Libertad antes que valentía

Ahora que a los del innombrable les ha dado por alterar el territorio reivindicativo de las mujeres -como si las vidas humanas apenas importaran- y por boicotear las manifestaciones institucionales -es paradójicamente insolente que luego apelen a la libertad de expresión-, bueno será recordar que cobran valor los foros y las tribunas de organizaciones, no ya como sustitutos sino como alternativas que es preciso utilizar para garantizar la máxima difusión de los mensajes de condena y de prevención, de crítica cívica y de sensibilización máxima hasta erradicar una de las lacras más notorias de nuestra democracia y de nuestro tiempo.

Colectivos y organizaciones feministas ya han asumido la filosofía del planteamiento que se resume en que es indispensable dejar de ser valiente para empezar a ser libre. De la dimensión social del problema hay que hacerse cargo con múltiples posicionamientos, uno de ellos el contenido en una de las declaraciones institucionales aprobada en el duodécimo pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) celebrado el pasado mes de septiembre. Es interesante su contenido para contrastar cómo las iniciativas encaminadas a posibles soluciones deben ser procesadas e impulsadas desde los poderes locales. 

La FEMP resuelve que “la defensa de los principios de igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad inherentes a todos los seres humanos” es una prioridad. Consecuentemente,  se compromete “con la lucha contra la violencia que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo, y contra sus hijas e hijos”. Y es que las cifras de muertes y agresiones contra las mujeres y sus descendientes continúan creciendo, de modo que sea necesario redoblar “los esfuerzos para dar una respuesta integral a las víctimas y erradicar aquellas actitudes y comportamientos  que reproducen la desigualdad y que están en el origen de la violencia de género contribuyendo a perpetuarla”.

Recordemos también el Pacto de Estado en materia de violencia de género aprobado hace dos años por el Congreso de los Diputados. Sirvió de guía consensuada entre la representación política y los agentes sociales para avanzar en un terreno que ha ido complicándose hasta extremos inenarrables. El Pacto aludido señala la importancia del papel de los ayuntamientos a la hora de afrontar políticas específicas para prevenir, mejorar los niveles de igualdad y acabar con la violencia machista. El compromiso diario de los gobiernos locales -acuerda la FEMP- debe seguir traduciéndose en la elaboración de medidas, normas, programas y planes  que se conviertan, en la práctica, en instrumento de sensibilización social.

Porque el compromiso con la erradicación del machismo criminal tiene que ser decidido y real. Que se palpe en la sociedad y en sus agentes. Si los ayuntamientos disponen de competencias en materia de igualdad y contra la violencia de género, se supone que las corporaciones contarán con recursos y servicios que “las mujeres víctimas precisan para poder salir de la situación de violencia  y repaar, en la medida de lo posible, el daño causado por la misma”. 

La declaración de la organización que agrupa a las instituciones locales indica, concretamente, que ayuntamientos, diputaciones, cabildos y consejos insulares son “las administraciones clave para el impulso de estrategias de sensibilización , detección, aompañamiento, recuperación y protección de víctimas, así como para la implementación de medidas integrales y aficaces que simbolizan, a su vez, la apuesta firme por las políticas preventivas y de intervención desde las edades más tempranas”.

Libertad antes que valentía. Esta es la cuestión.

Salvador García Llanos