DCLM.ES · OPINIONES · Salvador García Llanos
Pareciera que el gobierno de los jueves y los propios magistrados no quisieran enterarse del creciente malestar social con respecto a algunas de sus decisiones. Se dirá que están aplicando la ley y si está en vigor, pues nada que objetar. Pero hay grises.
Es difícil aceptar, sin más, por muy escrupuloso que sea el procedimiento, que los componentes de La Manada estén en libertad; que el marido de Ana Rosa Quintana, Juan Muñoz, implicado en un un caso de presunta extorsión, descubrimiento y revelación de secretos, disfrute en aguas del Caribe sin disponer de permiso para salir de España y que el ex presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, haya quedado absuelto por la indolencia en la instrucción.
Los tres casos, quizás por desarrollarse en unas fechas en las que es más importante ocuparse de otras cosas, no han sacudido tanto el desenvolvimiento de la sociedad española. Pero ello no obsta, siendo causas de naturaleza diferente, para que se vuelva a dudar del funcionamiento de la justicia en nuestro país, un problema de fondo sin resolver, agravado si se quiere por el colapso que sufren los juzgados, pero que acentúa las dudas sobre la credibilidad de los órganos judiciales que pareció quedar ya bajo mínimos desde la controversia de las hipotecas hace unos meses.
Así, los componentes de La Manada se benefician de las dudas de la naturaleza de los delitos que se les atribuye. No parece que anden muy afectados cada vez que han de comparecer en sede judicial para conocer el siguiente paso de su suerte. Sí que lo están la víctima, sus familiares y todas aquella personas con un mínimo de sensibilidad que contemplan atónitas el espectáculo. La Audiencia Provincial de Navarra es la que mantiene la libertad provisional. Organizaciones de mujeres siguen clamando ya con evidente escepticismo.
Tampoco saben qué decir quienes ven las imágenes del marido de la periodista televisiva, en aguas templadas de República Dominicana, haciendo prácticas de submarinismo, a las que tiene derecho, claro que sí, pero que resultan difíciles de asumir después de conocer que una resolución judicial le impedía salir de nuestro país, sin efecto por una decisión del titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, inspirada en vaya usted a explicar qué artículo. Alguna razón habrá, pero tal determinación impulsa todas las interpretaciones de trato de favor.
Pero lo que ya desborda todas las coordenadas de la lógica, incluso la procedimental, es que el ex presidente de la Regíón de Murcia y ex alcalde de Puerto Lumbreras, el popular Juan Antonio Sánchez, haya salido absuelto de sus acusaciones de corrupción porque ni la juez instructora ni la fiscalía hicieron lo que debían: sin que se hubiese practicado prueba alguna, es decir, habiendo transcurrido seis meses sin tomar declaración a los investigados y después de que la fiscalía pidió dos días tarde la ampliación del plazo de investigación, el político ha quedado absuelto. Un juez, el presidente de la Audiencia Provincial de Murcia, fue contundente: “No hay excusa, no hay disculpa y sí indolencia”. ¿Para qué más explicaciones?
Sí, la incomprensible postura del legislativo y hasta del propio Gobierno que no han tenido en cuenta la petición unánime de las asociaciones de jueces y fiscales para derogar -incluso por la vía del decreto-ley- el artículo 328 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), pues aquéllas entienden que los seis meses establecidos como plazo para llevar a cabo la instrucción correspondiente son claramente insuficientes en algunos procesos.
Mientras tanto, unos que pasean libremente, otro que disfruta de sus placeres aún donde teóricamente no podría hacerlo y un presunto corrupto que se libera de sentarse en el banquillo por indolencia o negligencia... Es normal que la gente dude y que se pregunte ¿hay quién dé más?
Salvador García Llanos
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