ATC.- El VII Plan de Residuos Nucleares entierra definitivamente el proyecto del silo en Villar de Cañas

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), el Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), con el que descarta definitivamente la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC), establece un calendario de cierre de centrales nucleares entre 2027 y 2035 y contempla un coste de 20.200 millones que sufragarán los titulares de las instalaciones atómicas.

Junto con el plan, el Ejecutivo ha aprobado dejar sin efecto la designación de Villar de Cañas (Cuenca) para albergar el ATC, según ha informado el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

El VII PGRR establece la política del Gobierno en materia de gestión de los residuos radiactivos, incluido el combustible nuclear gastado, y del desmantelamiento y la clausura de las instalaciones nucleares.

Respecto al cierre de las nucleares, el sexto PGRR preveía su desaparición entre 2021 y 2028, mientras que ahora se extenderá entre 2027 y 2035. Además, el nuevo plan prevé el inicio del desmantelamiento de las centrales nucleares a los tres años de su cese de operación definitivo, excepto Vandellós I (parada desde 1989 por un accidente grave), cuya última fase se ejecutará a partir de 2030.

En lugar del ATC, el plan contempla la puesta en marcha de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en los emplazamientos de las centrales nucleares, para el combustible gastado y los residuos de alta actividad, hasta su traslado al almacenamiento definitivo. El ATD de cada central estará formado por su Almacén Temporal Individual (ATI) más una nueva instalación complementaria o medidas adicionales, que permitan realizar las operaciones de mantenimiento de los contenedores en los que se almacena el combustible gastado cuando la central deje de estar operativa.

De este modo, el plan prevé la continuidad de las actuaciones para ampliar la capacidad de los Almacenes Temporales Individualizados (ATI) para el combustible gastado en las centrales nucleares, que permitan su explotación y su desmantelamiento, tal y como también estaba previsto en el sexto plan de residuos.

Además, contempla la construcción de un almacenamiento definitivo del combustible gastado y los residuos de alta actividad en un Almacén Geológico Profundo (AGP), una solución técnica que, según el MITECO, ya estaba prevista en el sexto plan de residuos.

"El séptimo plan establece una hoja de ruta para que España pueda disponer de un AGP, asegurando un proceso previo de información y participación pública, a semejanza de los desarrollados en los países europeos que ya han decidido el emplazamiento de sus AGP, como Finlandia, Suecia, Suiza y Francia", añade el MITECO.

Igualmente, el plan prevé la operación del centro de almacenamiento de El Cabril (Córdoba) para residuos de media, baja y muy baja actividad, hasta completar el desmantelamiento de las centrales, como ya estaba planificado también en el sexto plan.

La tramitación de este séptimo plan comenzó en 2020, cuenta por primera vez con evaluación ambiental estratégica, que incluye una fase de consultas e información pública, y ha sido sometido a informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y de las comunidades autónomas. Este plan sustituye al aprobado en 2006, que debería haberse actualizado en 2015.

El MITECO asegura que el plan está en consonancia con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC), que fija la hoja de ruta para que España cumpla los objetivos europeos de clima y energía, y con el Protocolo de cese ordenado de explotación de las centrales nucleares, firmado en marzo de 2019 entre Enresa y sus propietarios.

En cuanto al coste futuro de 20.200 millones de euros, de acuerdocon el principio de 'quien contamina, paga', se sufragarán con el Fondo para la financiación de las actividades del PGRR, gestionado por Enresa y dotado con las aportaciones económicas de los titulares de las instalaciones nucleares. El Gobierno dará cuenta de la aprobación del plan a la Cortes y a la Comisión Europea.