del 234 por ciento, con respecto de aquella primera declaración de IRPF del 2021.

“Son cifras para estar satisfechos y nos demuestran que vamos por el camino correcto y hemos adoptado las medidas necesarias para revertir la pérdida demográfica en nuestros pueblos”, ha sentenciado.

• 2.036 millones en el Presupuesto 2025 para frenar la despoblación

Por otro lado, ha detallado que el presupuesto de las políticas activas frente a la despoblación del Gobierno de Castilla-La Mancha para 2025 se ha incrementado un seis por ciento respecto a lo presupuestado en 2024, destinándose casi 115 millones de euros más y un total de 2.036.957.490 euros.

Se trata, ha dicho, de cerca de 5,6 millones de euros diarios para el desarrollo integral del medio rural en la región y la garantía de acceso a los servicios públicos de toda la población con independencia del lugar de residencia.

Esto significa que, tal y como se recoge en la Memoria de Impacto Demográfico de los Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, las políticas activas frente a la despoblación para el año 2025 de la Junta representan casi el 25 por ciento del techo de gasto de la Junta, que es el presupuesto efectivo de la región para el próximo ejercicio y suponen el 3,7 por ciento del PIB de Castilla-La Mancha.  

En palabras del vicepresidente primero, el presupuesto regional para el próximo año “demuestra el compromiso firme del Ejecutivo Autonómico con la lucha contra la despoblación superando las reivindicaciones de los colectivos de la ‘España Vacía’, lo que nos hace ir varios pasos por delante”.

• Revisión de la ERD en 2025

Durante la reunión del Consejo regional de Despoblación, al que han asistido el comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique; la delegada de la Junta en Ciudad Real, Blanca Fernández; así como representantes de los Grupos de Desarrollo Rural;  y de los agentes económicos y sociales de la región, Martínez Guijarro ha recordado que el próximo año se hará la primera revisión de la Estrategia frente a la Despoblación (ERD), la principal herramienta de aplicación de la Ley, con el fin de analizar su evolución y abordar los ajustes necesarios para el cumplimiento de sus objetivos.

Y es que, tal y como ha subrayado, la estrategia tiene una vigencia de diez años, con revisiones cada cuatro años, y contempla hasta 210 medidas en cuatro ámbitos de actuación, servicios públicos, económico, social y territorial, encaminadas a favorecer el asentamiento y la fijación de población.

En este contexto, ha recordado que el Ejecutivo regional está trabajando junto con los Grupos de Desarrollo Rural en la elaboración de las Agendas de Desarrollo Urbano y Rural (ADUR) que nacen para ahondar en las necesidades específicas que tiene cada uno de los territorios afectados por la despoblación en la Comunidad Autónoma.

Serán, tal y como ha recordado, “26 agendas que se han concebido para acercar la lupa en cada una de estas zonas e identificar los estrangulamientos que están impidiendo el desarrollo económico y el asentamiento de población en estos municipios y generar las oportunidades en el territorio”.

Además, en el marco de las Agendas de Desarrollo Urbano y Rural, el Ejecutivo autonómico está trabajando en una normativa que permita simplificar los procedimientos urbanísticos que servirán para favorecer el trabajo de estos municipios en materia de vivienda.

El objetivo es que esa futura normativa agilice no solo la concesión de licencias, sino también la aprobación de otros instrumentos urbanísticos como calificaciones urbanísticas, proyectos de urbanización o de reparcelación, entre otros, “que van a servir para la implantación de empresas en nuestro territorio y el desarrollo de nuestros pueblos”.