DCLM.ES · OPINIONES · Salvador García Llanos
No hay quien pueda con el transfuguismo. Mientras los partidos políticos no alcancen un acuerdo firme y comprometedor que, resueltamente, impida la materialización de hechos que desnaturalizan resultados electorales o perviertan acuerdos o comportamientos supuestamente orientados a proporcionar estabilidad a las instituciones, la lacra seguirá viva y latente para dañar las mismas esencias de la democracia. Y ya está bien de padecer las consecuencias, en el fondo un reguero de suspicacias y prácticas reprobables que, a medida que se van descubriendo, solo alimentan la desafección hacia la política y los políticos.
El último caso es el de la retirada del Partido Popular (PP) del Pacto antitransfuguismo, que data de 1998, con alguna revisión posterior, herido de consideración desde la denominada Operación Murcia, con la que la formación conservadora logró salvar la presidencia de la región y mantener en ella a Fernando López Miras. Garantizar la limpieza del sistema democrático era el gran objetivo del Pacto, fracturado porque, para algunos, hay decisiones insostenibles y es consecuente salirse de una concertación para evitar luego asumir responsabilidades políticas o, más sencillo, justificar lo injustificable y en la revoltura, que salgan más cosas. En Murcia, recordemos, el PP incorporó hasta tres diputados de Ciudadanos para derrotar la moción.
De modo que no hay garantías de limpieza, primero que nada. El problema persistirá porque, con tal de hacerse con el poder, ya se recurrirá a lo que sea. Lo que importa es tener un o unos votos más. Dentro de un par de años, nuevas elecciones, nuevas ofertas programáticas y más discursos moralizantes y regeneradores para abordar esta cuestión; pero escasa voluntad de concreción en una materia que ni los propios partidos, los primeros llamados a intentar una solución debatida, pactada y cumplible, son capaces de llevar a cabo.
El PP, tras este caso, tiene que hacérselo mirar. Se sale del Pacto tras comunicárselo por escrito al ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, alegando que no convocó una comisión de seguimiento del Pacto en cuarenta y ocho horas, como le había sido solicitado, entre los pasados 30 de marzo y 8 de abril. Pero la impresión de añagaza no puede borrarla. Fuera del marco acordado, sus cargos públicos no están sometidos a ningún tipo de control. Reclama también más neutralidad en la composición técnica de la mesa. Pide una mayor despolitización. Pero un partido político de ámbito estatal, llamado a fortalecer su alternativa con proyectos e innovaciones, no debería dar estos saltos que debilitan claramente la democracia y no contribuyen a la credibilidad de sus actores políticos. Decisión inapropiada, pues. La lacra del transfuguismo parece no tener fin.
Salvador García Llanos
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