DCLM.ES · OPINIONES · Joan Carles Pamies Palazuelo
El resultado de las elecciones generales de abril de 2019 dio lugar a un arco parlamentario más propio de las cámaras de los países nórdicos que de las de España tras la Transición y antes de la crisis. No obstante, esto no sorprende puesto que España es un país que, en cuatro años, ha convocado cuatro elecciones que son, de algún modo, reflejo de esa dificultad para formar gobiernos y mayorías estables.
En la opinión pública hay muchos argumentos que se esgrimen para explicar e incluso justificar esta falta de acuerdo entre los partidos españoles que empuja a los votantes a concurrir nuevamente ante unos comicios. Comicios que tal vez tampoco sean los últimos en los próximos cuatro años. Desgranemos algunos de esos argumentos para dilucidar cuánta verdad y mentira hay tras ellos.
En muchos países europeos no solo es habitual ver cómo los gobiernos son conformados por varios partidos, sino que es, en la práctica, la norma. En los Países Bajos, con un número de representantes en la cámara baja mucho más reducido que el español – tan solo 150, lo cual facilita las mayorías – es muy complicado remontarse a un gobierno que no haya requerido la coordinación con otras fuerzas políticas, bien sea para formar un gobierno o para facilitar su formación a través de abstenciones. Pero tampoco conviene engañarse: la formación de gobiernos en estos casos no es sencilla ni mucho menos breve.
Esto hasta hace poco no era demasiado común en España, donde los gobiernos monocolores han sido la tónica. Sin embargo, sí que existen experiencias de cooperación en los gobiernos de Aznar y González, donde los partidos nacionalistas Coalición Canaria y PNV sirvieron para facilitar las investiduras.
Todavía es más frecuente la negociación a nivel regional y local, donde han existido fórmulas recurrentes entre los grandes partidos y los partidos nacionales, regionalistas y locales, especialmente en Cataluña, el País Vasco, la Comunidad Valenciana y Baleares. Por tanto, sí que existe cultura de pactos en España, solo que en el nivel general ha sido menos frecuente y con dinámicas de poder muy desiguales, con un socio principal muy fuerte respecto al socio minoritario.
Otro de los argumentos, a menudo utilizado como crítica, es el de entender que determinados partidos quieren forzar unas nuevas elecciones para obtener mejores resultados. Las encuestas parecen indicar que habría una mejora de los resultados del Partido Socialista, el principal actor en la ronda de negociaciones, así como un repunte del PP, una caída de Podemos y un estancamiento de Ciudadanos y Vox.
Sin embargo, un factor importante detrás de los resultados electorales sería la forma en la que los votantes asumen el papel de cada partido en las negociaciones de la investidura fallida. Esto es especialmente relevante en el bloque de la izquierda, que ha sido el eje más implicado en la investidura. En la medida en la que los votantes crean que el PSOE ha jugado la carta de forzar elecciones para poder posicionarse mejor, y que esta jugada sea entendida como un acto egoísta, los votantes podrían penalizarles.
Ocurriría lo contrario si los votantes pensaran que las demandas de Podemos han sido desproporcionadas en relación con su número de escaños. Sin embargo, el votante de centro y centro izquierda también podría premiar o castigar especialmente a Ciudadanos y al Partido Popular si entienden que los esfuerzos por un pacto de Estado con Sánchez para evitar un gobierno con Podemos y formaciones nacionalistas han sido exiguos.
Así pues, apostar todo al estado actual de las encuestas – aunque acertaran a día de hoy – podría ser una decisión muy arriesgada si pensamos en la dificultad para predecir que las percepciones de lo que ha sido la investidura se mantengan. Además, la movilización del votante de cada bloque podría ser un factor muy relevante que incluir en la previsión de los resultados.
Las leyes electorales son un culpable muy socorrido en muchos análisis de la política. En incontables ocasionales se busca un elemento del sistema electoral, se aísla de su contexto y se propone una reforma del sistema en su conjunto atendiendo solamente a los beneficios que aportaría y sin tener en cuenta las implicaciones que eso supone. Es habitual oír que cambiando el sistema de reparto (d’Hondt) o haciendo una circunscripción única se solucionaría todo, incluyendo el fraccionamiento y, por tanto, las dificultades en las negociaciones.
No obstante, una modificación que a simple vista puede ser menor (sin serlo en realidad) cambiaría las dinámicas no solamente de formación de gobierno, sino también los incentivos en el voto o el funcionamiento institucional.
En realidad, no hay uno, sino varios. Todos ellos pueden jugar su parte de “culpa” en el fallido intento de investidura. Convendría añadir un elemento que a veces es visto con cierto recelo, puesto que se acostumbra de subsumir en alguno de los anteriores argumentos: las dificultades de articular programas comunes y coherentes.
Finalmente, tampoco conviene pensar que las dificultades que atraviesan los partidos en España para formar gobiernos sea un completo fracaso irreparable. En la evolución de muchos sistemas (desde biológicos hasta políticos) es habitual atestiguar a cambios graduales y lentos, a modo de equilibrio puntuado.
Joan Carles Pamies Palazuelo
Investigador en la Universidad Autónoma Madrid. Anteriormente, he sido investigador visitante en el Centre d'Études Européennes (Sciences Po, París)., Universidad Autónoma de Madrid.
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