El ministro de justicia, Rafael Catalá, ha manifestado recientemente, en relación con la citación a declarar como querellados de varios miembros del gobierno catalán, que el tribunal había optado por aplazar dicha decisión en función del calendario electoral. Dichas manifestaciones han sido vertidas con la apariencia de que el citado ministro tiene capacidad de decisión sobre las resoluciones judiciales y sobre las razones de las mismas. Y de que los tribunales siguen la estrategia del Gobierno o del partido que lo sustenta. Como no es la primera vez que el ministro de justicia indica lo que hacen o deben hacer los órganos judiciales, debemos recordarle que vivimos en un Estado de Derecho con separación de poderes. Y que el tribunal que instruye la citada causa actúa de forma independiente y adopta sus decisiones al margen de cualquier expectativa política. Por ello, reclamamos al ministro de justicia que se abstenga en el futuro de realizar afirmaciones que representen interferencias partidistas en la independencia de la judicatura y erosionen la credibilidad de la ciudadanía en nuestro sistema judicial.
Por otro lado, se han publicado informaciones, que no han sido desmentidas, en el sentido de que el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, se ha interesado directamente por este asunto ante el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Miguel Ángel Gimeno, para reclamarle mayor rapidez en la instrucción de dicha causa. Dichas presiones serían impropias de quien preside el órgano constitucional que ha de garantizar la independencia judicial. Por ello, solicitamos que se aclare la veracidad de estos hechos, que se sumarían a otras actuaciones de Lesmes favorables al Gobierno al que debe su cargo.
Debemos recordar que el presidente del referido Tribunal Superior de Justicia va a agotar pronto su mandato, por lo que sería muy censurable que se produjeran maniobras para evitar su continuidad en el cargo en el caso de que el tribunal no se plegara a determinados intereses partidistas. Sobre estas situaciones tenemos un precedente muy cercano, como lo fue la reciente decisión de no renovar como presidente de la sala 3ª del Tribunal Supremo a José Manuel Sieira, un magistrado independiente que había adoptado decisiones que no fueron del agrado del Gobierno. En dicha actuación desempeñó un papel decisivo el propio Carlos Lesmes. Precisamente por estos hechos dos asociaciones judiciales y una organización defensora de los derechos humanos presentamos una queja ante la Relatora Especial sobre Independencia Judicial de la ONU.
Desde Jueces para la Democracia exigimos respeto hacia el juez instructor que está actuando en el citado procedimiento en el que están imputados varios miembros del gobierno catalán y reiteramos que el tribunal va a actuar con criterios estrictamente jurídicos. Desgraciadamente las interferencias políticas en este asunto comenzaron desde el principio, al presentarse una querella por parte de la Fiscalía General del Estado tras unas indisimuladas presiones públicas desde el ámbito político, con dirigentes que se expresaron como si el ministerio publico fuese a actuar a su dictado.
A pesar de ello, la realidad es que el órgano judicial competente está investigando los hechos denunciados y que resulta inadmisible cualquier presión hacia sus actuaciones. En consecuencia, pedimos una mayor responsabilidad institucional, así como recordamos que la separación de poderes es un principio básico de una sociedad democrática. Y también instamos al Gobierno y al CGPJ a que no reiteren sus constantes intentos de instrumentalización partidista de nuestros órganos judiciales.
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