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El gasto autonómico en servicios públicos esenciales (sanidad, educación y servicios sociales) cayó en 2019 un 0,1% respecto al gasto de 2018, pasando de 116.857,3 a 116.850,5, rompiendo así la tendencia al alza que venía produciéndose desde el año 2014, según un informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, en el que también se revela que las comunidades que mantienen un mayor recorte en términos porcentuales desde 2009, son Cataluña (19,6%) y Castilla-La Mancha (15,4%).
"La ausencia de Presupuestos Generales del Estado ha lastrado la tendencia de recuperación del gasto en políticas sociales poniéndola en grave peligro", avisa la asociación.
Según explica, los recortes realizados en políticas sociales a partir del año 2010 y que fueron "especialmente drásticos" en 2013, condujeron a que en ese año se registrase el nivel más bajo en gasto autonómico en servicios esenciales, con menos de 100.000 millones de euros. Desde el año 2014 y hasta el 2018 se habían ido registrando aumentos, una tendencia que se ha roto en 2019.
Además, la asociación advierte de que la recuperación del gasto en políticas sociales es aún "deficitaria" pues, tras 10 años presupuestarios, el gasto en políticas sociales de 2019 (116.850,5 millones) aún está por debajo del de 2009 (116.851,7 millones).
RIESGO POR EL INGRESO MÍNIMO VITAL
En todo caso, desde el año 2009 hasta el 2019 la inversión en servicios sociales se ha incrementado en 2.132,6 millones de euros, un aumento de un 70% que ahora "está en un claro riesgo tras la aprobación del ingreso mínimo vital", según alerta la asociación.
"Tras la aprobación del IMV, las comunidades autónomas podrían caer en la tentación de dedicar los 1.500 millones de euros que actualmente invierten en sus propios sistemas a otras políticas que no fueran las relacionadas con la inclusión social y los servicios sociales", señala.
Dentro de los servicios públicos esenciales, la asociación pone de relieve que solo el gasto en servicios sociales ha recuperado el nivel previo a los recortes, algo que achaca a dos razones: "la atención a la dependencia, que se encontraba en pleno despliegue en 2009 y la necesaria atención a cientos de miles de personas y familias especialmente golpeadas por la crisis".
No obstante, la asociación precisa que este incremento en atenciones asistenciales ha sido "insuficiente" si se atiende a los datos de incremento de la pobreza y a las 266.000 personas en situación de dependencia en lista de espera de atención y las 160.000 pendientes de valoración.
En cuanto al gasto social por habitante, el informe revela que fue de 2.498,5 euros en 2019, 36,8 euros inferior al de 2009 y 11,75 euros inferior al de 2018. Por su parte, el porcentaje del presupuesto destinado a protección social, que en 2009 era el 66,9%, en 2019 ha sido 6,3 puntos inferior (60,6%) y 1,2 puntos inferior que en 2018.
"Esto pone en evidencia que el gasto en políticas de protección social gestionadas por las autonomías no se ha recuperado o se ha estancado", subraya la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
También lastra a las comunidades autónomas el "continuo" aumento de la cantidad del presupuesto que se destina a pagar la deuda. Esta deuda, según indica la asociación, ascendería actualmente a cerca de 300.000 millones de euros, acercándose a los 6.500 euros por habitante.
LA COMUNIDAD VALENCIANA, DONDE MÁS AUMENTA
Por comunidades autónomas, el informe señala que hay doce de ellas que han conseguido superar en 2019 el gasto social por habitante que tenían en 2009, siendo la Comunidad Valenciana la que en términos absolutos ha logrado un mayor aumento en su inversión en políticas sociales (1.656 millones de euros), y Baleares, la que porcentualmente obtiene un mayor aumento (24,8%).
Por su parte, las comunidades que mantienen un mayor recorte en términos porcentuales en estos 10 años, a pesar de la recuperación, son Cataluña (19,6%) y Castilla La Mancha (15,4%).
También se observan diferencias interterritoriales en el gasto social por habitante. Así, tanto Navarra como el País Vasco superan los 3.300 euros anuales, mientras que, en las comunidades de Régimen Común, esta cifra oscila entre los 2.200 euros y los 3.000 euros, destacando entre ellas Extremadura (3.039,9 euros por habitante), Asturias (2.948,9 euros) y Cantabria (2.908,3 euros).
Las comunidades de Cataluña (2.199,8 euros) y Madrid (2.222,6 euros) se encuentran a la cola del gasto social por habitante con una inversión más de un 10% inferior a la media de España.
Todas las comunidades autónomas salvo Navarra (+7,5%) y Asturias (+4,3%) han reducido el porcentaje de presupuesto que destinan a Políticas Sociales y, además, cinco de ellas (Madrid, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha y Cataluña) han disminuido también la inversión por habitante.
El informe destaca el "significativo" aumento en más de 300 euros por habitante de inversión en políticas sociales de Navarra, Valencia y Asturias. En el otro extremo se sitúan Castilla-La Mancha con un retroceso de 415,4 euros y Cataluña con un descenso de 588,3 euros por habitante.
PRECARIEDAD ANTE EL COVID-19
Además, ante la crisis sanitaria y social provocada por el COVID-19, la asociación advierte de que los servicios públicos esenciales se encuentran en una situación "precaria".
"Con estos servicios públicos esenciales debilitados hemos tenido que afrontar esta crisis social y sanitaria. La pregunta sería cómo hubiéramos abordado la crisis del COVID-19 con unos presupuestos autonómicos con unos servicios esenciales fuertes, en los que la inversión hubiera sido superior", subraya.
Por ello, reclama el "blindaje presupuestario" de la sanidad, la educación y los servicios sociales y que se pongan en marcha "fórmulas urgentes" que permitan a las comunidades autónomas prestar estos servicios.
"En un escenario político tan grave como el actual; con unas posturas tan extremadas (que parece han venido para quedarse), el bienestar de las personas no puede acabar siendo rehén de las estrategias partidistas y de la falta de talla política", zanja la asociación.
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