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DCLM.ES · Castilla-La Mancha · Sociedad

Los afectados por iDental piden responsabilidad al Ministerio de Sanidad

Reclaman una indemnización de más de 9 millones de euros, por no supervisar la actividad de las clínicas.

18.06.2019

Sociedad en Castilla-La Mancha

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Un total de 275 afectados por la estafa de iDental agrupados en la plataforma Afecade, y representados por Negotia, han ampliado la batalla legal contra el fraude de estas clínicas dentales 'low cost' a la Administración Pública, mediante la presentación de una reclamación ante el Ministerio de Sanidad por la responsabilidad patrimonial en que ha podido incurrir al no supervisar la actividad de ese negocio que ha dejado miles de damnificados en toda España. Piden en conjunto una indemnización que supera los 9 millones de euros.

El escrito, de 27 páginas y al que ha tenido acceso Europa Press, fue registrado este jueves ante la Secretaría General Técnica del Ministerio de Sanidad e incide en que si bien las franquicias dentales sólo suponen el 3,4% del total de clínicas en España, acumulan el 49,9% de las quejas presentadas ante los Colegios Oficiales de Odontólogos y sin embargo, no saltaron las alarmas de la Administración en este caso.

"Sabiendo que iDental acumulaba tantas quejas y reclamaciones, se ha permitido que continúen trabajando concertando más préstamos vinculados a sus tratamientos odontológicos, captando así más pacientes perjudicados", dice el escrito de denuncia que Negotia piensa llevar hasta lo contencioso-administrativo con el objetivo de resarcir en la medida de lo posible a los pacientes y que la Administración reconozca su responsabilidad.

VENDÍAN QUE HACÍAN "RESPONSABILIDAD SOCIAL"

Detalla que esta cadena, que se publicitaba como si fuese un proyecto de "responsabilidad social", engañaba a potenciales pacientes de escasos recursos económicos, haciéndoles pensar que la sanidad pública cubría hasta el 80% de los costes. Además, "presionaba" para que firmase el presupuesto y lo financiase, a sabiendas de que percibiría de las financieras el 100% por anticipado y demorando la ejecución del tratamiento, que en muchos casos no llegaba a completarse.

Una vez las clínicas cerraron por intervención judicial, el problema "se agravó", pues conforme señala el escrito, "tenían que continuar abonando un tratamiento inexistente y afrontar la presión ejercida por las entidades financieras para que no dejaran de pagar, y además, debían hacer frente al coste económico de la reparación del tratamiento de iDental".

Además de la estafa económica en sí, denuncian una atención negligente que ha causado lesiones físicas de diversa índole. "La gran mayoría han estado más de dos años con una boca sin ninguna pieza dental, a esperas de que les colocaran las prótesis contratadas. Del mismo modo, los que alcanzaron la suerte de que se les colocaran dichas prótesis, tenían la creencia de que tenían carácter definitivo, siendo absolutamente incierto", añade la denuncia.

El escrito se detiene en un tratamiento 'estrella' de iDental. Se llamaba 'fast & perfect' y consistía en ingresar al paciente en la consulta a primera hora, someterle a cirugía para extraerle todas las piezas dentales y tras unas horas de reposo, colocar los implantes, todo en el mismo día. En la última época no llegaban a completarlo y el paciente salía al cabo de 12 horas sin un sólo diente.

La principal consecuencia, que las medidas para las prótesis se tomaban con la encía inflamada y los puntos recién dados y cuando bajaba la hinchazón, no encajaban: "les quedaban completamente grandes, les producían rozaduras, se les salían de la boca al hablar, o incluso, al no estar bien ajustadas y por su mala producción, se les partían dentro de la boca", señala la denuncia.

Los daños en la salud --algunos pacientes se han tenido que someter a pruebas de VIH y Hepatitis-- derivan en daños morales que se acrecentaron por el "desasosiego" tras el cierre de las clínicas, la presión de las financieras, los problemas de acceso a los historiales médicos y la necesidad de reparar el tratamiento en personas que en muchos casos, no podían pagar más.

Se añaden problemas derivados a nivel psicológico, psiquiátrico y social: Personas que no han podido volver a comer sólidos, que han perdido su empleo y/o su vida personal, que no pueden vocalizar o no se atreven a abrir la boca en público. "Entiende esta parte que no es legítimo que una persona deba soportar estos continuos sufrimientos por el mero hecho de haber contratado un tratamiento en una clínica privada que ejercía sin control alguno por parte de la Administración", dicen los recurrentes.

Recuerda que "los pacientes emitían sus quejas y denuncias a las autoridades competentes así como al colegio de odontólogos, y estos ponían en conocimiento de las autoridades dichos sucesos" y plantea por qué la Administración, estando informada "de las negligencias", no hizo nada.

Afecade pide en nombre de estas 275 personas indemnizaciones por diversos conceptos que deberán ser valorados en cada uno de los casos. Solicita 2.000 euros por el impacto del cierre de las clínicas, 3.000 euros por el retraso de 2016, 12.000 euros máximo por daños en la vida social y otros 12.000 por perjuicio laboral, así como 1.800 por dolor al masticar, 300 euros por problemas de pérdida o aumento de peso, 1.500 euros por VIH o Hepatitis y 1.455 euros, entre otros, para la terminación del tratamiento, dejando abierta la evaluación individual de otro tipo de lesiones.

SUPERVISAR LAS CLÍNICAS QUE AUTORIZA

"La Administración ofrece una serie de prestaciones de las cuales son exigibles un grado de eficacia, pero resulta en muchos casos cuestionable cuál es el grado de eficacia exigible a actividades prestadas por terceros, por sujetos que nada tienen que ver con la Administración, pero que deben encontrarse cumpliendo unos estándares mínimos exigidos por la Administración, para lo cual esta debe mantener en completo orden sus labores de vigilancia administrativa", señalan los demandantes.

Añaden que "no basta" con que la Administración haya de conceder un título habilitante para que un tercero ejerza actividad, porque el sistema público debe ejercer su responsabilidad in vigilando mediante controles que garanticen que aquella actividad que autorizó cumple objetivos y, en caso contrario, imponer sanciones.

'SIN VOZ' EN LA AUDIENCIA NACIONAL

De esta manera, los usuarios agrupados en Afecade han ampliado la batalla legal por el fraude de iDental al ámbito de la Administración Pública, mientras esperan a que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resuelva el recurso que han planteado contra la decisión del juez José de la Mata que les ha dejado fuera de la lista de únicas seis acusaciones particulares a las que ha permitido personarse en la causa para que no se vuelva ingobernable.

Negotia en nombre de Afecade y en alianza con Asufin, solicitó personarse en el procedimiento en nombre de 350 afectados, pues ya representaba a parte de ellos en juzgados de instrucción de distintos puntos de España contra iDental. Sin embargo, el instructor impuso un máximo de seis personaciones de afectados y por orden de llegada a la Audiencia Nacional, que no a la causa, y acordó que quienes se quedasen fuera se agrupasen con los que ya habían entrado en la lista.

Afecade recurrió al quedarse fuera no sólo por la magnitud de afectados que representan sino porque se trata de personas de escasos recursos, que están atrapados por la deuda de iDental o que no tienen ni para reparar el tratamiento defectuoso y a quienes Negotia sólo cobra una cantidad simbólica --100 euros con procurador incluido--. Sin embargo, agrupándose con otra de las partes tendrían que pagar los hasta 3.000 euros que puede costar una representación legal ante la Audiencia Nacional.

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