Uno de los graves problemas estructurales que tiene la economía y la sociedad española se refiere a la evolución del sistema de pensiones en los próximos años. Hay una serie de datos objetivos que confirman que España tiene que asumir esta tema como un elemento trascendental de estabilidad social. Más de 3,5 millones de cotizantes se han perdido para la Seguridad Social (SS) durante el período de crisis, mientras que la recuperación sólo ha compensado hasta ahora en 1,6 millones tal pérdida. Sin embargo, la temporalidad y la reducción de las bases de cotización de los asalariados actuales, debido al recorte salarial, ha hecho que los ingresos por cotizaciones se resientan de forma grave. 16.700 m€ es el déficit que tuvo en 2015 la SS, es decir, un 1,55% del PIB. Para este año está previsto un déficit del 0,34% del PIB, es decir, 3.500 m€. Este dato sólo se podrá alcanzar si se hace un uso excepcional del Fondo de Reserva de Pensiones, como así esta ocurriendo.

El sistema de SS española debe pagar mensualmente su prestación a un total de 8,5 millones de pensionistas, pero como hay jubilados que cobran dos prestaciones, el total de pensiones abonadas se eleva a 9,4 millones. Este dato, por si mismo dice poco, pero en dinámica, si consideramos que la esperanza de vida en España crece 16 meses cada 10 años y que la media actual de esperanza de vida es de 82,7 años (79,9 en hombre y 85,4 en mujeres), podemos aproximar la magnitud del desfase actuarial, considerando, además, que la crisis ha reducido la natalidad en un 20%, lo que se traduce en un descenso continuo de los potenciales cotizantes en los próximos años, pérdida que sólo podría ser compensada con una inmigración masiva. En 2050, según proyecciones demográficas fiables, habrá unos 17 millones de pensionistas, el doble de los que hay ahora, ya que, a partir del 2020, se jubilarán las cohortes de nacidos en el baby boom de los 60 del siglo XX.

En la actualidad, hay un beneficiario de prestaciones por cada 2,25 afiliados a la SS y este ratio sigue estancado desde hace tres años a pesar de la creación de empleo, pero si tenemos en cuenta los ocupados, la ratio se reduce hasta el 2,03, es decir cada ocupado viene a pagar media pensión. La prestación por jubilación media ha pasado de 956€ en diciembre de 2012 a 1.037€ en marzo de 2016, es decir, se ha incrementado en un 8,5% en algo más de tres años. Esto es consecuencia de que los nuevos pensionistas que se jubilan tienen carreras profesionales más largas y unas bases de cotización más elevadas que los que dejan el sistema por fallecimiento. Todo ello nos lleva a concluir que ni siquiera a corto plazo los 119.000 m€ previstos en los PGE16 servirán para financiar las pensiones contributivas por lo que será necesario seguir haciendo uso intensivo del Fondo de Reserva de Pensiones.

El Fondo de Reserva de Pensiones ha pasado de 66.815m€ en 2012 a 24.175m€ a julio de 2016, es decir, la hucha de las pensiones se ha reducido en 42.640m€ en 4 años. Pero hay un dato muy significativo, el Gobierno en funciones ha gastado del Fondo de Reserva en torno a 17.500 m€ con el objetivo de hacer frente al abono de las pagas extraordinarias de Navidades de 2015 y verano de 2016, pero ya se está utilizando para hacer frente al abono de las pagas ordinarias con el fin de no comprometer el déficit previsto para esta año ya que su uso es financieramente más barato y no computa a efectos de déficit y deuda. Con esta trayectoria de uso del Fondo para pagas extras anuales (17.000m€), sólo queda, para hacer frente a este abono, hasta Navidades de 2017, plazo que se reducirá si se sigue utilizando para hacer frente a las pensiones mensuales y ordinarias. A partir de ese momento, el pago de las pensiones por esta concepto irá contra el déficit e incrementará la Deuda Pública. Un ejemplo más de la importancia que tiene reducir el déficit y la Deuda para encajar en el futuro este tipo de contingencias.

Parece evidente que el sistema exige algunos ajustes fundamentales porque se trata de un sistema de reparto y piramidal a través del cual los cotizantes actuales pagan las pensiones de los pensionistas actuales, sin garantías respecto a lo que ocurrirá en el futuro a los cotizantes actuales el día que alcancen la edad de jubilación. No es de recibo alarmar a la población sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones ya que constituye la piedra angular de cualquier Estado de bienestar de corte europeo, pero lo que si parece evidente es que la cuantía de las pensiones se deberá ajustar a parámetros fundamentales como la esperanza de vida para establecer la edad de jubilación, la cotización realizada durante la vida laboral o las disponibilidades presupuestarias del sistema. A título de ejemplo, la instauración de "cuentas nocionales", es decir, la articulación de un sistema individualizado, dentro del sistema público de pensiones, en el que se vincule la prestación del futuro con la cuantía de las cotizaciones prácticas en la vida laboral es algo que debería estudiarse sin apriorismos. Otro cambio necesario sería separar claramente las pensiones contributivas de las no contributivas las cuales deberían financiarse a través de los PGE y, por supuesto, si se quiere en la mayoría de los casos, disfrutar de un nivel de vida próximo al mantenido durante la vida activa será imprescindible hacer aportaciones a planes y fondos de pensiones privados que permitan complementar la menguante pensión pública que devengarán las futuras generaciones. Pero esto es harina de otro costal, porque ¿que jóven puede ahorrar para su jubilación con el nivel salarial actual y el grado de precariedad en el empleo que soportan las nuevas generaciones?. Permitánme una última reflexión. Por favor, cada vez que tengamos problemas de financiación pública de una determinada política de gasto no se nos ocurra la fácil solución de crear un impuesto selectivo ad hoc. Para financiar los servicios y las prestaciones públicas está el sistema fiscal y las cotizaciones sociales en su conjunto. No paguemos dos veces por lo mismo.

Juan José Rubio Guerrero,
Catedrático de Hacienda Pública UCLM.

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