El Defensor del Pueblo pide impulsar censo de edificios afectados por amianto

El Defensor del Pueblo considera necesario impulsar la elaboración de un censo de edificaciones y lugares públicos con mayor riesgo por presencia de amianto para dar así cumplimiento a la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular que exige la retirada de este material tóxico en instalaciones y emplazamientos.

Esta es una de las recomendaciones que figuran en el Informe Anual del Defensor del Pueblo 2022 presentado este lunes, en el que se refiere al tratamiento del amianto después de la citada Ley aprobada en 2022.

Dicha norma establece un plazo de un año para que los Ayuntamientos elaboren un censo de instalaciones contaminadas con amianto y lo envíen a las comunidades autónomas para que éstas inspeccionen y verifiquen que los materiales se han retirado y enviado a un gestor autorizado.

Sin embargo, en sus actuaciones, el Defensor señala que algunas administraciones se hallan aún en las fases preliminares de impulso de las medidas previstas en la norma y, por tanto, las posibilidades de cumplir el plazo son escasas.

Por ello, ha sugerido a las consejerías de medio ambiente de Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Ceuta, Comunidad de Madrid, La Rioja y la Región de Murcia que adopten las medidas necesarias para agilizar el cumplimiento de las obligaciones previstas y que establezcan criterios orientativos para la elaboración del inventario y el calendario de retirada.

Además, de cara a facilitar la aplicación de la norma, la institución sugiere a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente que "intensifique la comunicación" a través de la Comisión de Coordinación en Materia de Residuos, para resolver dudas, fijar criterios o poner en común buenas prácticas que hayan desarrollado las comunidades autónomas o entidades locales para la elaboración de los inventarios y los calendarios.

LISTA DE ESPERA

El 'Informe Anual 2022' del Defensor del Pueblo también ha recogido algunos de los casos de listas de espera más graves durante el año pasado, como la demora de dos años y medio para una consulta en Madrid o los 22 meses para reprogramar una cita en Zaragoza.

En su documento, publicado este lunes, el Defensor detalla también señala otros casos flagrantes, como los 17 meses para consulta en la Unidad del Dolor del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo; 14 meses para recibir tratamiento de rehabilitación en el Hospital Virgen del Castillo de Yecla (Murcia); o 10 meses para consulta de Traumatología en el Hospital General de Villarrobledo (Albacete).

Otros casos son de ocho meses de espera para consulta en la Unidad del Dolor del Hospital de Especialidades de Jerez de la Frontera (Cádiz) y realizar la técnica de infiltración; y siete meses para consulta en el Hospital Universitario de San Pedro (Logroño).

En Madrid, otros dos casos reseñados son cinco meses para consulta en la Unidad del Dolor del Hospital Clínico San Carlos (Madrid) y también cinco meses para consulta en el Servicio de Traumatología del Hospital Universitario Príncipe de Asturias (Alcalá de Henares).

El mismo tiempo de espera se produjo para llevar a cabo una infiltración en la Unidad del Dolor del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra o para una consulta en el Servicio de Traumatología del Centro Periférico de Especialidades Esperanza Macarena (Sevilla).

Un paciente tuvo que esperar cuatro meses para consulta en el Servicio de Traumatología del Consorci Universitari Parc Tauli (Sabadell, Barcelona); y otro el mismo tiempo para recibir tratamiento de rehabilitación en el Centro Sanitario El Carmen (Murcia).

En este último caso, el Defensor explica que la Consejería de Sanidad de Murcia asumía que "la lógica asistencial obliga a priorizar los pacientes derivados a rehabilitación". Este expediente del Defensor se cerró "una vez que la Administración informó de la contratación de un rehabilitador en el servicio correspondiente".

El último caso que recoge el Defensor es el de un paciente que tuvo que esperar tres meses para consulta en la Unidad del Dolor del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

DEMORAS TAMBIÉN EN LA LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA

En cuanto a la lista de espera quirúrgica, el Defensor afirma que la situación es similar. Por ejemplo, ha recibido quejas sobre los servicios de Traumatología del Hospital Universitario Central de Asturias y del Hospital Universitario de Guadalajara, así como del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo de este último centro hospitalario.

Según el Defensor, Madrid "concentraba un número importante de quejas" tras la finalización de la fase aguda de la pandemia de COVID-19. Al respecto, la Consejería de Sanidad madrileña ha asegurado a Gabilondo que estaba "llevando a cabo una investigación de los casos con mayores tiempos de espera quirúrgica, así como la puesta en marcha de otras iniciativas para mejorar la situación". El Defensor añade que "hará seguimiento de esta cuestión".

ACABAR CON EL ACOSO ESCOLAR

El Defensor del Pueblo confía en que las comunidades autónomas adopten "las medidas necesarias para el adecuado desempeño" de la figura del Coordinador de Bienestar y Protección, "designando a la persona idónea –interna o externa– con la necesaria disponibilidad y formación".

En su informe, la institución ha explicado que la incorporación, en todos los centros docentes donde cursen estudios alumnos menores de edad, de la nueva figura del Coordinador de Bienestar y Protección, "constituirá una ayuda cualificada que contribuirá a mejorar la comunicación con el alumnado y sus familias".

Desde el Defensor del Pueblo se valora como "positivo" el esfuerzo que vienen realizando las administraciones educativas para abordar "con la mayor rapidez y eficacia" todos los episodios relacionados con el maltrato entre iguales en centros educativos, incluido el llamado ciberacoso.

En este contexto, ha insistido en que "se deben evitar actuaciones burocratizadas dirigidas, en muchos casos, a registrar los casos detectados y delimitar responsabilidades", y en la importancia de que toda la comunidad educativa "se implique en la prevención de estas situaciones".

Por último, Gabilondo ha resaltado "la necesidad de que se proporcione a todo el personal del centro la formación y los medios necesarios para actuar ante situaciones de conflicto escolar".