El hidrogeólogo, a quien la ministra Tejerina quiso tapar la boca por asegurar que la cuenca del Segura no necesita el trasvase, tendrá que ser indemnizado (Castilla-La Mancha, Política)

Francisco Turrión fue sancionado con 6 meses de empleo y sueldo desde el Ministerio de Agricultura, dirigido por García Tejerína (PP), al afirmar que no es necesario el trasvase Tajo-Segura. Ahora la sentencia obliga al Ministerio a pagar al experto una indemnización de 12.000 euros por "daños y perjuicios".

En Castilla-La Mancha, es difícil olvidar el nombre de Francisco Turrión, hidrogeólogo y funcionario, que presta sus servicios en la Confederación Hidrográfica del Segura, porque abrió un hilo de esperanza a los castellano-manchegos, al afirmar que "La cuenca del Segura no es deficitaria y no necesita el trasvase gracias al agua subterránea renovable y el agua desalada". En aquel momento la región de Murcia le tachó de loco y mentiroso, al firmar un informe en el que exponía que "el déficit estructural de agua de Levante es mentira y existe un superávit anual de 200 hectómetros cúbicos".

Este hecho llevó al Ministerio, presidido entonces por Isabel García Tejerina, a plantear una demanda administrativa contra el experto por "denigrar el trabajo de sus compañeros", además de "utilizar información confidencial de la Confederación Hidrográfica del Segura" y no ser compatible esta actividad informativa del experto, con su puesto como empleado público.

Cuando la sanción aplicada era ya pública e implicaba 6 meses de suspensión de empleo y sueldo, Turrión demostró que la información utilizada en su estudio es pública y accesible a cualquier ciudadano a través de Internet, pero esto no evitó que el experto se tuviera que mantener en su domicilio sin empleo y sueldo desde el mes de marzo al de octubre del pasado año, creando un riesgo importante al mantenimiento de su propia casa y condiciones vitales.

Ante esta situación, Turrión, planteó demanda por "Vulneración de los derechos fundamentales, del derecho a la libre expresión y al derecho de información". La sentencia, que se ha hecho pública en estos días, dando la razón al experto, deja claro que "Un contrato de trabajo no implica la privación para el trabajador de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano".

Por esta razón, la Administración del Estado deberá reintegrar los salarios dejados de percibir durante el periodo en que duró la sanción, así como abonar al trabajador una indemnización de 12.000 euros en concepto de daños y perjuicios morales.

Una nueva sentencia que vuelve a poner en entredicho la gestión hídrica realizada por el Partido Popular.

P. Moratilla