DCLM.ES · OPINIONES · José Ignacio Antón
El cannabis es la tercera sustancia psicoactiva más consumida en España tras el tabaco y el alcohol. El porcentaje de personas entre 15 y 64 años que afirmaban haber fumado marihuana se incrementó del 14,5 al 37,5 % entre 1995 y 2019. Las cifras son considerable más altas entre la población más joven.
Existen estimaciones recientes que colocan el gasto anual en hachís en España en el entorno de los 1 500 millones de euros. Como en otros países, la mayor parte del mismo corresponde a los usuarios regulares y experimentados.
La tolerancia social y legal con el alcohol y el tabaco contrasta con las fuertes limitaciones existentes sobre el consumo de marihuana. Las normas de España restringen notablemente incluso su uso terapéutico. No obstante, el Código Penal español no tipifica como delito la posesión y cultivo de cannabis para el propio consumo. Asimismo, en una llamativa zona gris, este andamiaje legal coexiste con la presencia de clubes de fumadores de esta sustancia.
El debate sobre avanzar hacia una mayor liberalización del consumo de cannabis ha resurgido con enorme fuerza en 2021. Tres grupos políticos –Más País, ERC y Unidas Podemos– han lanzado ambiciosas propuestas de legalización para uso medicinal y recreativo. La primera de ellas fue rechazada por el Parlamento el 19 de octubre. Es probable que las demás corran la misma suerte. La aplicación con fines terapéuticos parece suscitar un amplio consenso social. En cambio, la opinión pública se encuentra dividida en relación a su postura sobre la liberalización del uso lúdico de esta sustancia. Estas líneas abordan la segunda y más controvertida de las cuestiones.
La discusión sobre la regulación del uso recreativo de esta sustancia no puede limitarse únicamente al ámbito sanitario. La trascendencia del consumo de cannabis traspasa los costes y beneficios sobre los usuarios. El uso lúdico de marihuana alcanza el ámbito sanitario, educativo y laboral.
Esta discusión adolece de un altísimo grado de incertidumbre por el hecho de que la marihuana sea ilegal. Por un lado, esta circunstancia reduce la calidad de los datos disponibles (por ejemplo, la prevalencia del consumo y precios de la sustancia), en gran medida limitada a encuestas. Por otra parte, lógicamente, suprime casi completamente la posibilidad de obtener evidencia sólida a través de experimentos aleatorios controlados.
De este modo, la ambición de estas líneas pasa por apuntar los principales aspectos a considerar en el debate sobre la regulación del consumo de esta sustancia.
La principal preocupación asociada a una mayor liberalización del cannabis viene dada, indudablemente, por el potencial incremento del consumo. En este sentido, el precio del producto en el nuevo mercado ocupa un rol principal. Una legislación más tolerante, en principio, reducirá los costes de acceso a la sustancia. En particular, elimina la probabilidad de sanción al acudir al mercado (legal).
Asimismo, puede incrementar la tolerancia social hacia su consumo. Sin embargo, las autoridades pueden influir en el precio a través de los impuestos sobre la venta de marihuana. El gravamen, si nos guiamos por la experiencia con otras drogas legales, puede ser elevado.
De esta forma, existe una enorme incertidumbre sobre hasta qué punto la legalización del uso lúdico del hachís puede elevar su demanda y qué parte del mercado absorberá el cannabis legal. Experiencias recientes en Estados Unidos, Chequia o Australia sugieren descartar incrementos desproporcionados del consumo. No obstante, en algún caso apuntan a una reducción en la edad de inicio de experimentación con el hachís.
Este punto entronca con los efectos del consumo de la sustancia sobre el propio usuario y el resto de la sociedad. La investigación en esta área está plagada de problemas. El marco legal del cannabis hace que ser fumador de marihuana diste de ser aleatorio. Así, por ejemplo, existe una fuerte asociación con el consumo de otras sustancias psicoactivas como el tabaco o la participación en actividades ilícitas. Esto hace que resulte complicado determinar separar el impacto del consumo de esta sustancia de terceras variables en el bienestar individual.
Por ello, parte importante de los estudios de interés se han llevado a cabo en Países Bajos. La posibilidad de acceso legal a pequeñas cantidades en los famosos coffee shops (bares donde se vende cannabis) permite a los investigadores establecer relaciones causales más sólidas.
Aunque nuestro conocimiento resulte imperfecto, la literatura sugiere que el consumo de marihuana afecta negativamente, y de forma causal, al rendimiento educativo y, especialmente entre los grandes consumidores, a la salud física y mental. Así, una mayor prevalencia elevaría la factura sanitaria.
Conviene recordar, no obstante, que los efectos negativos de esta sustancia se consideran inferiores a los inducidos por tabaco o alcohol. Al mismo tiempo, no parece afectar de forma relevante a la productividad y salario del trabajador. Existe, además, alguna evidencia que sugiere que el hachís puede actuar como puerta de entrada a otras drogas más duras.
Su relación con otras sustancias constituye, también, objeto de discusión. El consumo de marihuana parece sustituir parcialmente al de alcohol y existen dudas de si esto se produce (o, al contrario, complementa) en el caso del tabaco.
Al margen de la satisfacción que puede obtener el consumidor de cannabis, existen argumentos que apoyan que un marco más liberal proporciona herramientas para combatir estos efectos negativos asociados al consumo. En primer lugar, las políticas de prevención de un ámbito político a uno sanitario, que compartiría con el tabaco. Estas se han mostrado, como sabemos, efectivas.
En segundo término, podría facilitar la separación del consumo de cannabis de otras drogas más duras. Esta asociación, frecuentemente, responde a que los vendedores, con bastante asiduidad, ofertan más de una sustancia. Al regular la producción de la marihuana, el acceso al cannabis y a otras drogas podría situarse en planos distintos.
Una tercera razón se vincula a que los efectos negativos del cannabis sobre la salud parecen tener relación causal con su composición química. Un marco para la producción legal y regulada (por ejemplo, bajo licitación) puede facilitar el control de este aspecto y limitar los daños a la salud.
Los defensores de la legalización se apoyan a menudo en la posible reducción de las actividades criminales y de las políticas represivas. Sin embargo, los resultados de algunas investigaciones centradas en Estados Unidos no avalan esta hipótesis.
En este ámbito, en cualquier caso, conviene recordar que el crimen asociado al mercado de hachís actúa, fundamentalmente, desde el lado de la oferta. En este sentido, existe un amplio consenso sobre que las consecuencias del consumo de esta sustancia son muy inferiores a las que acarrea el alcohol, fuente mucho más relevante de delitos violentos.
Desde esta misma perspectiva, la legalización representa una potencial oportunidad de incrementar los recursos fiscales a través de la imposición. En cualquier caso, debemos ser cautos y no sobrestimar esta potencial ventaja. La legalización del uso recreativo del hachís puede inducir una caída del consumo de alcohol y tabaco y, por lo tanto, de los ingresos fiscales asociada a estos rubros.
Son varias las voces que en España apoyan una finalidad de la eventual recaudación fiscal vinculada al cannabis. Concretamente, sugieren canalizar estos recursos hacia el sistema sanitario. Resulta dudoso que esta sea una forma adecuada de abordar las prioridades de inversión social. En cambio, parece más razonable determinar primero si precisamos mayores ingresos fiscales y, en segundo término, asignar estos a las áreas de mayor impacto sobre el bienestar social, con total independencia del debate sobre el cannabis.
El aspecto ambiental se ha incorporado al debate en los últimos tiempos. La producción ilegal de cannabis se realiza fundamentalmente bajo techo y en bosques. La regulación de esta actividad (producción bajo licitación de grandes productores) podría contribuir a reducir la huella ecológica y, quizás, promover un uso más razonable y adecuado de la electricidad que el que suele vincularse a la producción ilícita.
A los lectores y los periodistas posiblemente no les entusiasmará escuchar que los interrogantes superan ampliamente las certezas. Algunos estudios estiman importantes beneficios de la legalización para la sociedad. Otros no encuentran apenas diferencias entre el saldo de la política de legalización y de prohibición.
De forma simultánea, esta incertidumbre no asegura que el statu quo derivado de la inacción no resulta necesariamente superior al cambio. Un régimen de prohibición no debe llevar a ignorar una realidad existente. Afrontemos al menos una discusión madura, informada, libre de prejuicios y basada en la (muy imperfecta) evidencia empírica.
José-Ignacio Antón, Profesor Titular de Economía, Universidad de Salamanca
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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