Los municipios ribereños no necesitarán cisternas en verano

Los 22 municipios ribereños de los embalses de Entrepeñas y Buendía ya están acometiendo un total de 13 proyectos de obras hidráulicas y de depuración con cargo a la inversión conseguida hace cuatro meses desde el Ministerio para la Transición Ecológica por valor de 40 millones de euros, una estrategia que permite asegurar que no serán necesarias las cisternas de agua para garantizar el abastecimiento humano en la zona en los meses de verano.

El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo; y el portavoz de la Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía, Borja Castro, han explicado en rueda de prensa tras mantener una reunión que entre estas obras destacan las proyectadas en Chillarón del Rey, Córcoles y Huete para conectar bien a pozos o bien a los embalses para solventar los problemas de abastecimiento, una obra de emergencia que ya se ejecuta a nivel de conducciones. En lo que queda del año, se reforzarán las inversiones con un proyecto ejecutado a final de este 2021 para que ya no haya "situaciones de excepcionalidad" en ningún caso, según Martínez Arroyo.

Martínez Arroyo ha detallado cómo la Asociación ha hecho "un trabajo muy importante en los últimos años" a lo largo de sus 22 municipios, "que han defendido sus intereses y el de todos los castellanomanchegos". La entidad, que ya está presente en la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura, ha conseguido con su trabajo, entre otras cosas, no sólo esta inversión, sino que además ha conseguido el compromiso del Ministerio para reducir la cantidad a trasvasar a 27 hectómetros cúbicos al mes cuando la situación sea de nivel 2, algo que ya ha superado el trámite del Consejo del Agua y que será una realidad "muy pronto".

Si el Real Decreto hubiera estado en vigor en el último semestre, ha recordado, se habrían ahorrado 66 hectómetros cúbicos desde la cabecera del Tajo al Levante, algo que si bien "no es la solución del problema, permite afrontar el periodo transitorio hacia una nueva planificación hidrológica para la que queda poco tiempo, previsiblemente para inicios de 2022".

Ahora se negocian los caudales mínimos a su paso por Aranjuez y la lámina mínima de agua en los embalses de cabecera "para garantizar los usos y derechos en esa zona de la región".

Martínez Arroyo tiene "esperanza" ante el compromiso medioambiental demostrado por el Gobierno estatal, "que coincide con los intereses de Castilla-La Mancha".

Según ha añadido, desde su Consejería se va a impulsar una comisión de seguimiento para que cada mes el director de la Agencia del Agua se reúna con los ribereños para hacer un análisis de cómo van tanto las inversiones en obra pública como "los temas de calado político de estos municipios".

RIBEREÑOS: "HAY SINTONÍA CON EL MINISTERIO"

De su lado, Borja Castro ha celebrado la "certidumbre" que ha trasladado el consejero durante esta reunión a todo el colectivo que representa, incidiendo en que la sintonía con el Ministerio "hay que celebrarla".

Ha recordado cómo hace dos años "no había esperanza" en los pueblos ribereños, pero ahora, con la inversión de 40 millones de euros y la nueva planificación hidrológica en el horizonte, hay "ilusión" en estos municipios.

Al respecto de la inversión ministerial de 40 millones para obras y depuración, ha resaltado la buena marcha de los proyectos diseñados en las comarcas afectadas en apenas unas semanas desde que se anunciara la partida, todos ellos enfilados de cara a mejorar el abastecimiento.

"Agradecemos la actividad y que en sólo cuatro meses podamos anunciar que este verano no habrá cisternas en nuestros pueblos", ha afirmado Castro.

Por último, ha pedido a Murcia y Andalucía que no piensen en ser "la huerta de Europa cuando su principal recurso no les pertenece".

"Si quieren hacer algo por sus generaciones futuras, deberían explorar otros territorios más allá de la agricultura intensiva", ha propuesto Castro, quien también ha reparado en los salarios "irrisorios" y los turnos "esclavos" a los que considera que están sometidos los trabajadores del campo levantino.