DCLM.ES · OPINIONES · Edén Félix Nieto
La semana pasada, en el contexto del máster en Estudios Políticos que estoy realizando en Colombia, me notificaron que el siguiente encuentro académico iba a versar sobre Conflicto Armado y Negociación de Acuerdos de Paz. Mi reacción fue prístina y directa: informé a la dirección que no tenía la menor intención de debatir sobre acuerdos de paz encerrado en mi habitación mientras, por la noche, había una guerra civil al otro lado de mi ventana.
Alguno podrá considerar que exagero y no le culpo, ya que los medios de comunicación nacionales e internacionales se han encargado de exponer, por activa o por pasiva, que esto no es grave, que la noticia de interés sigue estando en el golpe de estado en Myanmar, en la última ocurrencia de Vladimir Putin o en la sempiterna crisis económica de Venezuela. Sin embargo, las cifras son tozudas y permiten dimensionar que Colombia se enfrenta a una crisis humanitaria y de justicia social impactante. 47 muertes violentas, 278 hechos de violencia física y 12 hechos de violencia sexual, todos protagonizados por miembros de la fuerza pública, habían documentado los compañeros de la ONG Temblores hasta el día 8 de mayo. Y a las anteriores cifras hay que añadir que, hasta el día 7 de mayo, se había reportado la desaparición de 548 personas, todas sin paradero desde que iniciaron las protestas el pasado 28 de abril, o que se habían realizado casi 1000 detenciones arbitrarias a manifestantes por el mero hecho de ejercer un derecho fundamental.
Lo poco que ha trascendido internacionalmente al respecto de las causas que se describen es que el pueblo colombiano se echó a las calles como consecuencia de una injusta y reaccionaria propuesta de subida de impuestos en medio de una pandemia. Y el gobierno de Iván Duque ha hecho todo lo posible para que así sea, para que el foco esté puesto en la subida de impuestos mientras se prepara una reforma al sistema sanitario que convertirá la atención digna en un privilegio de los más pudientes, o mientras que el 42,5% de la población subsiste mensualmente con una renta per cápita inferior a los 90 euros, según el Departamento Nacional de Estadística, en un país donde el rol del estado es profundamente subsidiario y los servicios públicos son de una calidad infame. Sin embargo, lo descrito es sólo una anécdota dentro del listado de deberes de un país muy desigual, monopolizado políticamente por unas pocas familias de terratenientes que han compartido el poder como el que lo hace con una ración de patatas bravas, y que lleva sumido en un conflicto violento multimodal y multicausal desde el año 1810, cuando dos comerciantes incendiaron el país por la integridad de un florero mientras los criollos querían no ser expoliados por Madrid para continuar ellos con el expolio de los pueblos originarios.
El problema es que Colombia tiene otros muchos problemas. Cuenta con un estado incapaz de proteger pero muy capaz de matarte si eres mujer, indígena, estudiante, niño, anciano o habitante de zonas periféricas como Nariño, el Amazonas o Arauca. Tiene un sistema político que se convertiría en la peor de las pesadillas de Montesquieu o Hamilton, y uno económico que asquearía tanto a Keynes como a Von Mises o Hayek. Colombia lleva siendo muchas décadas una bomba a punto de estallar, y los sucesivos gobiernos sólo han logrado apaciguar los deseos de justicia, igualdad y legitimidad de la población por medio de medidas represivas, en lo político y en lo militar, justificadas como una barrera a la difusión del socialismo, lo cual demuestra que el país es un banco de pruebas del Macartismo aún más exitoso de lo que fue y es Chile, pues ha pasado totalmente desapercibido.
Colombia es presentada internacionalmente como la democracia más estable y profunda de toda América Latina, poseedora de una moderna mixtura entre el centralismo francés y el federalismo norteamericano. Además, cuenta con un modelo constitucional ambicioso y con unos entes de control que, sobre el papel, garantizan la imparcialidad institucional y la independencia de las tres ramas del poder público. Sin embargo, Colombia es un país con una tendencia irrefrenable hacia la concentración del poder y una ineficiente irradiación del mismo, con un nepotismo que lo acapara y comercializa todo, y con un desprecio profundo e irracional hacia todo a lo que suene a progresismo, que se materializa en la invisibilidad política e institucional de la oposición como consecuencia de su radical modelo presidencialista. Prueba de esto último es que un tibio socialdemócrata como Gustavo Petro, líder de la oposición, es presentado como un heredero radicalizado de Bakunin, lo cual le ha granjeado atentados contra su vida, amenazas de corte neofascista y un continuo vilipendio en los medios de comunicación. Y no podemos olvidar el caso del profesor universitario con ideas propias de la tecnocracia liberal cercanas al centro derecha como Sergio Fajardo, el cual, a pesar de poner en bandeja de plata el gobierno a Iván Duque, sigue siendo objetivo judicial como si se tratase de Lula da Silva.
Y tampoco podemos olvidarnos de la violencia, la cual actúa como un eje vertebrador de los sentimientos unitarios del pueblo colombiano con el mismo o mayor poder que la selección nacional de fútbol, la bandera o el himno. Ésta se ve en el seno de las familias, donde los esposos imponen sus aspiraciones personales a golpe de grito o el peso de sus manos, en la calles, donde la pelea por el espacio la ganan los ostentosos y contaminadores vehículos de las clases económicas dominantes, o en el propio proceso de paz iniciado tras la dejación de las armas por parte de la guerrilla de las FARC, donde los sectores conservadores y reaccionarios no sólo imponen sus deseos de venganza sino que no dudan en enviar su brazo armado para acabar con la vida de aquellos que piden la materialización de los ideales de justicia, verdad, reparación y no repetición.
Muchos son los desafíos a los que se enfrenta el pueblo colombiano y todos han sido puestos sobre la mesa por la juventud, por una generación que afirma no tener nada que perder. Se enfrentan al desafío de no tener un objetivo claro al tener una multitud de objetivos. Además, lo hacen desde la diversidad propia de una sociedad fracturada históricamente por motivos de raza, religión, ideología o lugar habitado. Pero han entendido que sólo por medio de la interseccionalidad es posible lograr una sociedad más justa, más igualitaria y más incluyente.
¿Les escuchará este gobierno o habrá que esperar al próximo? Esa es la pregunta, pero la sociedad colombiana no se puede permitir que se sigan violando los derechos humanos de inocentes por reclamar lo que es justo, ni que se acusen de subversivos mensajes que no buscan otra cosa que materializar el contenido del contrato social. Y mientras esto sucede, seguiremos encerrados en nuestras casas, ya que la guerra civil posmoderna seguirá estando al otro lado de la ventana.
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