DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Economía y Trabajo
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el límite de gasto no financiero, conocido como 'techo de gasto', del Presupuesto del Estado para 2025, que se eleva a la cifra récord de 199.171 millones de euros, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.
Con este paso, el Ejecutivo da el 'pistoletazo de salida' para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, que el Gobierno pretende aprobar en tiempo y forma antes de que acabe el año, con el objetivo impulsar la economía, pero teniendo en cuenta el complejo panorama internacional y la reactivación de las reglas fiscales europeas.
"Damos un paso decisivo en el camino de formulación de unas nuevas cuentas públicas para el año 2025, que esperamos presentar en tiempo y en forma y, por tanto, tenerlos aprobados antes del 31 de diciembre del año en curso", ha asegurado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha desglosado el nuevo límite de gasto no financiero para 2025.
Montero ha explicado que esta cifra de 199.171 millones es "bastante similar" a la registrada en el año anterior --solo ligeramente superior--, dado que a partir de ahora España recibirá más préstamos que transferencias procedentes de los fondos 'Next Generation EU'.
"En cualquier circunstancia, los fondos europeos siguen siendo una palanca imprescindible para la transformación de nuestro modelo productivo, fundamentalmente en digitalización, transición verde o cohesión territorial", ha señalado la ministra.
Sin tener en cuenta los fondos europeos, el 'techo de gasto' se eleva en 2025 a 195.353 millones, un 3,2% más respecto al año pasado (6.138 millones más). "Es un incremento relevante, pero prudente, que anticipa nuestro compromiso con la estabilidad fiscal", ha subrayado la titular de Hacienda.
Junto con el 'techo de gasto', el Gobierno ha dado luz verde a la senda fiscal hasta el año 2027, que pasa por reducir el déficit público desde el 2,5% del PIB en 2025 al 2,1% en 2026 y al 1,8% en 2027 y recortar la deuda pública al final del periodo por debajo del 100%.
En concreto, se establece que la deuda pública del conjunto de las administraciones deba reducirse al 103,6% del PIB en 2025, un porcentaje que deberá ser casi dos puntos inferior en 2026, cuando llegue al 101,8%. Por último, en 2027 estará por debajo del 100%, situándose en el 99,7%.
Una vez conocidos el techo de gasto y la senda fiscal, el acuerdo del Consejo de Ministros debe ser ratificado por las Cortes Generales, primero por el Congreso y posteriormente por el Senado, pero el Gobierno ya se ha asegurado que la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta no pueda vetar los objetivos de estabilidad presupuestaria --que es lo que se vota--, como ha sucedido otros ejercicios, y para ello ha eliminado esta facultad del Senado en la Ley de Paridad que ha entrado en vigor recientemente.
De esta forma, el Ejecutivo, que no cuenta en el Parlamento con la mayoría necesaria, confía en que sus habituales socios de gobierno ratifiquen los objetivos y pueda comenzar así a elaborar las cuentas públicas del próximo año, que pretende aprobar en tiempo y forma, toda vez que este año están prorrogados las de 2023.
Dentro del techo de gasto se incluye una transferencia del Estado a la Seguridad Social por importe de 22.881 millones euros, lo que supone un incremento del 7% respecto al último presupuesto aprobado. "Esta partida cumpliría con la totalidad de recomendaciones del Pacto de Toledo y muestra el compromiso del Gobierno con la sostenibilidad del sistema", ha subrayado Montero.
La Administración Central asumirá la mayor parte de la responsabilidad del cumplimiento de los nuevos objetivos fiscales, dado que en 2025 deberá situar su déficit en el 2,2%, en el 1,8% en 2026 y en el 1,5% en 2027.
Así, las CCAA contarán con un mayor margen fiscal. El objetivo para comunidades en 2025 queda fijado en el -0,1% frente al superávit del 0,1% que contemplaba la senda anterior. Ello implica dos décimas más de margen fiscal. Para 2026 y 2027, el límite de déficit también será del -0,1%.
Los ayuntamientos y corporaciones locales también dispondrán con una senda de estabilidad más beneficiosa. Para el año 2025 y 2026, el objetivo de estabilidad municipal será de equilibrio presupuestario, cuando la senda vigente hasta ahora contemplaba un superávit del 0,1% y del 0,2%, respectivamente.
En cuanto a la deuda pública, el objetivo fijado para las comunidades autónomas es del 20,8% del PIB 2025, 20% en 2026 y 19,4% en 2027.
Por su parte, la deuda de los ayuntamientos mantendrá una senda descendente en los próximos ejercicios, pasando del 1,3% en los años 2025 y 2026 al 1,2% en 2027.
Por último, la Seguridad Social podrá tener un déficit del 0,2% en los tres próximos ejercicios. Atrás dejará el 0,1% que debía alcanzar en 2026 y el equilibrio presupuestario en 2027.
Por su parte, la ministra de Hacienda ha detallado que la proyección para los ingresos del Estado es de un incremento del 5,4% en 2025, mientras que la perspectiva para la subida de los ingresos tributarios es del 6,5%.
En cuanto a la regla de gasto, el Gobierno la ha fijado en el 3,2% en 2025, en el 3,3% en 2026 y en el 3,4% en 2027. Estas cifras serán compatibles con la tasa de crecimiento del gasto primario neto, la variable principal de las nuevas reglas fiscales europeas.
En esta se tiene en cuenta el gasto público tras descontar los intereses, los ingresos de medidas discrecionales, los recursos de los fondos europeos y su cofinanciación, el gasto cíclico en desempleo y los ‘one offs’ o partidas que solo tienen efecto en un solo ejercicio.
De cara al plan fiscal estructural de medio plazo vinculado a las nuevas reglas fiscales, que debe remitirse a la Comisión Europea a partir de septiembre, la vicepresidenta primera ha señalado que este se elaborará siguiendo los principios que marca esa tasa de crecimiento del gasto primario neto.
Montero ha avanzado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 profundizarán en consolidación de derechos, en el fortalecimiento de las clases medias y trabajadoras y en el impulso a la transformación del tejido productivo.
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