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Tras llevar a cabo una investigación, Amnistía Internacional ha encontrado elementos suficientes para llegar a la conclusión de que Israel ha cometido y continúa cometiendo genocidio contra la población palestina de la Franja de Gaza ocupada, ha manifestado la organización en un informe sin precedentes publicado hoy.
El informe “Es como si fuéramos seres infrahumanos”: El genocidio de Israel contra la población palestina de Gaza documenta cómo, durante la ofensiva militar que lanzó tras los mortales ataques liderados por Hamás en el sur de Israel el 7 de octubre de 2023, Israel ha venido sumiendo a la población palestina de Gaza en un infierno de destrucción sin ningún pudor, continuamente y con absoluta impunidad.
“El informe de Amnistía Internacional demuestra que Israel ha llevado a cabo actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio, con la intención específica de destruir a la población palestina de Gaza. Entre ellos figuran: matanza de miembros de la población palestina de Gaza, lesión grave a su integridad física o mental y sometimiento intencional de ella a condiciones de existencia que habrían de acarrear su destrucción física. Mes tras mes, Israel ha tratado a la población palestina de Gaza como un grupo infrahumano que no merece derechos humanos ni dignidad, demostrando así su intención de causar su destrucción física”, ha explicado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.
“Nuestras fulminantes conclusiones deben servir de llamada de atención a la comunidad internacional: lo que está ocurriendo es genocidio. Hay que ponerle fin ya”.
“Los Estados que continúen transfiriendo armas a Israel en este momento deben saber que están incumpliendo su obligación de impedir el genocidio y se arriesgan a ser cómplices de él”. Todos los Estados con influencia sobre Israel, en particular los que suministran armas, como Estados Unidos y Alemania, pero también otros Estados miembros de la Unión Europea, Reino Unido y otros países, deben tomar ya medidas para poner fin de inmediato a las atrocidades de Israel contra la población palestina de Gaza.”
Durante los últimos dos meses, la crisis se ha vuelto especialmente grave en la gobernación de Gaza del Norte, donde una población sitiada se enfrenta al hambre, el desplazamiento y la aniquilación en medio de bombardeos incesantes y restricciones sofocantes de la ayuda humanitaria vital.
“Nuestra investigación revela que, durante meses, Israel ha seguido cometiendo actos genocidas, plenamente consciente del daño irreparable que estaba causado a la población palestina de Gaza. Lo ha hecho desafiando incontables advertencias sobre la catastrófica situación humanitaria y en contra de las decisiones jurídicamente vinculantes de la Corte Internacional de Justicia, en las que se ordena a Israel tomar de inmediato medidas para posibilitar la prestación de asistencia humanitaria a la población civil gazatí”, ha añadido Agnès Callamard.
“Israel ha sostenido reiteradamente que sus acciones en Gaza son legítimas y están justificadas por su objetivo militar de erradicar a Hamás. Pero la intención genocida pude coexistir con los fines militares y no tiene por qué ser la única intención de Israel”.
Amnistía Internacional examinó detenidamente y en su totalidad los actos de Israel en Gaza, teniendo en cuenta su recurrencia y su comisión simultánea, así como sus efectos inmediatos y sus consecuencias acumuladas, cada una de las cuales agrava la demás. La organización consideró también la magnitud y gravedad de esos actos atendiendo al número de víctimas y al grado de destrucción causados a lo largo del tiempo. Analizó, además, declaraciones públicas de autoridades y determinó que, con frecuencia, los primeros en anunciar los actos prohibidos o instigar a cometerlos eran los altos cargos responsables de la gestión de la guerra.
“Teniendo en cuenta el contexto preexistente de desposesión, apartheid y ocupación militar ilícita en que se cometieron tales actos, sólo podíamos extraer una conclusión razonable, a saber: La intención de Israel es la destrucción física de la población palestina de Gaza, ya sea paralelamente a la consecución del objetivo militar de eliminar a Hamás o como medio para lograrlo”, ha afirmado Agnès Callamard.
“Los crímenes atroces cometidos el 7 de octubre de 2023 por Hamás y otros grupos armados contra israelíes y víctimas de otras nacionalidades, entre ellos homicidios masivos deliberados y toma de rehenes, no pueden justificar jamás el genocidio de Israel contra la población palestina gazatí”.
La jurisprudencia internacional reconoce que no es necesario que el perpetrador tenga éxito en sus intentos de destruir al grupo protegido, ya sea total o parcialmente, para determinar que se ha cometido genocidio. La comisión de actos prohibidos con la intención de destruir al grupo, como tal, es suficiente.
Amnistía Internacional analiza detenidamente en su informe las violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos cometidas por Israel en Gaza en el periodo de más de nueve meses comprendido entre el 7 de octubre de 2023 y principios de julio de 2024. La organización entrevistó a 212 personas, entre ellas víctimas y testigos palestinos, autoridades locales gazatíes y personal sanitario; llevó a cabo trabajo de campo, y analizó una amplia variedad de datos visuales y digitales, incluidas imágenes de satélite. Analizó también declaraciones de altos cargos gubernamentales y militares y órganos oficiales israelíes. En múltiples ocasiones, Amnistía Internacional compartió sus conclusiones con las autoridades israelíes, pero en el momento de la publicación del informe no había recibido ninguna respuesta sustantiva.
Las acciones emprendidas por Israel a raíz de los mortales ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 han puesto a la población gazatí al borde del colapso. En octubre de 2024, la brutal ofensiva militar israelí había matado a más de 42.000 personas palestinas, entre ellas más de 13.300 niños y niñas, y herido a más de 97.000, en muchos casos en ataques directos o deliberadamente indiscriminados, que a menudo aniquilaron a familias enteras formadas por varias generaciones. Ha causado una destrucción sin precedentes, que se produjo, según especialistas en la materia, a una escala y una rapidez nunca vistas y se llevó a cabo arrasando ciudades enteras y destruyendo infraestructura esencial, terrenos agrícolas y lugares de carácter cultural y religioso. Debido a ello, grandes extensiones de Gaza quedaron inhabitables.
Mohammed, quien huyó con su familia a Rafá desde la ciudad de Gaza en marzo de 2024 y se vio desplazado de nuevo en mayo de 2024, describió así sus esfuerzos por sobrevivir en condiciones terribles:
“En Deir al Balah estamos como en un apocalipsis. No hay sitio para plantar una tienda, tienes que ponerla cerca del mar [...] Tienes que proteger a tu familia de los insectos, del calor, y no hay agua limpia ni aseos, y todo el rato sin que cese nunca el bombardeo. Es como si fuéramos seres infrahumanos”.
Israel impuso en Gaza unas condiciones de existencia que generaron una mezcla mortal de desnutrición, hambre y enfermedades y dejaron a la población palestina expuesta a sufrir una muerte lenta y calculada. También sometió a centenares de gazatíes a detención en régimen de incomunicación, tortura y otros malos tratos
Considerados aisladamente, algunos de los actos investigados por Amnistía Internacional constituyen violaciones graves del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Pero al examinar más en general la campaña militar de Israel y los efectos acumulados de sus políticas y actos, la única conclusión razonable que cabe extraer es que hay intención genocida.
Para determinar la intención específica israelí de destruir físicamente a la población palestina de Gaza, como tal, Amnistía Internacional analizó el patrón general de conducta de Israel en Gaza; examinó declaraciones deshumanizadoras y genocidas de autoridades israelíes del gobierno y militares, en particular las hechas por los más altos cargos, y consideró el contexto del sistema de apartheid de Israel, su bloqueo inhumano de Gaza y los 57 años de ocupación militar ilícita del territorio palestino.
Antes de llegar a su conclusión, la organización examinó la afirmación de Israel de que, en toda Gaza, su ejército había atacado a Hamás y otros grupos armados de manera legítima y de que la destrucción sin precedentes y la negación de ayuda humanitaria consiguientes eran el resultado de conductas ilícitas de Hamás y otros grupos armados, como ubicar a combatientes entre la población civil o desviar la ayuda. Amnistía Internacional concluyó que esta afirmación no es creíble. La presencia de Hamás cerca o dentro de zonas densamente pobladas no exime a Israel de su obligación de tomar todas las precauciones posibles para no dañar a civiles y de evitar los ataques indiscriminados o desproporcionados. Su investigación determinó que Israel había incumplido reiteradamente tal obligación y cometido numerosos crímenes de derecho internacional para los que no puede haber ninguna justificación basada en las acciones de Hamás. Asimismo, Amnistía Internacional no encontró elementos que demostraran que la desviación de la ayuda podía explicar las restricciones extremas y deliberadas impuestas por Israel a la entrada de ayuda humanitaria vital.
En su análisis, la organización consideró también argumentos alternativos según los cuales Israel estaba actuando de manera irreflexiva o, simplemente, quería eliminar a Hamás y no le importaba si en el proceso tenía que destruir a la población palestina, lo que sería indicativo de un cruel desprecio por las vidas palestinas, más que de intención genocida.
No obstante, con independencia de que Israel considere la destrucción de la población palestina como un medio para eliminar a Hamás o como un resultado indirecto de tal fin, esta forma de ver a las personas palestinas como seres desechables que no merecen tenerse en cuenta es en sí misma prueba de intención genocida.
Muchos de los actos ilícitos documentados por Amnistía Internacional estuvieron precedidos de declaraciones de autoridades en las que se instaba a llevarlos a cabo. La organización examinó 102 declaraciones hechas por autoridades del gobierno, mandos militares y otras entidades israelíes entre el 7 de octubre de 2023 y el 30 de junio de 2024, en las que deshumanizaba a la población palestina y se instaba a cometer actos genocidas u otros crímenes contra ella o se los justificaba.
Entre ellas, Amnistía Internacional identificó 22 en las que altos cargos responsables de la gestión de la ofensiva parecían instar a cometer actos genocidas o los justificaban, lo que constituiría una prueba directa de la intención genocida. Este lenguaje solía encontrar eco, incluso entre los soldados sobre el terreno, como pusieron de manifiesto contenidos audiovisuales verificados por la organización que mostraban a soldados haciendo llamamientos a “borrar” Gaza o hacerla inhabitable y celebrando la destrucción de viviendas, mezquitas, escuelas y universidades palestinas.
Amnistía Internacional documentó los actos de genocidio de matanza de miembros de la población palestina de Gaza y lesión grave a su integridad física o mental, examinando los resultados de investigaciones que había llevado a cabo sobre 15 ataques aéreos efectuados entre el 7 de octubre de 2023 y el 20 de abril de 2024 y que mataron al menos a 334 civiles, entre ellos 141 niños y niñas, e hirieron a centenares más. La organización no encontró elementos que indicaran que alguno de estos ataques estuviera dirigido contra un objetivo militar.
En un caso ilustrativo del 20 de abril de 2024, un ataque aéreo israelí destruyó la casa de la familia palestina Abdelal en el barrio de Al Jneinah del este de Rafá y mató a miembros de ella de tres generaciones, incluidos 16 niños y niñas, mientras dormían.
Aunque estos ataques representan solo una fracción del número total de bombardeos israelíes, son indicativos de un patrón más general de ataques reiterados contra civiles y bienes de carácter civil o deliberadamente indiscriminados. Los ataques se llevaron a cabo también de maneras que tenían por objeto causar un número muy alto de víctimas mortales y lesiones entre la población civil.
El informe documenta cómo Israel sometió deliberadamente a la población palestina de Gaza a condiciones de existencia que tenían por objeto causar con el tiempo su destrucción. Estas condiciones se impusieron por medio de tres patrones de actuación simultáneos, cada uno de los cuales agravó reiteradamente los devastadores efectos de los demás. Consistían en: causar daños y destrucción en infraestructuras vitales y otros bienes indispensables para la supervivencia de la población civil; dictar reiteradamente órdenes de “evacuación” de aplicación general, arbitrarias y equívocas para someter a desplazamiento forzado a casi toda la población gazatí, y no autorizar y obstaculizar la entrada y la distribución de servicios esenciales, asistencia humanitaria y otros suministros vitales en Gaza.
Después del 7 de octubre de 2023, Israel impuso un asedio total a Gaza y cortó el suministro de electricidad, agua y combustible. En el período de nueves meses examinado en este informe, Israel mantuvo un bloqueo ilícito sofocante, ejerció un control estricto del acceso a fuentes de energía, no facilitó un acceso humanitario significativo dentro de Gaza y obstaculizó la importación y la distribución de productos esenciales y ayuda humanitaria, especialmente en las zonas situadas al norte de Wadi Gaza. Debido a ello se agravó la crisis humanitaria ya existente. Estas medidas, sumadas a los extensos daños causados a viviendas, hospitales, sistemas de abastecimiento de agua y de saneamiento y terrenos agrícolas gazatíes, así como al desplazamiento forzado masivo, hicieron que el hambre llegara a extremos catastróficos y que las enfermedades se propagaran a un ritmo alarmante. Los efectos se hicieron sentir especialmente entre los niños y niñas de corta edad y las mujeres embarazadas y lactantes, con consecuencias previsibles para su salud a largo plazo.
Una y otra vez, Israel tuvo la oportunidad de mejorar la situación humanitaria en Gaza; sin embargo, lleva más de un año negándose a tomar para ello medidas que están claramente a su alcance, como abrir suficientes puntos de acceso a Gaza o eliminar las estrictas restricciones impuestas a lo que puede entrar en el territorio o los obstáculos a la distribución de la ayuda en él, y mientras tanto la situación se ha ido agravando cada vez más.
Por medio de sus reiteradas órdenes de “evacuación”, Israel obligó a casi 1,9 millones de personas –el 90% de población gazatí– a desplazarse en condiciones inhumanas a reductos inseguros y cada vez más pequeños, en algunos casos hasta 10 veces. Estas múltiples oleadas de desplazamiento forzado dejaron a gran número de gazatíes sin trabajo y con profundos traumas, especialmente porque un 70% de las personas que viven en Gaza son refugiadas o descendientes de familias refugiadas cuyas ciudades y pueblos fueron sometidos por Israel a una limpieza étnica durante la Nakba de 1948.
A pesar de la rapidez con que las condiciones iban dejando de ser aptas para la vida humana, las autoridades israelíes se negaron a adoptar medidas que habrían protegido a la población civil desplazada y garantizado la satisfacción de sus necesidades básicas, poniendo así de manifiesto que sus acciones eran deliberadas.
Se negaron a permitir el regreso de las personas desplazadas a sus hogares en el norte de Gaza o a reubicarlas temporalmente en otras partes del Territorio Palestino Ocupado o en Israel, negando continuamente a muchas de ellas su derecho a regresar, con arreglo al derecho internacional, a las zonas de las que fueron desplazadas en 1948. Lo hicieron a sabiendas de que para la población palestina de Gaza no había ningún lugar seguro al que huir.
“La inacción absoluta y vergonzosa de que ha dado muestras la comunidad internacional durante más de un año a la hora de presionar a Israel para que ponga fin a sus atrocidades en Gaza —primeramente, con su tardanza en pedir un alto el fuego, y después, con las continuas transferencias de armas— es y seguirá siendo una mancha que empaña nuestra conciencia colectiva”, ha manifestado Agnès Callamard.
“Los gobiernos deben dejar de fingir que son impotentes para poner fin a este genocidio, que ha sido posible cometer gracias a decenios de impunidad de las violaciones israelíes del derecho internacional. Los Estados deben dejar de limitarse a expresar su pesar o consternación y pasar a la acción con medidas internacionales enérgicas y continuadas, por mucho que la conclusión de que se ha cometido genocidio pueda incomodar a algunos de los aliados de Israel”.
“Las órdenes de detención que la Corte Penal Internacional dictó el mes pasado contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, de Israel por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad ofrecen verdaderas esperanzas de hacer por fin justicia a las víctimas. Los Estados deben demostrar su respeto por la decisión de la Corte Penal Internacional y por los principios universales del derecho internacional deteniendo y entregando a las personas requeridas por la Corte”.
“Pedimos a la Fiscalía de la Corte que se plantee con urgencia añadir el genocidio a la lista de crímenes que está investigando e instamos a todos los Estados a utilizar todas las vías legales posibles para llevar a los perpetradores ante la justicia. No se debe permitir a nadie cometer genocidio y quedar impune”.
Amnistía Internacional pide también que se libere sin condiciones a todas las personas civiles tomadas como rehenes y se haga rendir cuentas a Hamás y los demás grupos armados palestinos responsables de los crímenes cometidos el 7 de octubre de 2023.
La organización insta, además, al Consejo de Seguridad de la ONU a que imponga sanciones selectivas a las autoridades israelíes y de Hamás especialmente implicadas en crímenes de derecho internacional.
El 7 de octubre de 2023, Hamás y otros grupos armados dispararon indiscriminadamente cohetes contra el sur de Israel y llevaron a cabo allí homicidios masivos deliberados y toma de rehenes: mataron a 1.200 personas, de las que más de 800 eran civiles, secuestraron a 223 civiles y capturaron a 27 soldados. Los crímenes perpetrados por Hamás y otros grupos armados durante ese ataque se tratarán en un próximo informe de Amnistía Internacional.
Desde octubre de 2023, Amnistía Internacional ha realizado investigaciones a fondo sobre las múltiples violaciones del derecho internacional y crímenes previstos en él que las fuerzas israelíes han cometido, entre los que figuran ataques directos contra civiles y bienes de carácter civil y ataques deliberadamente indiscriminados, así como otros ataques ilegítimos y castigos colectivos infligidos a la población civil. La organización ha pedido a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que acelere su investigación sobre la situación en Palestina, y hace campaña por un alto el fuego inmediato.
Amnistía Internacional
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