García-Page presume de entorno "seguro, garante y responsable" para el juego

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presumido de la Ley de régimen administrativo y fiscal del juego de la región porque ofrece un entorno "seguro, garante y responsable".

Así lo ha hecho en un artículo de opinión con motivo del Internacional del Juego Responsable, que se celebra este jueves 17 de febrero, en el que ha definido la normativa como una ley "vanguardista".

En este sentido, ha destacado que las dos premisas principales de esta legislación son promover el juego responsable en la región y reforzar las políticas destinadas a la sensibilización y concienciación sobre las consecuencias de una práctica inadecuada de esta actividad.

Asimismo, ha recalcado que esta comunidad autónoma dispone, desde el 30 de enero de este año 2022, de una Ley que "pone el énfasis en la prevención, el fomento del juego responsable, la inspección y control y la compatibilización de la protección de los más vulnerables con el desarrollo de esta actividad económica".

Todo ello, ha añadido, sin olvidar los riesgos asociados a esta práctica, que tienen su máximo exponente en la ludopatía, y haciendo hincapié en los menores de edad, a los que la Administración pública debe "prestar una mayor atención".

La norma, ha recordado, recoge medidas "claras y contundentes" y novedades como la prohibición general de la publicidad en el sector y el desarrollo de los criterios de medición de las distancias mínimas entre locales y centros educativos, y fija las condiciones que deben cumplir los sistemas de control de acceso automatizado, mediante el registro biométrico de cara o huella.

También establece una regulación más detallada del registro de 'autoprohibidos', además de que potencia las políticas de juego responsable y regula la composición y el funcionamiento del Observatorio del Juego Responsable.

Según García-Page, el Ejecutivo autonómico ha diseñado un marco legal "más exigente" en el ámbito de la publicidad, "más riguroso" en el apartado sancionador, "más protector" con los sectores de población más sensibles y que "responde a las preocupaciones de la ciudadanía sobre las repercusiones sociales de esta práctica y sus riesgos para la salud".