DCLM.ES · Castilla-La Mancha · La Ventana de CLM
El segundo mandamiento de los católicos es el que trasgrede la Red Madre, al utilizar el nombre de Dios en vano, al usar las citas de la biblia con falta de respeto, sin sentido, con propio interés, ira y desprecio hacia las mujeres que dicen proteger. El libelo que entregan actualmente a las mujeres en los accesos a la Clínica Iris de nuestra ciudad así lo demuestra.
Pero no solo es eso, invocan el nombre de Dios en vano y actúan de manera contraria al Evangelio, juzgándolas, arrasando sus derechos constitucionales a la Salud, a la intimidad y protección de su privacidad en actos médicos, acosándolas y creándoles una situación de ansiedad y padecimiento al ser acusadas de “asesinas”.
España es un Estado aconfesional, con una Constitución que protege especialmente la privacidad de los actos médicos a través de la ley orgánica 2/2010 de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, ley que da derechos a las mujeres y no obliga a ninguna, es decir es voluntaria, y me consta que ninguna mujer accede a la ligera a este derecho, tal y como da a entender la Red Madre. Una ley, que sin ser perfecta, ha paliado un problema de Salud Pública y mejorado la vida de las mujeres que acceden a ello.
Las mujeres que acuden al Centro Iris, han pensado ya, han sido derivadas por su Hospital de referencia o su médico de atención primaria, han vivido su duelo, saben y son conocedoras de sus actos, algunas han sido derivadas previamente a valoración psiquiátrica, muchas tienen malformaciones fetales incompatibles con la vida y lo último que necesitan es que personas pertenecientes a asociaciones antielección con ideología católica fundamentalista las acose a la entrada de la Clínica con panfletos generales sobre la vida y la muerte, muñecos de fetos y psicología “barata” que no ayuda a paliar su ansiedad y culpa. No es un problema nada agradable y no se quiere “airear”. Las mujeres tienen un problema que quieren solucionar y piden discreción.
La Ley Orgánica 2/2010 en su artículo 17, establece que la información previa al consentimiento de la interrupción voluntaria del embarazo es obligación de la Administración, y no de los grupos integristas islámicos o cristianos. La Administración es la encargada de garantizar esa información con los protocolos definidos en la Ley.
Si estas personas no están de acuerdo con la información facilitada que se vayan a las puertas del SESCAM y se manifiesten allí y se proteja a las usuarias y pacientes que ejercen libremente un derecho.
Es inaudito e inconstitucional que sean acosadas, vulneradas e insultadas, cuando lo único que se demanda es una prestación sanitaria pública que por desgracia sigue sin prestarse en la Red Sanitaria Pública, en la que sin duda se preservaría el derecho a la intimidad y la privacidad de las mujeres.
Desde el 2010 hasta la actualidad hay menos interrupciones voluntarias del embarazo, y por supuesto menos morbilidad y mortalidad derivado del mismo, en parte, a la información que recibe la gestante, antes y después, y sobre todo a los Servicios Médicos que se proporcionan desde los centros acreditados por el Sistema público de Salud.
Partiendo del derecho de expresión, este tiene su límites cuando colisiona con otros derechos tan fundamentales, como es el de la privacidad, integridad moral y protección que las Administraciones Públicas deben garantizar y proteger y es aquí cuando una vez más denuncio públicamente la situación de desprotección e intimidación que sufren las mujeres que asisten a la Clínica , vayan o no a abortar, ante la falta de actuación real y efectiva de la Subdelegación del Gobierno , Instituto de la Mujer, Consejería de Sanidad y el Ayuntamiento de Albacete.
La Red Madre sigue acosando semanalmente desde hace tres años a mujeres y personal sanitario y administrativo que trabajan en la Clínica y que prestan diferentes servicios de Salud Pública. Independientemente de quien gobierne en las instituciones, no se puede imponer los criterios ideológicos o religiosos sobre la legislación vigente y la Constitución.
Las mujeres que abortamos no necesitamos citas evangélicas, rosarios, rezos y libelos para tomar libremente y sin intromisión alguna nuestras propias decisiones.
Es obligación, de quienes tienen competencia y capacidad para el cumplimiento de la Ley (Instituto de la Mujer, Subdelegación de Gobierno, Ayuntamiento, SESCAM y Cuerpo Nacional de Policía) velar, proteger y hacer cumplir los derechos universales y constitucionales con seguridad y garantías, de las mujeres en la ciudad de Albacete y del personal sanitario que permiten ejercer un derecho voluntario a la Salud.
LOLA GÓMEZ CERDÁN.
FLOR SERNA ZAFRILLA.
MARTA REQUENA REQUENA POZO.
MARIA NIEVES NAVARRO RODENAS.
ESTHER NAVARRO RODENAS.
Albacete 28 Mayo 2019
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