La ley de consumidores fomenta consumo local y la prevención del desperdicio alimentario

Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado el  nuevo Estatuto de Personas Consumidoras por mayoría absoluta, un proyecto que nació con vocación de ser abierto, plural e integrador, de manera que conciliase las distintas sensibilidades, dada la transversalidad de la materia.

El consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha explicado que con esta nueva Ley del Estatuto de las personas consumidoras en Castilla-La Mancha se han podido integrar “los derechos considerados básicos en materia de Consumo, reconocidos tanto en la legislación tanto estatal como autonómica, como la aparición de nuevos derechos que realmente permiten evolucionar y marcar una línea hacia el futuro en la política regional de consumo”.

Fernández Sanz ha afirmado que esta protección de las personas consumidoras se llevará a cabo en un marco de consumo y regulación económica eficiente. Del mismo modo, la aprobación de esta ley asegura igualmente la sostenibilidad y durabilidad del proyecto.

El titular de Sanidad ha indicado que las políticas de Consumo” se amplían día tras día, lo que obliga a dar un tratamiento multidisciplinar que aúne todas las perspectivas y áreas de conocimiento que en el consumo confluyen, desde el análisis racional hasta los impulsos emocionales, que influyen en nuestras decisiones de compra”.

El consejero ha destacado que el proyecto de ley introduce novedades significativas en muchos de sus conceptos. Así, ha citado, por ejemplo, la obsolescencia programada, la pobreza energética, el prosumo, el consumo colaborativo o las responsabilidades de las personas consumidoras en el ejercicio de su condición”.

En esta línea, ha explicado que se incluye “un nuevo enfoque de consumo basado en la corresponsabilidad, por un consumo accesible, inclusivo, ético y sostenible, que pone el acento en la defensa de los intereses colectivos y especialmente, de los más vulnerables; y que presenta una innovadora orientación hacia lo social y lo medioambiental”.

Así, esta Ley establece un marco normativo transversal en materia de consumo, que da cobertura a toda iniciativa o desarrollo de cualquiera de las áreas competenciales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El consejero ha explicado que “tiene una visión ética y creativa del consumo, orientada a una toma de decisiones activa y crítica, comprometida y no vinculada exclusivamente a criterios económicos” y asimismo “incorpora contenidos innovadores de trascendencia económica, social y ambiental que enriquecen y fortalecen su ámbito”.

Asimismo, crea sinergias entre las distintas competencias concurrentes y los recursos disponibles, elabora un nuevo catálogo de derechos y responsabilidades de las personas consumidoras y armoniza la emergencia de nuevos espacios de relación en la secuencia producción-distribución-consumo de bienes, productos y servicios.

Del mismo modo, optimiza las interacciones de la protección de los derechos de las personas consumidoras con una regulación económica eficiente que fomente la innovación y la competitividad, facilitando un consumo accesible e inclusivo, que abarca a todas las personas y tiene en cuenta las distintas discapacidades y limitaciones.

El consejero ha destacado el papel de la ciudadanía en la articulación de las políticas de consumo, y cómo hacer una cuestión de interés público de cara a reducir el consumo exacerbado, propio de sociedades desarrolladas y opulentas, y la consecuente degradación del planeta.

“Estas cuestiones ya están encima de la mesa en la Agenda Política Internacional”, ha afirmado Fernández Sanz explicando que el Objetivo número 12, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, está dirigido a “garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”.

Para finalizar, el consejero ha abogado por realizar “un consumo accesible, inclusivo, ético y sostenible, que nos permita avanzar y hacer del consumo un punto de apoyo para enfrentar los desafíos sociales y medioambientales de la sociedad”.