LOS QUE DICEN ADIOS: Desaparece el ministerio de Consumo y dicen adiós Llop y Miñones entre otros

Desaparece el ministerio de Consumo, con polémicas por la carne y macrogranjas y Garzón fuera de la política

Alberto Garzón se despidió este viernes de la política y, por tanto, también de su cargo como ministro de Consumo, una cartera no exenta de polémicas por sus declaraciones sobre la carne y las macrogranjas, en la que limitó la publicidad audiovisual de los juegos de azar y las apuestas. Este mismo lunes se ha confirmado la desaparición de esta cartera, cuyas competencias pasan a formar parte del Ministerio de Derechos Sociales, al frente del cual estará Pablo Bustinduy.

"Cerramos esta etapa en la que el Ministerio de Consumo ha llevado a cabo distintas medidas para proteger a las personas consumidoras", manifestó el hasta ahora titular de la cartera de Consumo en una publicación en la red social X, recogida por Europa Press. Garzón también ha dejado la coordinación de IU.

Garzón (Logroño, 1985) fue nombrado ministro de la nueva cartera de Consumo del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos en enero de 2020. En estos tres años, el economista ha puesto en marcha medidas como la regulación de la publicidad audiovisual de los juegos de azar limitándola a la madrugada o la prohibición de que los clubes deportivos exhiban publicidad de operadores del juego en sus equipaciones.

"Una de las iniciativas de la que nos sentimos más orgullosos es proteger a jóvenes y colectivos vulnerables frente a los riesgos del juego azar. Hemos impulsado un cambio de paradigma pionero en Europa al promover entornos más seguros de juego online", defnedió Garzón el pasado viernes.

En materia de juego, Garzón empezó a trabajar en 2022 en una ley que regulara las 'loot boxes' o cajas botín de los videojuegos, que son dispositivos que tienen un valor económico en un mercado real o ficticio y cuyo premio aleatorio se puede revender o intercambiar, incluidos los famosos NFT o las criptomonedas. Con su marcha, esta normativa queda pendiente.

En relación con los menores, entre otras medidas, su departamento también ha promovido el 'Código deontológico sobre la publicidad no sexista de juguetes', firmado por el Ministerio de Consumo con la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) y Autocontrol. En virtud de este nuevo código de autorregulación, que sustituye al de 2005, la publicidad de nueva producción debe evitar que se asocie a las niñas con actividades relacionadas con el cuidado, trabajo doméstico o belleza y a los niños con la acción, la actividad física o la tecnología.

En cuanto a los consumidores, el Ministerio de Consumo ha promovido medidas como el fin de los números 902 y la gratuidad de los teléfonos de atención al cliente de las empresas que prestan servicios básicos, públicas y privadas; la regulación por ley la figura de la persona consumidora vulnerable; la ampliación del plazo de garantía legal de los productos de 2 a 3 años y la obligación de que los fabricantes ofrezcan piezas de recambio durante 10 años desde la descatalogación.

Durante su mandato, Alberto Garzón también ha levantado polémicas con sectores como el ganadero o el de la industria cárnica. El ministro ofreció en una entrevista a un medio británico, en la que se mostraba en contra la ganadería intensiva y de las macrogranjas.

También la campaña 'Menos carne. Más vida', que el ministro lanzó a través de redes sociales, fue duramente contestada por el sector cárnico, por la oposición e incluso por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, preguntado sobre el asunto, sentenció: "A mí, donde me pongan un chuletón al punto, imbatible".

Pese a todas estas iniciativas, el propio Garzón reconoce que "queda mucho por hacer" y que el próximo Gobierno deberá trabajar en regular la publicidad de alimentos y bebidas dirigida al público infantil; aumentar la eficacia del arbitraje de consumo, como herramienta de garantía de derechos de los consumidores; y crear nuevas leyes para regular los servicios de atención a la clientela, las condiciones generales de la contratación y las acciones colectivas de representación de los intereses colectivos de las personas consumidoras.

 

Miñones, el ministro de Sanidad que puso fin definitivamente a la pandemia en España e impulsó el olvido oncológico

El hasta ahora ministro de Sanidad, José Miñones, deja el cargo a Mónica García después de haber puesto fin a la pandemia por Covid-19 en España el pasado mes de julio y tras haber impulsado el derecho al olvido oncológico para personas supervivientes de cáncer.

El pasado 28 de marzo, Miñones recogió el testigo de la anterior ministra, Carolina Darias, que abandonó la cartera para ser la candidata del PSOE a la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria. De esta manera, Miñones culminó la labor de su antecesora en la lucha contra la pandemia.

Si bajo el mandato de Darias se consiguió la vacunación de la mayoría de la población contra la Covid-19 y por tanto el control de la situación, Miñones impulsó a principios de julio de este año un Real Decreto que ponía fin definitivamente a la emergencia sanitaria. Mediante el mismo, cesaba la obligatoriedad del uso de las mascarillas en centros de salud, hospitales, farmacias y centros sociosanitarios, únicos espacios donde aún era indispensable llevarla.

Otro de los hitos de Miñones también tuvo lugar en esas fechas, cuando el Gobierno aprobó en el Consejo de Ministros el derecho al olvido oncológico para supervivientes de cáncer en la contratación de cualquier producto financiero, transcurridos cinco años tras finalizar el tratamiento y sin recaída. De esta forma, se cumplía con la normativa europea que marca como límite el año 2025 para que los países incluyan este derecho en su legislación.

Este derecho se incluyó en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, y de la Ley del Contrato del Seguro.

En este sentido, se contemplaron los siguientes cambios: la nulidad de toda cláusula se excluya o discrimine a quien haya padecido cáncer; en el caso de contratar un seguro, no se podrán poner condiciones más gravosas por el antecedente oncológico; y, por último, ya no habrá que declarar el haber padecido cáncer a la hora de hacer esa solicitud de préstamo bancario.

Otra de las novedades de este derecho es que "una persona que haya tenido cáncer no tenga que renovar el carnet de conducir cada tres años y lo haga cada 10, como todas las demás", según explicó Miñones el pasado mes de mayo.

CONTINUACIÓN DEL PLAN DE SALUD MENTAL

Miñones ha mostrado su compromiso con la salud mental, que para él es "una cuestión de voluntad política", dando continuidad al Plan de Atención de Salud Mental 2022-2024, que inició su antecesora. En abril, anunció la aprobación, por un valor de 38,5 millones de euros, de un acuerdo sobre el Plan de Mejora de las Infraestructuras en Salud Mental Comunitaria, así como los criterios de distribución de créditos de las comunidades autónomas y al INGESA. Además, recientemente anunció una ampliación del programa "más allá de 2024" porque el Plan, que estaba diseñado para estos tres años, "se ha quedado corto".

Una de las líneas de actuación de la Estrategia fue la creación de la línea 024, un teléfono de información 24/7, gratuito y confidencial, que ofrece atención profesional y apoyo ante conductas suicidas. Desde mayo de 2022 y hasta el 30 de septiembre de este año, ya se habían atendido más de 173.000 llamadas, de las cuales 7.400 (4,3%) se han derivado a los servicios de emergencia. Según declaró Miñones el pasado mes de octubre, el 024 "ha merecido la pena si una sola de esas llamadas que tenían alto riesgo de suicidio ha conseguido que no surtiera efecto".

AUMENTO DE LAS PLAZAS DE FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA

Por otro lado, el Ministerio de Sanidad y las CCAA acordaron en el pasado mes de junio aumentar las plazas en Formación Sanitaria Especializada (FSE) en un 4 por ciento, convocando un total de 429 nuevas plazas.

En total, se ha alcanzado la cifra de 11.600 nuevas plazas, 8.767 de Médico Interno Residente (MIR), 217 más que en 2022; y 2.106 de Enfermero Interno Residente (EIR), lo que supone un incremento del 7,4 por ciento con respecto a 2022, cuando la cifra fue de 1.961.

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS PARA EL SISTEMA SANITARIO

En cuanto a la Atención Primaria (AP), el pasado mes de abril, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó la distribución territorial de más de 579,1 millones de euros para la mejora de infraestructuras de Atención Primaria, correspondientes al Plan de Mejora de Infraestructuras de Atención Primaria (MINAP) y al Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria, que el Consejo de Ministros ratificó en mayo.

"Es la mayor inversión que se ha realizado en AP a lo largo de la historia y me gustaría destacar que no son fondos de recuperación, sino que son fondos del presupuesto nacional", recalcó Miñones durante la rueda de prensa posterior a la reunión.

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó hace unas semanas una nueva transferencia de 68 millones de euros a las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla que irá destinada al Plan de Salud Bucodental. Además, se ha ampliado el número de beneficiarios de este plan con la incorporación de niños de entre 0 y 5 años y personas diagnosticadas en procesos oncológicos del territorio cervicofacial.

La primera transferencia al plan, realizada en la etapa de Carolina Darias, fue destinada a niños de 6 a 14 años, además de mujeres embarazadas y personas con discapacidad intelectual o personas con discapacidad en los miembros superiores, que se fueron poniendo en marcha a lo largo del año 2022 y del 2023.

En cuanto a atención hospitalaria, Miñones también ha informado durante su mandato de que ya se ha completado la instalación de la totalidad de los 851 equipos del Plan de Inversiones en Alta Tecnología (INVEAT) en hospitales de todo el Sistema Nacional de Salud, de los que el 90 por ciento ya están en funcionamiento, y previó que la totalidad de los equipos estarán en servicio antes de finalizar este año.

ESPECIALIDAD DE URGENCIAS, TAREA AÚN PENDIENTE

En estos meses, Miñones también inició el trámite de consulta pública del Real Decreto de la nueva especialidad de Urgencias y Emergencias, pero su tramitación aún está pendiente, si bien la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) esperaba su aprobación antes de las elecciones generales del pasado mes de julio.

Recientemente, el ya exministro compartió los avances del Real Decreto para la creación del título de esta nueva especialidad. El pasado 6 de junio, Sanidad inició el trámite de consulta pública previa del Proyecto de RD por un plazo de 20 días naturales. Tres meses después, el 8 de septiembre, este mismo departamento abrió el proceso de audiencia e información pública. Una vez finalizado el período de envío de aportaciones, el texto será remitido al Consejo de Estado para continuar con su tramitación.

Llop, la juez de violencia de género que corrigió el 'solo sí es sí' tras la excarcelación de más de 100 agresores

La hasta ahora ministra de Justicia, Pilar Llop, abandona el departamento tras un 2023 en el que ha tenido que corregir la conocida como 'ley del solo sí es sí' --impulsada por el Ministerio de Igualdad-- después de que la norma permitiese más de 1.000 rebajas de penas y más de 100 excarcelaciones de agresores sexuales.

Llop fue nombrada ministra en julio de 2021 en sustitución de Juan Carlos Campo. Heredó la cartera con el reto de desbloquear las negociaciones con el principal partido de la oposición, el PP, para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que lleva caducado desde finales de 2018.

Se marcha, sin embargo, dos años y cuatro meses después con un Consejo que sigue en funciones y que ha tenido que cambiar dos veces de presidente, toda vez que Carlos Lesmes dimitió en octubre de 2022 ante la falta de avances para la renovación y su sustituto, el vocal Rafael Mozo, se jubiló el pasado julio.

Otro asunto que también deja sin resolver es el conflicto laboral con los funcionarios de Justicia, que estuvieron entre abril y julio con paros parciales y totales para reclamar una subida salarial de hasta 450 euros al mes, en línea con la que consiguieron los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) tras dos meses de huelga. El conflicto se enfrió a raíz del adelanto electoral que llevó al Ejecutivo a estar en funciones, pero sigue latente.

Con todo, la ministra logró evitar en mayo que jueces y fiscales llevaran a cabo el parón con el que amenazaban para conseguir también una subida mensual de hasta 450 euros. El acuerdo se firmó tras semanas de negociación y sin la rúbrica de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria de la carrera judicial.

SIN LECRIM, PERO CON EFICIENCIA

Llop además deja en el tintero la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), con la que se pretendía adaptar la normativa española a las exigencias de la Fiscalía Europea. Este cambio de modelo perseguía dar todo el protagonismo al Ministerio Público en la fase de instrucción en detrimento del juez, y fue contestado por los fiscales y jueces, que defendían que debía ir acompañado de un aumento de la plantilla y de una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

El anteproyecto de la LECrim fue aprobado por el Consejo de Ministerio en noviembre de 2020 y, aunque fue un proyecto insignia del exministro Campo, no llegó a ver la luz durante la gestión de Llop. Otro proyecto que heredó de su predecesor y no llegó a concretar fue el estudio de una reforma de los delitos de enaltecimiento del terrorismo, contra los sentimientos religiosos y de injurias a la Corona para que no fueran castigados con penas privativas de libertad.

En cambio, Llop apostó durante su gestión por las conocidas como leyes de eficiencia que constituyen los pilares del Plan de Justicia 2030, también heredado de Campo. Durante su estancia en el Ministerio, llevó al Consejo de Ministros los proyectos de ley de eficiencia organizativa, de eficiencia procesal y de eficiencia digital para "agilizar y acercar la justicia a los ciudadanos".

Llop mantuvo un perfil de menor calado político que su antecesor. Muestra de ello es que no estuvo al frente de la reforma penal que derogó la sedición y reformó la malversación, ni asumió las negociaciones para la renovación del CGPJ, como sí hizo Campo. Ambas cuestiones recayeron sobre el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

Su departamento tampoco gestionó la reclamación por parte del Estado de los bienes del Pazo de Meirás ni en las exhumaciones en el Valle de los Caídos, asuntos que solía llevar Justicia y que pasaron a manos del Ministerio de Bolaños.

LA "GRAVEDAD" DE LAS REBAJAS A AGRESORES

Este año, sin embargo, ha destacado por haber tenido que entrar en escena para reformar la Ley Orgánica de Garantía Integral de Libertad Sexual que entró en vigor en octubre de 2021 con el impulso de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

Con aquella norma, el delito de agresión sexual absorbió al de abuso sexual, por lo que la horquilla penal también se amplió y el baremo de la pena mínima se rebajó. Los magistrados optaron mayoritariamente por aplicar la reforma a los condenados al considerarla más favorable al reo.

Llop reconoció públicamente la "gravedad" de las situaciones que han vivido algunas víctimas afectadas por las rebajas de penas aplicadas en virtud de la ley y se comprometió a reformar la ley. "Los datos son una evidencia y las evidencias no hay ni que comentarlas", dijo en una entrevista.

En este sentido, admitió que "había que poner fin a ese dolor" y que se debía hacer "a través de una reforma responsable". "Había que asumir esa responsabilidad y yo la he asumido", aseveró.

El texto legal que corrigió la 'ley del solo sí es sí' entró en vigor el pasado abril. Sin embargo, la propia ministra, especializada en violencia de género, reconoció que con su reforma no se podrían parar las revisiones de pena. "Eso no se va a poder evitar. También hay que dar ese mensaje y no generar falsas expectativas", explicó.

PENDIENTE DE LA AMNISTÍA

Siete meses después, Llop deja el Ministerio con el comisario de Justicia de la Unión Europea, el belga Didier Reynders, pendiente de la proposición de ley que presentó el PSOE ante el Congreso para amnistiar una década del independentismo catalán.

Justo el pasado 14 de noviembre, en el marco de una reunión ministerial Estados Unidos-UE sobre asuntos de Justicia e Interior que tuvo lugar en Washington, la ministra trasladó al comisario que entendía el interés de Bruselas por la futura ley de amnistía, pero apuntó que se trata de un tema de ámbito nacional que aún debe tramitarse en el Parlamento.

En octubre, en una visita a España, Reynders avisó de que, aunque la amnistía es un asunto de "competencia nacional", en la UE "hay algunos límites", en referencia al impacto que puede tener la norma en los delitos de malversación que afecten a fondos europeos.

(Se ampliará)