Los impagos hacen peligrar 300.000 empleos y la atención a 800.000 dependientes en España

Echevarría ha apuntado que Cataluña es "una más" de las que se suman al "impago de las administraciones" después de Castilla-La Mancha y Valencia en una lista a la que, según ha indicado, podría apuntarse también Andalucía, y ha rebatido el argumento de las comunidades autónomas de que no hay dinero pues, a su juicio, sí lo hay.

"Dicen que no tienen dinero. Claro que hay, dejas coches oficiales, dejas de hacer infraestructuras, pero atiendes a lo que te has comprometido por ley, además en un sector que es capaz de reducir el déficit público", ha apuntado, al tiempo que ha recordado que por cada euro que se invierte en el sector de la Dependencia, las administraciones retornan 1,20 euros.

Además, ha denunciado que, aunque a estas empresas no se las vaya a pagar, ellas tienen que seguir pagando a sus proveedores y a sus trabajadores que atienden diariamente a más de 800.000 personas. "¿O es que nuestros residentes no comen?", ha indicado. "Ya no podemos aguantar esta situación, cada vez con más plazas residenciales vacías, bajándonos más los precios de concertación y ahora sumado a que no nos pagan", ha subrayado.

La situación de impagos, según ha explicado, se produce desde antes de que se anunciara el recorte a la Ley de Dependencia pero ha alertado de que esta reforma de la norma empeorará la situación. "Si hasta ahora no nos podían pagar y lo hacían tarde, mal y nunca, a partir de ahora, ¿qué vamos a hacer con las personas que estamos atendiendo y con los trabajadores que tenemos?", se ha preguntado.

DESMANTELAMIENTO DEL SISTEMA

Por su parte, el presidente la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales de España, José Manuel Ramírez Navarro, prevé con "mucha preocupación" el "desmantelamiento" del sistema de la Dependencia a raíz de los impagos que ahora llegan a Cataluña pero que ya en otras cc.aa. como Castilla-La Mancha y Valencia se están produciendo "de manera dramática", hasta el punto de que han obligado a algunas entidades del Tercer Sector a cerrar.

Para Ramírez, esta situación viene derivada de la "deslealtad institucional" al aprobar el Gobierno una reforma de la Ley de Dependencia que, a su juicio, la deroga en la práctica. "Supone un recorte de 800 millones de euros, dinero que en gran parte no va a ser trasladado a las comunidades autónomas y eso les va a obligar a no poder hacer frente a los compromisos adquiridos en la atención a los dependientes", ha explicado.

Según ha apuntado, la Asociación considera "desalmado" no pagar precisamente a los centros concertados pues, a su juicio, podrían dejar de pagar "otro tipo de cosas". Además, ha remarcado que las medidas del Gobierno están siendo "totalmente contradictorias" porque "mientras dicen que van a promover los servicios, aprueban medidas que van a hacer que se cierren servicios porque no hay sostenibilidad financiera".

"Cuando se decide no pagar se está decidiendo no dar el dinero acordado a unas entidades que están haciendo un servicio concertado con la comunidad autónoma, que sería la que debería prestarlo y lo hace de manera externalizada con entidades sociales o empresas privadas", ha apuntado, al tiempo que ha añadido que de esta forma se está negando un derecho a la ciudadanía.