DCLM.ES · OPINIONES · Ángela Iglesias
La derecha tiende a decir que “hay que dejar los muertos en su sitio”. Algo fácil de decir cuando no se tienen muertos en fosas comunes, o en las cunetas de las carreteras, sino todo lo contrario, más bien algunos “traidores a la patria” ocupando espacios del Patrimonio Nacional.
Es muy probable que al lector se le haya ido en este momento el pensamiento al Valle de los Caídos y al trabajo que costó sacar de allí a quien durante mucho tiempo ocupó un espacio que no le correspondía, dentro de una obra faraónica que segó muchas vidas de presos condenados por sus ideas a “trabajos forzados”, compartiendo espacio con sus propias víctimas.
Pero este no es el único dictador que ocupa un espacio que corresponde a todos los españoles, sin que a los españoles se nos haya preguntado si estamos de acuerdo con ello.
El mes de julio de 1997 estuvo marcado por la parálisis colectiva tras el vil asesinato del concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, a manos de la banda terrorista ETA. Una muerte anunciada 48 horas antes en los que la inmensa mayoría de la población no dejó de pensar en el joven que hoy tendría la misma edad que el presidente de Castilla-La Mancha.
Con todo un país paralizado por el dolor y el terror da su último aliento Jaime Milans del Boch. Pocos eran los que estaban interesados en ese momento en el fallecimiento del militar que sacó el 23 de febrero de 1981 los tanques a las calles de Valencia. Nadie, salvo sus más estrechos colaboradores, pidió información sobre el lugar en el que sería el sepelio. Los telediarios se habían llenado de noticias que hablaban de injusticia, manos blancos y asesinos etarras, tal vez por ello pasó desapercibido el entierro del militar golpista en el mismísimo Alcázar de Toledo.
Milans del Boch había sido uno de los “firmes defensores del Alcázar” en su asedio durante la Guerra Civil.
Por este motivo había obtenido, de manos del gobierno franquista, la prerrogativa de ser enterrado dentro de un edificio que forma parte del Patrimonio Nacional, hoy Museo del Ejército.
Privilegio otorgado por un rebelde anti demócrata, y también golpista, que se había sublevado contra la legalidad vigente en 1936 a favor de un militar rebelde, que formaba parte del batallón sublevado contra la legalidad vigente en 1936 y que 45 años después, en 1981, reincidió, como militar de más alta graduación, participando en el intento de golpe de estado el 23 de febrero.
Milans del Boch, pasó a la historia por ser protagonista en dos golpes de Estado y tras su último intento fue procesado por “rebelión miliar” y condenado a 26 años y 8 meses de prisión, además de ser expulsado del Ejército.
Pero para José María Aznar, presidente del Gobierno en ese momento, y responsable del Patrimonio Nacional, “todo estaba bien”. Según su criterio “todo estaba en su sitio” con la celebración del sepelio del golpista en la cripta del Alcázar de Toledo. Algo que fue avalado por el alcalde de Toledo, Agustín Conde (PP), que participó y estuvo presente en la ceremonia.
Días más tarde fue el PSOE quien exigió al Gobierno una explicación sobre esta autorización. Algo que no ocurrió porque entre otras cosas no era posible, ya que no hay ningún hecho que haga valedor al golpista reincidente de estar enterrado en un edificio que es propiedad de todos los españoles, hoy bastión o símbolo de la “lealtad a la Patria”.
En aquel momento el alcalde de Toledo, estaba más bien ocupado afirmando que el PP ganaría la presidencia de CLM en 1999 y hoy la derecha vuelve a decirnos que “dejemos a los muertos en paz”, pero es que no todos los muertos disponen de la misma paz.
Ángela Iglesias
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