DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Atrapados en la Red
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará este lunes a Isabel Mazarro, la española acusada de participar en 2017 en el secuestro de una mujer de nacionalidad francesa en el estado de Guanajuato, México. Los secuestradores le cortaron a la víctima un dedo con el objetivo de que el marido pagara un rescate de 6 millones de dólares, y la retuvieron en "una pequeña habitación, que podría asemejarse a un cajón".
En su escrito de acusación, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para ella 21 años de prisión por un delito de detención ilegal, dos delitos de lesiones por pérdida de miembro no principal y daño psicológico, y un delito de integración en organización criminal.
En el secuestro de la ciudadana francesa --que duró mes y medio--, Mazarro participó presuntamente junto a varios individuos y su marido, un conocido guerrillero chileno, quien compró un inmueble en la misma localidad donde residía la víctima y preparó una habitación para retener a personas --no se juzga si hubo más secuestros--. "La habitación tenía dos cámaras de vigilancia instaladas, al menos tres personas varones la custodiaban, accedían al lugar vestidas con monos blancos, máscaras y lentes en la cara, usaban guantes y portaban armas largas", recuerda el escrito del Ministerio Fiscal.
Según el relato de los hechos que se expone en el auto de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de marzo de 2018 --cuando se valoró la extradición para que fuera juzgada en México--, el 13 de marzo de 2017, Nancy Michelle Kendall, de algo más de 60 años y nacionalidad francesa, fue secuestrada y retenida en "una pequeña habitación". Dos días después, el marido de la víctima recibió mensajes de texto y correos electrónicos en los que le exigían la entrega de seis millones de dólares (unos 4,87 millones de euros) para liberarla.
A lo largo del tiempo que duró el secuestro, más de un mes, los responsables realizaron diversas negociaciones y le enviaron diversos paquetes y un vídeo en el que aparecía su mujer. Además, añade el escrito de Fiscalía, los secuestradores "se comunicaban con ella --Nancy-- por escrito y con un código de luces" y le obligaron a que informara del patrimonio que poseía su marido.
"LÍQUIDO VISCOSO UN SEGMENTO CORPORAL"
Uno de los paquetes que enviaron al esposo de la secuestrada fue interceptado durante el envío, que hicieron a través de un taxista, y cuando lo abrieron los investigadores descubrieron que en su interior había un dedo humano.
"Una caja de cartón color azul con el texto Reynolds N: En el interior hay una memoria USB, un envase de plástico transparente con tapón de rosca, líquido viscoso y un segmento corporal correspondiente a un dedo humano", relata el escrito.
En dicha operación, fue detenido el conductor de una furgoneta que seguía al taxi y que dijo llamarse Ramón Alberto Guerra Valencia. Sin embargo, después se supo que su verdadero nombre era Raúl Julio Escobar Poblete, guerrillero chileno conocido como 'comandante Emilio' que fue un integrante del grupo armado Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR).
Una vez detenido, realizó varias llamadas telefónicas, una de ellas a su esposa, Isabel Mazarro. Durante la conversación, los investigadores escucharon que Escobar Poblete dijo "saca el paquete del cajón". "Después se supo que con lo anterior ser refería a que liberaran a Nancy Michelle Kendall", explica el auto.
Según el testimonio posterior de la víctima, ella misma escuchó a sus captores hablar con alguien por teléfono y comentar que habían detenido a Escobar Poblete, por lo que "acto seguido la sacaron del lugar en donde la retenían y la dejaron en libertad en un lugar cercano denominado la Cieneguita".
NO SE ACEPTÓ SU ENTREGA A MÉXICO POR TENER ARRAIGO EN ESPAÑA
Durante el secuestro de la ciudadana francesa, los investigadores consideran que Isabel Mazarro "intentó ser la intermediaria para la negociación y, por ende, se puede entender que al ser ella la intermediaria aseguraría recibir el dinero del rescate".
Tras el secuestro fallido, la acusada huyó a España, motivo por el que México reclamó su extradición. Ese proceso finalizó en abril de 2018, cuando el Pleno de la Sala de los Penal decidió no entregar a Mazarro en base a su nacionalidad española y por tener arraigo en el país.
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