No tener que salir del pueblo para ir a la escuela

El diputado del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Miguel González, ha señalado que para los socialistas la mejor forma de fijar población es manteniendo los servicios públicos en las zonas rurales, como que haya más escuelas y que estas no se cierren.

Así lo ha indicado González en una rueda de prensa en el Parlamento regional, tras el anuncio de la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, que este miércoles avanzó que el Gobierno regional mantendrá abiertas las escuelas rurales con menos de 4 alumnos si se prevé llegar a ese cupo mínimo en el curso próximo.

El diputado ha añadido que en Castilla-La Mancha ha quedado "atrás ese pasado" al que "no quiere volver" la región, donde, según ha aseverado, se "cerraban más de 64 escuelas rurales". "No hay mejor forma de demostrar que el Gobierno quiere que la región avance", ha dicho.

González ha destacado que con el Gobierno de Emiliano García-Page "muchos más niños no tendrán que salir de sus pueblos para ir a la escuela", ya que el presidente regional apuesta por "la defensa de los pueblos" para fijar población.

Por otro lado, también ha valorado positivamente que la región cuente el próximo curso con 16 nuevos comedores, ya que la alimentación es "fundamental" para muchos alumnos que están en una situación económica complicada.

A preguntas de los medios, sobre el recurso de reposición sobre la eliminación de mandatos del presidente de la Junta que ha interpuesto este jueves IU, González ha destacado que esta fue una decisión tomada por las Cortes regionales "sin votos en contra".

Además, se ha dirigido al Partido Popular al que ha pedido que deje "de alarmar" en relación a las críticas de los 'populares' por la posibilidad de que el Ministerio de Fomento abra la puerta al pago por el uso de las autovías. En este sentido, ha pedido al PP que "se preocupe más por la gobernabilidad del país" y "deje esa estrategia".

Por último, ha asegurado que el PSOE de Castilla-La Mancha no apoyará la iniciativa planteada por el vicepresidente de la Generalitat de Cataluña y consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonès, en su decisión de llevar al Gobierno central a los tribunales por el impago de adelantos de 2019, y ha invitado al resto de comunidades autónomas a sumarse a esta demanda.