Ribera considera la iniciativa del presidente murciano, para blindar el trasvase, "un contrasentido para saltarse las leyes" (Castilla-La Mancha, Política)

La ministra de Transición Ecológica ha dejado claro que su objetivo no es el cierre del trasvase sino "garantizar, por encima del volumen de agua para el resto de los usos, las exigencias en calidad y cantidad para el uso de boca".

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha expresado su opinión respecto a la decisión del presidente de Murcia, Fernando López Miras, de presentar una iniciativa legislativa ante el Congreso de los Diputados para blindar el trasvase Tajo-Segura, argumentado que esta decisión responde a "un contrasentido para reivindicar saltarse las leyes".

A preguntas de los medios tras participar en el IV Congreso Nacional de Despoblación y Reto Demográfico, Ribera ha remarcado que el Gobierno no ha establecido que se cierre el trasvase, sino que ha tomado una decisión --con la planificación hidrológica-- para garantizar el agua en cantidad y calidad.

"No hemos dicho en ningún momento que se cierre el trasvase, sino que obviamente hay que garantizar, por encima del volumen de agua para el resto de los usos, las exigencias en calidad y cantidad para el uso de boca".

Respetando que cada responsable público puede adoptar las iniciativas que considere "más oportunas", Ribera ha lamentado que el presidente de Murcia "no haya entendido que las leyes europeas y nacionales están para cumplirlas" y que "es imprescindible velar por la calidad y la cantidad del agua en cada uno de los ríos". "Es una interpretación equivocada de las normas".

Concretamente, ha puesto en valor que hay cinco sentencias en las que se establece que el Tajo no contaba con un óptimo caudal ecológico y ha manifestado que "lo mejor para los ciudadanos de la Región de Murcia" es "anticipar aportaciones de agua por otras vías, impulsar la eficiencia y la priorización, con un coste razonable para los usos económicos, que no deje fuera de cobertura a los pequeños agricultores y al sector primario".

"Es una enorme aproximación garantista en favor de los derechos de las personas, con una inversión como nunca ha habido en la historia de España. Es una solución cumplidora de las normas europea y nacional".