Si es sí, una Ley que necesita mucho juicio

No puede ser que una ley sobre agresiones sexuales se salde con la rebaja de penas a los agresores.

Se llama en realidad Ley de Garantía Integral de la libertad sexual, un título mucho más amplio que el eslogan “Si es sí” con el que la han popularizado. Muchas personas no llegan a entender su verdadero significado y empiezan a desentrañar el asunto a raíz de la polémica que ha generado. 

El problema de fondo es que en los últimos tiempos, las polémicas políticas arrojan más intereses y oscuridad, que luces para facilitar el entendimiento. Muchas veces se trata de ocultar errores o mentiras generando falsas realidades paralelas. Es una pena que buena parte de la oratoria parlamentaria, otras veces reveladora y brillante, se haya transformado en un enjambre de permanentes equilibrios dialécticos o enfrentamientos verbales para captar adhesiones o derribar al gobierno. Un comportamiento poco natural que pretende dar una imagen pública, no para solucionar problemas verdaderos sino para conseguir la aprobación o el rechazo de otras personas.

Por lo que se ha ido sabiendo, la polémica se ha centrado en la necesidad de que una mujer otorgue su consentimiento a un hombre para realizar un acto sexual, si digo que si es sí y si digo que no, es no. Y si digo que no y me fuerzas, tu acción debe ser penada por la Ley.

El título de la Ley es mucho más amplio ya que en su enunciado parece englobar a la libertad sexual de todas las personas. Y es absolutamente lógico en nuestro mundo que cualquier acto sexual deba ser consentido y, yendo un poco más lejos, compartido, sentido, amoroso, placentero, dulce y generoso. 

No debe consentirse una agresión, ni una más concreta agresión sexual: debe ser condenada y penada por la Ley.

Pero en este caso ha sucedido algo sorprendente. Surge la Ley de sí es sí del que se considera, al menos a sí mismo, sector más feminista del gobierno de coalición con la decidida premisa de defender a las mujeres de las agresiones sexuales. Y, sin embargo, cuando se aplica la Ley creada por el ministerio de Igualdad, muchos violadores ven reducida su pena y salen a la calle. 

Indudablemente algo se ha hecho muy mal y es preciso corregirlo cuanto antes. Lo ha explicado la ministra socialista de Justicia: “No es de recibo que en nuestro país, que es pionero en la lucha contra la violencia de género, con esta ley se haya producido una rebaja de penas y que salga más barato agredir sexualmente a una mujer con violencia que robar".

Esa y no otra es la tarea: recomponer la Ley para que los jueces decidan, con los hechos probatorios bien claros, con una ley que determine claramente las penas que corresponden a los agresores, según sus actos. No sirve que una mujer diga que ha sido agredida: hay que probar que es verdad como en todos los supuestos delictivos y aplicar las penas que marca la Ley. Y si ha existido violencia, considerarla un agravante.

No parece tan complicado, a no ser que alguien pretenda apuntarse tantos o jugar con las leyes igual que se está jugando con la política.

Y en relación con la sagrada imparcialidad de la justicia, debe resolverse también cuanto antes el bloqueo inconstitucional que desde hace ya cinco años mantiene el Partido Popular para la no renovación del Consejo General del Poder Judicial.

elObservadorDCLM