DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Ciencia y Tecnología
Un Gobierno tiene muchos asuntos que arreglar cada mañana de manera urgente. Sin embargo, en nuestra sociedad global, el día a día no puede impedirnos ver que el futuro es parte insoslayable de la solución a los retos del presente. El progreso social solo se afianzará y se convertirá en una realidad irreversible en España si se apoya en el desarrollo de lo que hoy definimos como Sociedad del Conocimiento. Y ésta no debe quedarse en un mero concepto para debatir por expertos en congresos académicos.
En esta legislatura recién iniciada, la Investigación, el Desarrollo y la Innovación (I+D+i) han de ser por y para la sociedad española, no sólo para la comunidad científica y tecnológica. Los nexos que unen investigación y desarrollo socioeconómico resultan, en esta época de recesiones cíclicas e intensa competencia industrial, más evidentes que nunca y es hora de que asumamos un papel colectivo e integrado en ese reto, en lugar de una mera agregación fragmentada de intereses particulares, sectoriales y cambiantes en el tiempo. La cuarta revolución industrial exige, como de hecho se está produciendo en los países más avanzados, un aumento constante de inversiones en investigación e innovación para mantenerse en la vanguardia del cambio tecnológico y social.
Los retos de la sociedad del Conocimiento no pueden quedarse en asuntos de minorías ni en políticas fragmentadas desde despachos yuxtapuestos. Debemos establecer una política común en Ciencia e Investigación y, para ello, necesitamos una Oficina de Desarrollo e Innovación que dependa directamente del presidente del Gobierno de España y que implante esa política común en consonancia con la Unión Europea y las exigencias de competitividad mundial.
Con la partición del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en dos, esta oficina se hace, si cabe, aún más necesaria para alcanzar un nivel máximo de coordinación entre las carteras que desde el pasado 13 de enero ocupan dos ministros diferentes, Pedro Duque en Ciencia e Innovación y Manuel Castells en Universidades. Nuestro Gobierno debe otorgar máxima prioridad a la I+D+i, porque nos estamos quedando muy rezagados.
Durante estos últimos diez años, hemos experimentado –con la crisis como realidad, pero también como falsa justificación– un grave deterioro de nuestro sistema de I+D+i, mientras que en países como el Reino Unido y Alemania su apuesta ha sido radicalmente distinta y ha consistido en invertir más dinero público en investigación. Ese es, precisamente, nuestro reto principal, entender que la Ciencia sirve para la Economía, para el bienestar social y para que un país avance. Es una cuestión que debe vertebrar la política estatal y coordinar a todos los agentes implicados. Un dato: Europa dedica de media más del 2% del PIB a I+D+i, España ha caído del 1,40% en 2010, al 1,24% actual.
La creación de una Oficina de Desarrollo e Innovación dependiente orgánicamente de la Presidencia del Gobierno de España contribuiría significativamente a la recuperación de nuestro sistema de Ciencia. Sus funciones serían las de coordinar a todos los departamentos ministeriales con competencias en I+D+i y sus relaciones orgánicas y funcionales con el Ministerio de Hacienda, así como las relaciones de la Administración Central con las comunidades autónomas.
El momento y la oportunidad justifican la creación de este órgano supra ministerial para conseguir un sistema estatal eficiente, eficaz, sostenible, generador de riqueza, competitividad, empleo cualificado, bienestar y equidad. Su creación supondría un paso crucial para priorizar la Ciencia en la política española; una idea transversal aplicable a todas las medidas de gobierno.
La política más progresista es la que gestiona los recursos públicos con eficacia y agilidad, y cada día que pasa es más importante implantar una coordinación eficaz de los programas de I+D+i. Y en este sentido, conviene recordar que la fragmentación de la gobernanza de la Ciencia en nuestro país, por la segmentación en distintos niveles administrativos que implica, dificulta las sinergias y el establecimiento de actuaciones conjuntas y complementarias.
Igualmente, las políticas estatales de I+D+i no deben desarrollarse de forma aislada y descoordinada respecto de la Unión Europea. Entre otras cosas porque el programa Horizonte Europa ha definido para el período 2021-2027 un nuevo reglamento para los fondos estructurales que irán asociados a las estrategias de especialización inteligente y que serán decisivas para toda España, empezando por las comunidades autónomas.
Los sistemas de ayudas se modificarán y no podemos permitirnos el lujo de estar a la espera de lo que nos digan y de lo que nos llegue, sino que hay que tener previsiones de inmediato futuro y trabajar con intensidad en la elaboración de la nueva Estrategia Estatal de I+D+i.
Ha llegado el momento de plantear, no como fórmula hueca, sino como reto de eficacia, un pacto de Estado por la Ciencia, la Innovación y la Educación Superior. Y para que no se quede en un papel mojado, necesitamos la Oficina de Desarrollo e Innovación de la Presidencia del Gobierno si queremos gestionar y coordinar con eficacia los recursos de los que disponemos. Al igual que necesitamos incrementar esos recursos con inteligencia.
Jose Julián Garde López-Brea, Vicerrector de Investigación y Política Científica y Catedrático de Producción Animal, Universidad de Castilla-La Mancha
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.
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