DCLM.ES · OPINIONES · Antonio Cervero Fernández-Castañón,
El Senado canadiense aprobó legalizar el cannabis en junio de 2018, permitiéndose la producción y consumo de la sustancia a partir del 17 de octubre del mismo año. La importancia que tiene este hecho viene determinada por el potencial político y económico del país, ya que es el primer miembro del G-20 que lo hace.
De este modo, se une a la lista cada vez más larga de países que han optado por reducir las restricciones respecto a la producción, comercio y consumo de esta sustancia y apostar por vías más aperturistas.
Estas varían en un rango que va desde la mera despenalización hasta el libre comercio, desde la venta de la sustancia en su estado natural (marihuana) hasta solamente el comercio de sus extractos (cbd o thc), y desde la venta para consumo exclusivamente terapéutico hasta la venta también para uso lúdico o recreativo como, de hecho, ha sucedido en el caso de Canadá.
Al margen de esta situación, los malos resultados de las políticas prohibicionistas, que tenían por finalidad reducir el consumo de la sustancia, son una realidad a nivel internacional que no puede obviarse a poco que se analicen los índices de consumo.
Así, en la Unión Europea, 91,2 millones de ciudadanos de entre 15 y 64 años manifiestan haber consumido cannabis alguna vez en su vida, lo que supone un 27,4 % de la población en ese grupo de edad, según datos de 2019 del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías.
Y a ello habría que sumar que de los países que han realizado encuestas desde 2016, seis notificaron estimaciones más altas de consumo, cinco se mantuvieron estables y solamente uno notificó estimaciones más bajas que en las anteriores encuestas.
En España los datos de consumo son sustancialmente más elevados, continuando una tendencia creciente que se inició en el año 2013 y que ha llevado en el año 2017 a un porcentaje de consumo (alguna vez en la vida y para el tramo de edad señalado anteriormente) del 35,2 %, el valor más alto de la toda la serie histórica, cuyos datos se remontan a 1995.
Hasta el momento, la principal razón que ha justificado la prohibición del cultivo y consumo de cannabis, al menos de forma pública y obviando otras causas socioeconómicas objeto de polémicas, se ha basado en la consideración de sus supuestos efectos peligrosos para la salud y de un limitado poder terapéutico, aspectos que quedaban asumidos por su inclusión en la lista de la Convención Única sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas de 1961.
Sin embargo, dos fenómenos recientes han venido a cuestionar este planteamiento. El primero, la continua investigación sobre los usos terapéuticos de la sustancia. Y, el segundo, consecuencia del anterior, el envío de la carta del director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, solicitando eliminar el cannabis de la lista de drogas más peligrosas, lo que implicaría someterlo a un nuevo estatus regulador.
En lo referente al uso terapéutico, a su vez, se han dado avances importantes. Por un lado, se ha venido a confirmar la posibilidad de que el consumo de cannabis precipite ciertos cuadros psicóticos latentes en personas predispuestas, pero se ha reducido la presunción de su papel determinista y explicativo-causal en la generación de los mismos.
Por otro, y como bien podemos apreciar los profesionales en consulta, se ha incrementado de forma considerable el número de usuarios que utiliza cannabis para paliar sintomatología diversa relacionada con múltiples enfermedades, aprovechando los beneficios de consumo de la sustancia avalados por los resultados de las últimas investigaciones y que se extienden tanto a enfermedades físicas como mentales.
Así, entre las primeras, podemos mencionar el uso de cannabis para mejorar los trastornos no oncológicos que cursan con dolor crónico y son resistentes a los fármacos habituales o ciertos resultados que, aunque no son concluyentes, sí son prometedores en cuanto a la mejoría que genera para tratar cuadros de epilepsia resistente.
Entre las segundas, ciertos estudios evidencian la capacidad para reducir el miedo propio del estrés postraumático con la consiguiente facilitación de la intervención psicológica, o su capacidad para modular la ansiedad, si bien en este sentido habría que tener en cuenta que aunque dosis moderadas pueden tener un efecto ansiolítico, dosis altas pueden generar el efecto contrario.
Al margen de los aspectos más puramente sanitarios, la tercera vertiente objeto de estudio en el debate sobre la legalización es la que ha afectado al factor económico, dado que la legalización del cannabis generaría una actividad productiva e industrial de alto impacto.
Y en este sentido, dicha industria podría suponer para España, según algunas estimaciones, una actividad económica cuya cuantía superara los 8.000 millones de euros en 2028 (Prohibition Partners, 2019), dadas las idóneas condiciones climatológicas y tecnológicas existentes en nuestro país para su desarrollo.
Por todo ello, y en conclusión, si tenemos en cuenta los índices de consumo, los aspectos sanitarios y económicos, y analizamos la tendencia creciente de países que optan por una regulación más aperturista, así como lo que parece una imparable progresión internacional hacia la legalización de la sustancia, la pregunta que cabe hacerse es si no debería ir posicionándose España ante esta situación, con el fin de obtener cuanto antes el conjunto de beneficios potenciales (personales, sociales y económicos) que brindaría este nuevo mercado.
Antonio Cervero Fernández-Castañón, Psicólogo sanitario, PDI del Departamento de Psicología, Universidad de Oviedo
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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