Los sindicatos convocan huelga indefinida en la Justicia

Los sindicatos CCOO, CSIF, STAJ, UGT y CIG, convocan huelga indefinida para los 45.000 funcionarios/as de los Cuerpos Generales y Especiales del Ministerio que dirige Pilar Llop, en defensa de una subida salarial digna -en línea con la aprobada para las y los letrados- y la paralización de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO), que impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación.

La huelga afecta en Castilla-La Mancha a las 1.400 personas que integran los cuerpos funcionariales de la Administración de Justicia en la región.

Comenzará el lunes 17 de abril con paros parciales de 10 a 13 horas todos los días de forma indefinida. El día 19 de abril se convocará huelga general durante toda la jornada y una manifestación, que partirá del Ministerio de Justicia en la calle San Bernardo, 45, a las 12 horas.

La convocatoria de esta huelga se produce tras constatar la nula voluntad del Ministerio de Justicia, en la reunión mantenida en la tarde del jueves con los sindicatos representativos, de presentar una oferta de subida salarial a los 45.000 funcionarios/as de Justicia en reconocimiento de las funciones que realizan a diario en los juzgados, en línea con el acuerdo firmado con las y los letrados (LAJ).

De manera paralela, los sindicatos mantendrán reuniones con los diferentes grupos parlamentarios para enmendar el proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa en línea con nuestras reivindicaciones y explicarles el conflicto laboral en la Administración de Justicia.

El propio ministerio ha reconocido que cualquier modificación al alza de las retribuciones de un cuerpo, como ha sucedido en el caso de las y los letrados, tiene repercusiones en el resto de carreras, cuerpos, categorías… De esta manera, debe producirse una subida en las cuantías que recibe el resto del personal. Solo falta que el ministerio actúe en consecuencia.

Además, los cinco sindicatos subrayan que la huelga del colectivo de letrados y letradas ha puesto de manifiesto que la eficiencia de la Justicia no pasa por los Tribunales de Instancia ni el resto de las medidas diseñadas en la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, sino retribuyendo las funciones que realmente realiza el personal de la Justicia.